Estos jóvenes inmigrantes antes estaban protegidos. Con Trump, sus deportaciones se han triplicado.

Durante las primeras semanas tras su llegada al centro de detención migratoria en Winnfield, Luisiana, Elder Chavez, de 18 años, se quedaba completamente despierto en la noche, escuchando el chirrido de las literas y las voces de decenas de hombres a su alrededor que tampoco podían conciliar el sueño. Sufría terribles dolores de cabeza y solo lograba quedarse dormido cerca de las 4 a.m., justo cuando los guardias empezaban a llamar a los detenidos para el desayuno. Luego, dormía casi todo el resto del día.

Había desarrollado el horario de un búho. Y pensaba que las ojeras que le habían salido lo hacían parecer uno.

Terminó en el Centro Correccional Winn después de que la policía estatal de Alabama lo detuviera en diciembre por manejar 15 millas por encima del límite de velocidad y sin licencia. Lo pararon cuando iba de regreso a casa después de comprar su sándwich favorito de carne asada. En cuanto los policías se dieron cuenta de que era inmigrante, llamaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Chavez ofreció mostrarles los documentos que probaban que no vivía en la clandestinidad. Las autoridades de inmigración le habían otorgado el Estatus de Joven Inmigrante Especial (SIJ) porque, cuando era pequeño, sus padres lo habían abandonado en Honduras y él había llegado solo, a la edad de 14 años. Su hermana, quien había emigrado años antes y vivía en Alabama, se ofreció a cuidarlo. Un abogado lo estaba ayudando a conseguir la residencia permanente.

“Yo estoy legal en este país”, les explicó Chavez a los agentes. Pero, según cuenta, no le hicieron caso. Uno de ellos le dijo: “No, no, tus papeles no, no me sirven”.

Y así, de un momento a otro, un estudiante de preparatoria que respetaba la ley, le encantaban sus clases de soldadura y carpintería, llevaba bráquets, tenía novia y pasaba los fines de semana jugando fútbol con sus sobrinos, acabó detenido y de camino hacia la deportación.

“Yo solo estoy esperando aquí”, dijo en una videollamada desde el centro de detención. “No sé qué vaya a pasar conmigo, la verdad”.

Chavez no es el único caso. Un análisis sin precedentes de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas encontró que los menores no acompañados que viven en Estados Unidos están siendo detenidos y deportados a un ritmo aproximadamente tres veces mayor que durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Además, un análisis de ProPublica de datos de las cortes revela que los jueces de inmigración, que dependen del Departamento de Justicia, han emitido más de 10,000 órdenes de deportación y salidas voluntarias cada mes para menores migrantes que llegaron solos o acompañados de familiares, una tasa que es casi cuatro veces mayor que en la primera administración de Trump.

La gran mayoría de los menores no acompañados deportados el año pasado no tenían antecedentes penales en Estados Unidos, muestra el análisis de ProPublica con los datos de ICE.

Antes de que Trump volviera a la presidencia el año pasado, lo más probable es que a Chavez solo le hubieran puesto una multa y lo hubieran dejado regresar con su hermana. Pero, como parte de la campaña de deportaciones masivas del presidente, su gobierno ha tomado medidas para revocar de manera sistemática las políticas que daban a los menores inmigrantes acceso a representación legal y protecciones frente a la deportación, en tanto tramitaban el permiso para quedarse de forma permanente en el país. Esas políticas se sustentaban en leyes aplicadas durante más de dos décadas, aprobadas con apoyo bipartidista, porque ambos partidos coincidían en que los menores inmigrantes no acompañados —poco preparados para moverse solos en un país nuevo, y mucho menos en un sistema legal intimidante incluso para la mayoría de los adultos— son muy vulnerables a la trata de personas y otras formas de explotación.

El Congreso creó el estatus SIJ específicamente para proteger a inmigrantes como Chavez: menores de 21 años que puedan demostrar ante un tribunal de familia que sufrieron abuso, negligencia o abandono por al menos uno de sus padres en su país de origen.

Funcionarios de la administración Trump durante años han sostenido que estos programas están plagados de fraudes y que su existencia incentiva a cientos de miles de niños a emprender viajes peligrosos hacia la frontera, aumentando el riesgo de caer en manos criminales. Para respaldar su postura, señalan el récord de 450,000 menores no acompañados que llegaron a la frontera durante la presidencia de Joe Biden y fueron liberados en el país.

Según la administración, ni esos menores ni las personas que los recibieron fueron debidamente verificados. Como resultado, afirman, algunos menores terminaron siendo víctimas de abuso o explotación. Un número alarmante, sostienen, fue encontrado trabajando ilegalmente en fábricas u otros empleos que los exponían a trata, lesiones y robo de salarios.

Otros menores, según la administración, se volvieron criminales. Un informe gubernamental de julio de 2025 afirmó que desde 2013 unos 19,000 solicitantes de SIJ habían tenido antecedentes de arrestos criminales, incluidos cientos con cargos graves como asesinato y delitos sexuales. La administración señala que la mejor forma de detener estos abusos y la criminalidad es desincentivar la llegada de menores desde el inicio.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que Trump está “deshaciendo el daño que Biden causó”. En respuesta a preguntas sobre el análisis de ProPublica, basado en solicitudes FOIA y verificado con expertos externos, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que la agencia “no pudo verificar la veracidad” de los datos.

Defensores de inmigrantes argumentan que la administración está utilizando casos excepcionales para presentar una imagen negativa de todos los menores y de los adultos que los patrocinan. Señalan que muchos de sus clientes, que han vivido en Estados Unidos durante años —incluidos aquellos como Chavez, que ya cumplieron 18— enfrentan graves riesgos si son enviados de regreso. La mayoría de los menores no acompañados que han llegado en la última década huían de países centroamericanos devastados por la inestabilidad económica, la violencia y la agitación política. Algunos provenían de hogares marcados por la pobreza y la violencia doméstica. Otros, como Chavez, no tienen padres con quienes regresar.

“Estos niños han pasado por experiencias increíblemente desgarradoras y traumáticas”, dijo Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center for Immigrant Rights. “Y el ICE los está retraumatizando”.

Sobre las afirmaciones de que las políticas buscan proteger a los menores, añadió: “Si realmente te preocupa el bienestar de los niños, deja de detenerlos y deportarlos”.

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A veces, las órdenes de deportación llegan tan rápido que incluso los abogados tienen dificultades para explicárselas a sus clientes. En solo tres horas, una mañana de abril en una corte de inmigración en el centro de Nueva York, la jueza Jem Sponzo emitió órdenes de deportación para 25 menores; casi todos los casos que estaban en su agenda esa mañana comparecieron de forma virtual. Algunas audiencias duraron apenas unos minutos y varios menores eran demasiado pequeños para entender lo que estaba ocurriendo.

Entre ellos había una niña ecuatoriana de 8 años que solicitaba asilo y SIJ. Su madre ya había obtenido asilo en otro caso. Aun así, Sponzo ordenó que deportaran a la niña.

En otro caso, una abogada pidió más tiempo para reunir pruebas que respaldaran la solicitud de asilo de su cliente guatemalteca. Explicó que el hogar del menor estaba dominado por un padre abusivo cuya violencia dificultaba obtener información. Sponzo rechazó la solicitud con cortesía —“Empatizo y agradezco sus esfuerzos”—, luego ordenó la deportación del niño.

Un estudiante guatemalteco de último año de preparatoria, residente en Queens, apareció en pantalla desde una habitación con ropa apilada sobre la cama y una bandera estadounidense en la pared. Guardó silencio mientras su abogado pedía más tiempo para procesar sus solicitudes de SIJ y asilo. Sponzo negó la petición y ordenó su deportación. Su abogado dijo que ahora el joven teme ser detenido por ICE en cualquier momento.

Al final del día, varios abogados dijeron que se sentían desconcertados por las decisiones de la jueza. Aunque todos afirmaron que apelarían —lo que podría darles más tiempo para permanecer en el país— uno dijo que las órdenes de deportación “colgarían sobre sus cabezas como una pistola cargada”.

Olivia Cassin, exjueza de inmigración que supervisó casos de menores en Nueva York, señaló que antes del regreso de Trump existía un amplio reconocimiento de que los casos de SIJ y asilo avanzaban de manera lenta por el sistema saturado. Para los que tienen peticiones de SIJ aprobadas, obtener la residencia permanente puede tomar años, y los jueces solían dar ese tiempo. Ahora, dijo, las autoridades de la corte han instruido lo contrario. Sponzo citó esas instrucciones al final de muchos casos.

Cassin es una de las más de 100 jueces despedidos desde el regreso de Trump. Algunos dijeron creer que fueron removidos por no alinearse con la agenda de la administración; pero dijeron que no recibieron explicaciones oficiales. Sponzo también fue despedida recientemente, pero no fue posible contactarla.

El Departamento de Justicia no respondió preguntas sobre esos despidos.

No solo la reestructuración de las cortes afecta a los menores. Al inicio del segundo mandato de Trump, las autoridades recortaron fondos a organizaciones que brindan defensa legal a menores no acompañados. También eliminaron una política de la era Biden conocida como “acción diferida”, que protegía de la deportación a menores con SIJ en lo que esperaban su residencia. El estatus SIJ no otorga estatus legal por sí solo, y la acción diferida llenaba ese vacío hasta que pudieran obtener la residencia permanente.

Tras demandas, jueces federales ordenaron restaurar la financiación y el acceso a la acción diferida. Aun así, algunos defensores afirman que no han recibido los pagos adeudados. Y en junio, varias organizaciones dijeron que agentes federales visitaron sus oficinas en el área de Washington para revisar expedientes sin órdenes judiciales, algo que interpretaron como una intimidación.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dijo que la acción diferida solo se otorgaría en circunstancias convincentes y caso por caso. El DHS enfatizó por correo electrónico que tener SIJ “NO confiere estatus legal” y que cualquier beneficiario puede ser deportado. La agencia no respondió sobre las visitas a oficinas.

En el último año, la administración afirma haber localizado a 146,000 menores no acompañados que ingresaron durante el gobierno de Biden para verificar su bienestar. La mayoría fue entregado a uno o ambos padres o a familiares cercanos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo en una conferencia en junio que algunas revisiones confirmaron que los menores estaban bien. Pero también afirmó haber encontrado casos de niños en manos de violadores y otros criminales. “Empiezas a profundizar en estos casos y escuchas cosas absolutamente horribles”, dijo.

Cuando se pidieron detalles verificables, el DHS no respondió. Un portavoz envió posteriormente una lista de 16 patrocinadores de menores que habían sido acusados previamente de delitos como agresión, narcotráfico o violencia doméstica. El Departamento de Justicia afirmó haber presentado cargos de tráfico o explotación contra menos de una docena de personas.

Ninguna autoridad explicó qué ocurrió con los menores vinculados a esos casos. Sobre los inmigrantes que llegaron de niños y ahora son adultos, Mullin dijo: “estamos trabajando en el proceso de devolverlos”.

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Poco después de que Chavez llegara al centro, uno de los hombres en su celda reconoció su patrón de dormir durante el día como un grito silencioso de ayuda. Carlos Della Valle, inmigrante mexicano, entendía sus dificultades porque tenía un hijo de una edad similar. Incluso en detención, Chavez —con el cabello negro despeinado y grandes ojos marrones— tenía una risa y una sonrisa fáciles. Della Valle temía que estuviera “perdiendo un tiempo valioso que nunca va a recuperar”.

Winn era un lugar duro, según defensores y detenidos. Dos migrantes murieron allí a principios de este año. Una muerte fue atribuida a enfermedad cardiovascular y la causa de la otra aún no se ha determinado.

Un informe reciente de la Oficina del Inspector General del DHS describió condiciones inseguras e insalubres en Winn: techos con filtraciones, áreas de preparación de alimentos sucias y un incidente en el que un guardia aplicó una llave de estrangulamiento prohibida a un detenido. Un portavoz del DHS dijo que la agencia está trabajando para abordar los problemas y añadió: “Nuestras tasas de mortalidad son más bajas que las de la mayoría de las prisiones estatales”.

Della Valle comenzó a ayudar a Chavez a levantarse por las mañanas y lo puso a trabajar en tareas de limpieza del bloque.

Los detenidos recibían una hora al día al aire libre, a veces menos. Della Valle le dijo que mantenerse ocupado era la única manera de atravesar la monotonía sin perder la cordura.

Chavez trabajó por poco tiempo en la barbería del centro, donde ganaba el salario estándar de detención —1 dólar al día—, pero cortar el cabello a unos 80 hombres por turno era tan agotador que solo aguantó un mes. En lugar de eso, él y Della Valle se pusieron a leer pasajes de la Biblia. Comían juntos casi en todas las comidas. Chavez aprendió a mezclar los sobres de jugo en polvo exactamente como le gustaban a Della Valle.

Della Valle se ofreció a ayudar a Chavez a navegar el sistema migratorio. Lo conocía bien. En 1997 había ingresado a Estados Unidos de manera irregular. Un juez ordenó su deportación, pero volvió a entrar; se casó con una ciudadana estadounidense poco después y se estableció en Pensilvania.

Debido a su reingreso no ha podido regularizar su estatus. Aun así, vivía en la clandestinidad con pocas preocupaciones. Las autoridades migratorias solían evitar perseguir a inmigrantes con fuertes vínculos con sus comunidades, como él. Ya no es así.

Las autoridades lo interceptaron cuando volvía con su esposa de unas vacaciones en las Islas Vírgenes, aunque en ese momento lo liberaron bajo fianza. Meses después, ICE lo detuvo. Para cuando conoció a Chavez, había pasado meses siendo trasladado entre casi una docena de centros. Le preocupaba lo que la detención pudiera hacerle al adolescente. Otros hombres del bloque, que apodaban a Chavez “El Niño”, también se preocupaban por él.

“Era difícil verlo, porque es solo un niño. No es un hombre adulto”, dijo Della Valle. “Tenía que hacer todo lo posible por él”.

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Aunque la administración ha avanzado en adaptar las cortes de inmigración a sus objetivos, hay indicios de que los tribunales federales —donde decenas de miles de inmigrantes han impugnado sus detenciones como ilegales— están ejerciendo resistencia.

El National Immigration Project (Proyecto Nacional de Inmigración) rastreó los casos de 263 inmigrantes que llegaron como menores no acompañados y solicitantes de SIJ. Encontró que los jueces federales ordenaron su liberación o audiencias de fianza en todos los casos, salvo en 12, desde el inicio del segundo gobierno de Trump. En marzo, el juez federal Gary Brown emitió una dura crítica en uno de esos casos: “Las leyes de la decencia humana condenan tal villanía”.

Añadió que el gobierno puede establecer políticas, pero “tiene prohibido atropellar nuestro sistema de leyes, un sistema que ha protegido a esta nación durante casi 250 años”.

Entre los recién liberados está Fredy Martínez, de 20 años. Nacido en Honduras, cruzó la frontera como menor no acompañado, y se graduó de la preparatoria en Texas. Lo detuvieron cuando estaba entregando un pedido de DoorDash en bicicleta, según documentos judiciales. Pasó ocho meses en un extenso y problemático centro de detención tipo campamento en El Paso —que ha registrado brotes de sarampión y muertes de detenidos, incluida una clasificada como homicidio— antes de que un juez federal determinara que su detención había sido ilegal y ordenara su liberación. El DHS no respondió a las preguntas sobre este centro.

Otro adolescente, Carlos, de Guatemala, dijo que lo detuvieron camino al trabajo en un lavado de autos en el condado de Rockland, Nueva York, cuando tenía 18 años, pese a contar con SIJ y acción diferida. Lo trasladaron en avión a más de 1,000 millas hasta un centro de detención en Luisiana, aunque no en el mismo lugar que Chavez. Carlos pidió ser identificado solo por su nombre porque tiene un caso migratorio en curso.

Tras su arresto, dijo: “Yo solo pensaba que ya no iba a poder estar con mi familia”. Estuvo detenido más de dos meses antes de que lo liberara un juez federal.

El portavoz del DHS no respondió preguntas sobre casos individuales. Afirmó que las decisiones judiciales contra la administración “no deberían sorprender”, ya que “muchos jueces activistas han intentado impedir que el presidente Trump cumpla el mandato del pueblo estadounidense”.

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A seis meses de su detención, Chavez está solo. Un juez ya ordenó su deportación, pero apeló la decisión y presentó una petición de hábeas corpus.

Della Valle salió libre gracias a la enérgica campaña pública de su esposa. Su salida resultó agridulce para Chavez. Pero Della Valle no lo ha olvidado.

Él y su esposa, Ángela, han ayudado a la hermana de Chavez, Mayuri, a pagar las multas de tránsito pendientes y a preparar su defensa. Iniciaron una campaña de cartas para él. Reparten volantes con la foto de una silla que Chavez hizo en su clase de carpintería y le piden a la gente que la coloree y envíe mensajes de apoyo.

Della Valle dijo que siente culpa por haberlo dejado atrás. Habla con Chavez casi todos los días e intenta darle ánimos, aunque teme que sus palabras ya no tengan el mismo peso desde afuera. Se consuela pensando que el joven podrá estar bien: “Creo que el hecho de que yo esté afuera puede ser bueno para él, porque sabe que hay esperanza”.

Mientras tanto, Chavez ha sido trasladado a distintas celdas en múltiples ocasiones. En una había solo una ducha funcional para decenas de hombres. El sistema de videollamadas falla con frecuencia. Le robaron su pequeño cuaderno, en el que había anotado cuidadosamente los números de las personas con las que se comunicaba afuera. Una noche soñó que era libre. Al despertar y darse cuenta de que seguía detenido, entró en pánico y tuvo dificultad para respirar.

Dice que ha intentado mantener la rutina que estableció cuando Della Valle estaba allí, pero cada semana que pasa se le hace más difícil.

En una serie de entrevistas desde la detención, Chavez expresó su preocupación por perder medio año de su tercer año de preparatoria. Se perdió un examen obligatorio de inglés y la entrega de un proyecto de historia, y ahora que el ciclo escolar terminó, no sabe si podrá recuperar las tareas para graduarse a tiempo. Su hermana gastó mucho dinero en sus bráquets, y sin ajustes regulares teme que todo haya sido en vano. Se perdió el nacimiento de su nuevo sobrino, y no sabe si podrá conocerlo.

“Tenía muchas cosas planeadas”, dijo, “pero ya ni modo, todo se me arruinó”.