Los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado anunciaron planes para llevar a cabo una amplia investigación sobre la detención de ciudadanos por parte de agentes de inmigración en respuesta a un reportaje de ProPublica que reveló que más de 170 estadounidenses fueron arrestados por funcionarios de inmigración este año.
Los líderes minoritarios del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes y del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado anunciaron que la investigación conjunta sobre la detención de ciudadanos estadounidenses y otras denuncias de conducta indebida por parte de agentes de inmigración tiene prevista una audiencia en Los Ángeles.
“Han arrestado a más de 170 ciudadanos estadounidenses. ¿Por qué? Porque se parecen a mí. Porque son de origen latino. O porque se sospecha que no son ciudadanos estadounidenses, o porque son sospechosos de delitos que no cometieron”, declaró el representante Robert García, de California, el demócrata de mayor rango en el comité de la Cámara de Representantes, durante una conferencia de prensa en octubre en Los Ángeles con la alcaldesa Karen Bass.
García dijo que los investigadores están exigiendo todos los registros y documentos que muestren cómo tratan los funcionarios de inmigración a los ciudadanos estadounidenses en Los Ángeles y en todo el país. “Queremos entender qué están haciendo en nuestros barrios, cómo se financia”, señaló.
Nuestra investigación reveló que, hasta el 5 de octubre, al menos 50 ciudadanos fueron detenidos por cuestiones relacionadas con su ciudadanía. Casi todos eran latinos. Aproximadamente otros 130 fueron detenidos tras redadas o protestas, acusados de agredir a agentes o interferir en arrestos. Muchos de esos casos no resistieron la menor investigación.
Descubrimos que los estadounidenses han sido arrastrados, abordados, golpeados, electrocutados y disparados por agentes de inmigración. Al menos 25 ciudadanos denunciaron que los retuvieron al menos un día sin acceso a un teléfono ni a un abogado.
Bass y García afirmaron que los abusos se han producido durante las detenciones de inmigrantes que se presentan a regularizar su situación, y mientras el gobierno obstruye reiteradamente la supervisión del Congreso en centros de detención federales como el de Los Ángeles.
“Tenemos que decirlo claramente: lo que les está pasando a los residentes indocumentados también les está pasando a ciudadanos estadounidenses. Y eso quiere decir que esto puede pasarnos a cualquiera de nosotros, a todos nosotros, en cualquier momento”, declaró Bass.
La publicación de nuestro reportaje también motivó a varios miembros del Congreso a intimar por escrito al Departamento de Seguridad Nacional.
En una carta enviada el lunes a la secretaria del DHS, Kristi Noem, García y el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, afirmaron que los habitantes de ciudades como Los Ángeles han sido los más afectados por la agresiva política de inmigración del gobierno.
“Estas detenciones no afectan por igual a todo el país”, señalaron García y Blumenthal. “El blanco principal han sido ciudades como Chicago, Portland, Washington D. C. y Los Ángeles. Resulta particularmente preocupante que estea tendencia de detenciones de ciudadanos estadounidenses coincida con un aumento documentado de la discriminación racial, en especial contra la población latina, en Los Ángeles.”
No ha habido respuesta a cartas previas por parte del DHS.
Al ser consultada sobre las preocupaciones de los representantes elegidos por el pueblo, la vocera del DHS, Tricia McLaughlin, rechazó las acusaciones de discriminación racial por parte de los agentes de inmigración. En declaraciones para ProPublica, afirmó que una sentencia temporal de la Corte Suprema en septiembre había “justificado” a la administración, “le guste o no al alcalde Bass o al representante García”.
“El DHS aplica la ley federal de inmigración sin miedo, favoritismos ni prejuicios”, escribió McLaughlin. “Lo que dicen los medios de comunicación, los agitadores y los políticos que quieren ciudades santuario, como la alcaldesa Bass y el representante García, de que el ICE persigue a ciudadanos estadounidenses, realiza arrestos inconstitucionales y ‘pisotea las libertades civiles’ son FALSAS”.
La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró en un correo electrónico a ProPublica que “la retórica desquiciada de los activistas y los políticos demócratas” era la responsable del aumento de las agresiones a agentes del ICE.
En las redes sociales, el vicejefe de gabinete Stephen Miller defenestró la conferencia de prensa de Bass calificándola de “viles mentiras”.
“Se ha detenido y acusado a militantes de izquierda violentos por obstruir la aplicación de la ley federal, un delito grave”, escribió Miller el lunes por la noche en X. “Que quede claro: la agenda de ‘fronteras abiertas’ que promueven los demócratas ha alentado a estos grupos a atacar violentamente a los agentes de ICE”.
De los casos que hemos seguido hasta el 5 de octubre, hemos encontrado casi 50 en los que no se ha llegado a presentar cargos o los casos han sido desestimados. Según nuestro análisis, al menos ocho ciudadanos se han declarado culpables, en su mayoría de delitos menores, entre ellos el de desacato. Otros siguen enfrentándose a cargos por acusaciones más graves, como la de presuntamente embestir el coche de un agente. (El conductor se declaró inocente).
Nuestros cómputos no incluyen a los ciudadanos detenidos tras procesos judiciales, ni a las personas arrestadas por las fuerzas de seguridad locales o la Guardia Nacional. En ese grupo se cuentan algunas acusadas de delitos más graves, como arrojar piedras o encender una bengala para provocar un incendio.
