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Funcionarios estatales y locales en Wisconsin dijeron que estaban horrorizados al enterarse de las condiciones que en 2019 condujeron a la muerte de un niño nicaragüense de 8 años en una granja lechera, así como la investigación policial defectuosa que siguió. Ahora dicen que quieren abordar algunos de los temas destacados por una investigación de ProPublica, publicada el mes pasado, sobre la muerte de Jefferson Rodríguez.
“Lo que sucedió nunca debería haber sucedido”, dijo la representante estatal Sylvia Ortiz-Velez, una demócrata de Milwaukee cuya familia materna laboró como trabajadores agrícolas migrantes en Wisconsin en la década de 1960.
Jefferson fue atropellado una noche de verano de 2019 por un trabajador que operaba un minicargador en una granja en el condado rural Dane, aproximadamente media hora al norte de Madison, la capital del estado. Era el primer día de trabajo del obrero y nos dijo que había recibido solo algunas horas de capacitación. Nuestra investigación mostró cómo las autoridades que investigaron la muerte de Jefferson concluyeron erróneamente que su padre lo había atropellado.
La falla se debió en gran medida a la barrera del idioma entre José María Rodríguez Uriarte, el padre del niño, y la agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Dane que lo entrevistó. Rodríguez no habla inglés; la agente se consideró versada en español, pero no con dominio del idioma. Cuando entrevistamos a la agente, supimos que cuando le preguntó a Rodríguez en español sobre lo que sucedió, sus palabras no significaban lo que ella pensaba y probablemente resultarían confusas para un hispanohablante.
La muerte de Jefferson fue catalogada como un accidente. Nadie fue acusado penalmente.
“Ser versado en una crisis no es suficiente”, dijo Dana Pellebon, miembro de la Junta de Supervisores del Condado Dane. “Desafortunadamente, hasta que ocurre una situación como esta, a veces no vemos las brechas en el servicio”.
Pellebon y varios otros supervisores dijeron a ProPublica que estaban buscando medidas que pudieran mejorar el acceso al idioma para las personas que no hablan inglés y que interactúan con la oficina del sheriff. Según estimaciones del censo de EEUU, más del 10% de los residentes del Condado Dane hablan en casa un idioma distinto al inglés.
“El tema de las barreras del idioma para que las personas ejerzan y hagan valer sus derechos, desde la aplicación de la ley hasta los servicios humanos y nuestro sistema judicial, está muy extendido”, dijo Heidi Wegleitner, supervisora del condado. “Realmente debe haber un examen exhaustivo de estas barreras en todo el condado, porque no es justo”.
La Junta de Supervisores establece el presupuesto y puede hacer recomendaciones a la oficina del sheriff. Pero tiene una capacidad limitada para establecer políticas.
En un comunicado, una portavoz de la oficina del sheriff dijo que la agencia cuenta con un personal calificado y diverso que está equipado con las herramientas que necesita, incluido el "acceso sin restricciones" a los servicios de traducción de idiomas. El departamento “siempre está buscando formas de mejorar los servicios que se brindan a la comunidad, que incluyen la evaluación de las prácticas actuales y la consideración de las recomendaciones recibidas”, dijo la vocera.
A nivel estatal, Ortiz-Velez hizo referencia a un proyecto de ley que permitiría a los beneficiarios de DACA convertirse en agentes de policía o ayudantes del sheriff. (La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA por sus siglas en inglés, es un programa federal que brinda protección temporal contra la deportación a algunos indocumentados que llegaron a EEUU cuando eran niños). Actualmente, sólo los ciudadanos estadounidenses pueden trabajar como oficiales de policía o ayudantes del sheriff en Wisconsin. “Para nosotros, tener oficiales que hablen con fluidez, que hayan nacido en otros países y puedan hablar el idioma, creo que podría ser de gran ayuda”, dijo Ortiz-Velez.
Nuestra historia sobre la muerte de Jefferson es la primera de nuestra serie Peligro en las granjas, que tiene como objetivo explorar las condiciones laborales, de vivienda y otras condiciones para los trabajadores inmigrantes en las granjas lecheras en Wisconsin y en todo el Medio Oeste. Les presentamos tres conclusiones de nuestros esfuerzos informativos hasta el momento:
1. En todo Wisconsin, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se enfrentan a barreras idiomáticas cuando responden a incidentes en las granjas lecheras.
Según la Ley de Derechos Civiles, las agencias que reciben fondos federales deben garantizar que sus servicios sean accesibles para las personas que hablan un inglés limitado. El Departamento de Justicia, que hace casi dos décadas redactó directrices para los organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre este tema, ocasionalmente investiga a los departamentos que no cumplen con este requisito.
El año pasado comenzamos a solicitar registros de las respuestas de las agencias de policía a incidentes que van desde lesiones relacionadas con el trabajo hasta agresiones en granjas lecheras en todo Wisconsin. Lo que esos registros nos muestran es que los funcionarios rutinariamente encuentran barreras del idioma cuando interactúan con los trabajadores de esas granjas. Con frecuencia confían en los supervisores o empleados de la finca para que sirvan como intérpretes; a veces recurren al traductor de Google o a los niños.
La Oficina del Sheriff del Condado de Dane no tiene una política escrita sobre cómo deben responder los agentes a los incidentes que involucran a personas que no hablan inglés, o cuándo llamar a un intérprete. El departamento no evalúa las habilidades lingüísticas de los empleados, sino que ellos mismos informan sobre su competencia. Pero como práctica general, los funcionarios del departamento han dicho que cuando los agentes necesitan comunicarse con los residentes que hablan un idioma que no sea inglés, se supone que deben hacer una llamada para preguntar si alguno de sus colegas habla ese idioma y, si no hay ninguno disponible, piden ayuda a otras agencias cercanas.
2. Es un secreto a voces que la industria láctea de Wisconsin depende de la mano de obra indocumentada.
Debido a que los trabajadores son indocumentados, a menudo les resulta más difícil hablar sobre condiciones injustas o inseguras.
Rodríguez y su hijo emigraron a Estados Unidos desde Nicaragua a principios de 2019 en busca de oportunidades económicas. Como solicitante de asilo, Rodríguez no tenía permiso de trabajo. Usó papeles falsos para conseguir un trabajo en D&K Dairy. (En una declaración, el dueño de la finca dijo que no estaba al tanto del estatus migratorio de Rodríguez).
Rodríguez ganaba $9.50 la hora y, como otros obreros, trabajaba habitualmente de 70 a 80 horas a la semana. El trabajo agrícola está excluido de muchas de las protecciones laborales de Estados Unidos, por lo que no había pago de horas extras por trabajar más de 40 horas. Al igual que muchas granjas lecheras de Wisconsin, D&K Dairy proporcionó alojamiento gratuito. Pero la vivienda que ocuparon Rodríguez y su hijo no fue en una casa; vivían en un apartamento en la parte superior de la sala de ordeño, el establo donde día y noche llevaban a cientos de vacas para ser ordeñadas por maquinaria pesada y ruidosa.
Durante años, la industria láctea, quejándose de la escasez de mano de obra, ha cabildeado sin éxito para acceder al programa federal de trabajadores invitados H-2A, que permite a los empleadores traer temporalmente trabajadores extranjeros cuando no pueden encontrar obreros locales. Actualmente, el programa se limita al trabajo agrícola estacional; la industria láctea es un trabajo de todo el año.
Quienes critican el programa de trabajadores invitados aseguran que se presta al abuso y la explotación, ya que la capacidad de los inmigrantes para permanecer en EEUU está ligada a un solo empleador, lo que ha dado lugar a varios casos importantes de trabajo forzado, robo de salarios, viviendas deficientes y altos costos de contratación, entre otros problemas.
3. Las granjas pequeñas no siempre reciben una inspección de seguridad después de una muerte o lesión.
Cuando Jefferson murió, una investigadora de la Oficina del Médico Forense del Condado Dane alertó a la Administración Federal de Salud y Seguridad Ocupacional, que es responsable de la seguridad en el lugar de trabajo. Pero OSHA no investigó porque el niño no era un empleado.
Incluso cuando los trabajadores mueren o se lesionan en granjas pequeñas, la capacidad de respuesta de OSHA es limitada. Las granjas con menos de 11 trabajadores a menudo están exentas de supervisión. (Algunos estados con sus propios planes OSHA hacen más, pero Wisconsin no es uno de ellos). Y la agencia federal tiene pocas normas de seguridad para los sitios de trabajo agrícola.
En años recientes, los intentos de inspección de OSHA fueron inferiores a una docena cada año de las miles de granjas lecheras en Wisconsin. El año en que murió Jefferson, seis de las nueve inspecciones que OSHA inició terminaron por no llevarse a cabo porque las granjas eran demasiado pequeñas para estar bajo la jurisdicción de la agencia; tres de esas seis inspecciones involucraron muertes.
“Las operaciones lácteas en estos días son básicamente grandes fábricas”, dijo Michael Engelberger, supervisor del Condado Dane. “No deberían estar exentos de ninguna regulación de OSHA o leyes laborales agrícolas especiales. Para mí eso está mal”.
Wegleitner dijo que espera convocar a un grupo de supervisores, defensores de la comunidad, personal del condado y otros para hablar sobre los pasos a seguir en las próximas semanas.
“El acceso al idioma es sólo una parte”, dijo. “Tenemos viviendas inseguras, falta de inspecciones y supervisión, y todas esas cosas pueden no ser asuntos que el condado pueda legislar. Pero si estamos hablando y propugnando con los legisladores y grupos estatales y federales, y trabajando en coalición, creo que esto debe abordarse en múltiples niveles”.
Nuestro plan es seguir informando sobre los problemas que afectan a los trabajadores inmigrantes en la industria lechera en todo el Medio Oeste. Entre esos temas están: detenciones de tránsito de indocumentados que conducen sin licencia; acceso a atención médica o compensación laboral después de lesiones en el trabajo; y vivienda proporcionada por el empleador.
En este enlace encontrará nuestra investigación —y una versión en audio— en español, así como una carta explicando cómo se puede comunicar con nosotros si desea compartir información sobre la industria lechera de Wisconsin o de estados cercanos.
Traducido por Octavio López.
