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Escondido dentro de los planes del gobierno del presidente Donald Trump para enfrentar a los migrantes indocumentados se encuentra una cláusula que seguramente enfadará a México.

Se trata de otorgarle facultades a los agentes federales americanos para deportar a México a cualquier migrante capturado cruzando la frontera ilegalmente, sin importar si son mexicanos o no.

Si las tendencias actuales continúan, el nuevo plan migratorio podría llevar a los Estados Unidos a deportar a México a cientos de miles de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, brasileños, ecuatorianos e inclusive haitianos. Actualmente, estos migrantes son detenidos dentro de los Estados Unidos, donde se les reconoce el derecho a solicitar asilo.

Pero ahora el presidente Trump quiere que los migrantes soliciten asilo desde México, en centros de detención que México estaría potencialmente presionado a construir. Desde ahí, los migrantes se comunicarían vía videoconferencia con agentes migratorios americanos.

“Esta medida lo que dice es que si quieres pedir asilo o lo que sea, nosotros analizaremos tu petición pero vas a tener que esperar en México”, dijo un oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante una rueda de prensa para periodistas el día martes. “Los detalles los estamos trabajando dentro del Departamento y con el gobierno Americano y el gobierno de México … todavía hay elementos que tenemos que trabajar al detalle”.

El secretario de seguridad nacional John Kelly y el secretario de estado Rex Tillerson viajarán a México esta semana para reunirse con funcionarios del gobierno mexicano. A estas alturas no se sabe con certeza si los funcionarios discutirán este asunto.

Pero darles nuevas facultades a los agentes migratorios americanos es solo una de las medidas que el gobierno de Trump se prepara a implementar — medidas que algunos analistas consideran insostenibles — mientras procede a derogar las políticas migratorias del expresidente Barack Obama.

“La mayoría de las claúsulas de ley que estamos citando han existido por décadas”, dijo el oficial del DHS. “Nosotros estamos tratando de poner en marcha lo que el Congreso nos ha pedido que hagamos”.

Dos memos firmados por Kelly y publicados el martes señalan los planes a seguir del gobierno. Según altos funcionarios del gobierno, unos retirados y otros en actividad, estas medidas resultarán en grandes redadas contra migrantes indocumentados. Borradores de esos memos habían sido publicados el fin de semana por McClatchy.

Funcionarios revelaron que dos auxiliares del procurador general Jeff Sessions escribieron los borradores del plan sin la participación del personal experimentado del DHS.

Pero las ideas no son nuevas. Muchas de las medidas descritas en los memos provienen de una ley aprobada por el Congreso en 1996 para obtener réditos políticos. Desde ese entonces, gente ligada a los órganos de seguridad y a la formulación de políticas públicas habían descartado las medidas, describiéndolas como inaplicables o absurdas.

Entre esas medidas, por ejemplo, se encuentra el plan relacionado a México, el cual requiere que Estados Unidos regrese a los migrantes indocumentados capturados “al país contiguo por el cual llegaron”. El memo llega incluso a decir que mandar a los migrantes a México ayudaría a “ahorrar recursos destinados a centros de detención y adjudicaciones” y sería beneficioso para el presupuesto del DHS.

Sin embargo, ex altos funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos dijeron que las nuevas medidas podrían crear problemas de seguridad a lo largo de la frontera mientras las autoridades de cada país expulsan a los migrantes indeseados de un país a otro.

La Asociación de Abogados Migratorios Americanos (AILA) dijo que la propuesta del gobierno violaría las leyes americanas y algunas obligaciones en el marco de ciertos tratados internacionales. Por su parte, la probabilidad de que México acoja el plan migratorio con los brazos abiertos es tan baja como la probabilidad de que abrace la idea de pagar por el muro. “Yo esperaría que México responda con un ‘No’ enfático”, dijo Gustavo Mohar, un ex alto funcionario del gobierno mexicano en asuntos migratorios y de seguridad nacional.

Independientemente de si las medidas son viables o no, las deportaciones planeadas por el gobierno de Trump representan un giro brusco en comparación a las políticas y prácticas migratorias aplicadas en décadas anteriores.

Funcionarios migratorios retirados y en actividad dijeron que aunque todavía no queda claro cómo el gobierno pretende llevar a cabo estas medidas — puede que ni sea posible hacerlo — el mensaje de la Casa Blanca hacia los agentes de seguridad migratorios es claro: los antiguos límites ya no existen.

El presidente Obama trató de centrar sus esfuerzos en deportar migrantes indocumentados que habían sido sentenciados por crímenes serios y también en deportar a aquellos que eran capturados muy poco después de ingresar ilegalmente al país. Aun así, su gobierno deportó un número record de migrantes, la mayoría de quienes habían sido acusados de cometer delitos menores o de infringir las normas migratorias.

El gobierno de Trump también ha dicho que ellos están enfocados en deportar criminales. Sin embargo, ellos han expandido la definición del término hasta tal punto que ahora abarca casi cualquier actividad que pueda resultar en una sentencia. Esto incluye el haber entrado a los Estados Unidos sin autorización en primer lugar.

“Si alguien está presente en los Estados Unidos sin haber sido admitido legalmente o si está en el país con una visa caducada, nuestras leyes de inmigración dicen que esas personas puede ser removidas del país”, dijo el oficial del DHS. “Cualquiera que esté infringiendo las leyes migratorias puede en teoría ser fiscalizado. El Departamento tiene recursos limitados y nosotros tendremos que enfocarnos hasta donde podamos en individuos que han cometido crímenes serios.

En la práctica, el plan del gobierno expondría virtualmente a todos los migrantes que viven en el país sin autorización a que sean capturados en sus casas o sus centros de trabajo. La única excepción clara, según el plan y según los oficiales del DHS, es para los migrantes que fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran menores de edad, conocidos como ‘Dreamers’.

“Cualquiera que se haya quejado de que Obama era el ‘deportador en jefe’ desafortunadamente está por conocer lo que sucede cuando alguien es un fanático de verdad”, dijo David Martin, un abogado que fue un alto funcionario del DHS.

Greg Chen, director de políticas públicas del AILA, dijo que el plan del gobierno de Trump “en la práctica desencadenará a un ejército masivo para deportar migrantes. Este contaría con facultades extremadamente amplias para capturar migrantes como su modus operandi, y podría usar esas facultades contra quien sea que esté bajo sospecha de haber infringido las leyes migratorias”.

La pregunta del millón es cuántas de estas medidas — con todos los obstáculos legales y logísticos que yacen más adelante — podrá el presidente implementar realmente.

Los memos, por ejemplo, autorizan a la Patrulla Fronteriza a contratar a 5,000 nuevos agentes, pese a que la agencia ha sido incapaz de llenar las vacantes que ya de por sí existen. Además, el 60 por ciento de sus postulantes desaprueban el examen obligatorio de pasar por el detector de mentiras. Y los que sí aprueban tardan 18 meses en empezar sus funciones en la frontera.

El plan de Trump recomienda la expansión de un programa creado por el gobierno de George W. Bush, conocido como 287g, el cual autoriza al DHS a reclutar agencias policiales locales y estatales. Esos policías luego doblan como agentes migratorios.

Después de los atentados del 11 de setiembre, el programa fue celebrado como un “multiplicador de fuerzas”. Pero ya hacia el 2010 algunos de los departamentos de policía más grandes del país habían abandonado el programa porque creían que doblar como agentes migratorios haría añicos la confianza entre los oficiales y las comunidades que estos habían jurado proteger.

Mientras tanto, las agencias policiales que mantenían vigente su participación — y que además pagaban para ser parte del programa — se vieron súbitamente endeudadas y plagadas de acusaciones de haber discriminado contra individuos en base a estereotipos raciales. Esto obligó al gobierno de Obama a suspender la expansión del programa.

Hasta ahora, las leyes migratorias más drásticas, conocidas como “Deportación Expedita”, se habían usado solamente contra migrantes capturados en menos de 14 días después de haber ingresado al país ilegalmente, o contra migrantes indocumentados capturados a menos de 160 kilómetros de las fronteras con Canadá o México. Sin embargo, los memos firmados por Kelly permitirían al estado usar esas leyes en cualquier lugar del país y contra cualquier migrante que haya entrado ilegalmente al país en los últimos dos años.

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Lucas Guttentag, un ex asesor del DHS y profesor de derecho en Stanford, dijo que la medida “desataría el caos” y violaría las garantías del debido proceso. Además, la medida tendría que enfrentarse a desafíos legales similares a los que ya asecharon al gobierno luego de que este intentara implementar una prohibición contra los migrantes y viajeros de algunos países musulmanes.

Algunos abogados dijeron que otras medidas también podrían encontrar serios cuestionamientos jurídicos. Entre ellos, dijeron, está el plan de autorizar a los agentes migratorios a deportar menores de edad que hayan cruzado la frontera sin acompañantes, en vez de permitir que estos se reencuentren con sus padres u otros parientes en los Estados Unidos.

La razón es que esos menores “deben haber sido abandonados por sus padres o tutores legales”, dijo el funcionario del DHS. Si se “determina que hay un padre de familia o tutor legal en los Estados Unidos, entonces el DHS tiene que examinar con rigurosidad si esa persona’’ es realmente un menor que viaja sin acompañantes.

“Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para asegurarnos que nadie abuse del sistema”, agregó el funcionario.

Los abogados también esperan que hayan obstáculos jurídicos contra una propuesta que eliminaría las protecciones legales que garantizan que la información que el estado posee sobre los migrantes indocumentados se mantenga en reserva. Esto podría llevar a que se disemine públicamente información relacionada a pedidos de asilo o de infracciones migratorias.

“Nosotros queremos asegurarnos que nuestras políticas de privacidad sean consistentes con la ley”, dijo el funcionario del DHS. “La Ley de Privacidad procede con los ciudadanos y los residentes permanentes. El Presidente nos ha pedido que alineemos nuestras políticas con lo que dice la ley y el Congreso”.

“Los asesores de Trump claramente creen en un modelo de fiscalización drástica. Ellos aparentemente creen, ‘nosotros vamos a ser muy duros, y así mucha gente se largará del país por su cuenta’”, dijo Martin, un profesor de derecho migratorio en la Universidad de Virginia. “Ellos creen que ganarán en el tribunal de la opinión pública. Yo no estoy convencido de ello. Muchos americanos conocen migrantes indocumentados que trabajan duro. El tipo de fiscalización que proponen los asesores de Trump visiblemente creará más situaciones de solidaridad que de hostilidad”.

Y algunas de las cláusulas reconocen que podría demorarle años al DHS contratar al personal suficiente y obtener el dinero necesario para cumplir con las órdenes del presidente.

Sin embargo, algunos agentes migratorios ya han empezado a llenar el vacío legal creado por las agresivas disposiciones migratorias del presidente. Por ejemplo, han puesto en marcha redadas y llevado a cabo deportaciones que algunos defensores de una política migratoria más moderada consideran son un intento de poner a prueba los límites de las políticas actuales. Mientras tanto, el pánico ha tomado arraigo en muchas comunidades de migrantes.

“El nivel de miedo es mayor que nada que hayamos visto hasta ahora”, dijo Mariaelena Hincapie, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho Migratorio. Ella dijo que el alcance del plan “me dio escalofríos” porque este amenaza con hacerle un daño irreparable a millones de familias. Ella agregó: “Todo esto parece que tiene como objetivo cambiar quienes somos como nación”.