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Este articulo ha sido co-publicado con Univision.

El edificio en forma de caja donde está ubicada la empresa JC Foreclosures Service no parece gran cosa. Si usted va en auto, tal vez pasará por alto esta empresa que realiza el servicio de ejecución de hipotecas entre las gasolineras y talleres de carrocería en el suburbio hispano de Bell, zona de clase trabajadora al sur del condado de Los Ángeles. La única cosa que puede captar su atención es la frase en letras rojas brillantes sobre la ventana, escrita en español: “MODIFICAMOS SU PRESTAMO. DESALOJOS. BANCARROTAS”.

Pero en el interior es donde sucede la ‘magia’. El dueño del negocio, Carlos Baez, es un maestro de algo que es todo un arte en Los Ángeles: utilizar la herramienta de la bancarrota para obtener ganancias. Cuando sus clientes llegan a verlo, desesperados por la posibilidad de ser desalojados, él puede prometer ayudarlos — siempre y cuando le sigan pagando — utilizando el poder de las reglas de la bancarrota para frenar un juicio hipotecario. Baez no es abogado y los archivos muestran que los cientos de casos que ha presentado frecuentemente están mal preparados y son rechazados por las cortes a los pocos meses. Pero el punto no es lograr un alivio duradero a la deuda de sus clientes. La meta es ganar tiempo, algo que logra repetidamente.

Por supuesto, hay leyes para evitar tal abuso del sistema. Si alguien presenta un caso una y otra vez, las protecciones de bancarrota pueden ser revocadas. Pero Baez tiene otra técnica que suele usar. Sobre el papel, sus clientes aparecen transferiendo el derecho de propiedad de sus vivendas a un grupo de personas que reciben un 5% cada uno. Este un truco permite convertir pasar de un único propietario a cuatro, cada uno de los cuales puede declararse en quiebra, uno tras otro. No importa si estos nuevos propietarios son reales. Para cuando llega el momento en que una persona de carne y hueso debe de presentarse en una audiencia, han pasado uno o dos meses. Entonces el caso es desestimado y un nuevo propietario se presenta. Y el proceso vuelve a comenzar.

Con engaños de este estilo, se pueden detener los juicios hipotecarios durante meses y a veces años. Es el tipo de fraude abierto que uno esperaría que podía ser rápidamente detectado y castigado. Pero esto es Los Ángeles, donde Baez no es un innovador extraordinario, sino un miembro más en una industria local que ha existido durante décadas. Lleva más de diez años en el tema. Es difícil llevar la cuenta de todas las leyes de quiebra que ha transgredido y, de acuerdo a sus respuestas a mis preguntas, no tiene planeado detenerse en el futuro cercano. Dice que está ayudando a sus clientes y que para eso existe la bancarrota.

Fui a Los Ángeles porque los datos nacionales mostraban que algo singular estaba pasando allí. Ningún otro distrito en el país ha tenido ni de cerca un número tan grande de casos presentados sin un abogado como la Corte de Bancarrotas de Estados Unidos para el Distrito Central de California. Esto es una señal de advertencia, porque los deudores generalmente terminan mucho peor cuando no tienen representación legal. Indagando más profundamente, nuestro análisis descubrió miles de casos presentados cada año que tenían los indicios clásicos de fraude.

Además, resultó que esto es un secreto a voces no solo entre jueces y administradores de tribunales en el distrito, sino también entre expertos en bancarrota en todo el país. Incluso el Congreso ha aprobado en dos ocasiones leyes para combatir los ardides relacionados con quiebras que emanan de Los Ángeles.

Esto explica la frustración de la juez Maureen Tighe, quien preside en la sala del distrito y ha intentado llamar la atención sobre la escala de estos fraudes. Una exfiscal, Tighe orienta a los empleados de la corte para que estén atentos a gente sospechosa, intenta castigar a aquellos que violan la ley y ayuda a publicar reportes sobre las dimensiones del fraude potencial. Incluso ha convocado audiencias especiales al respecto. Pero hasta ahí llega lo que puede hacer. Mientras tanto, los brazos del sistema judicial con el deber de vigilar estos crímenes — el fiscal general del estado y el Departamento Federal de Investigación (FBI) — raramente actúan al respecto.

“¿Si nadie obedece la ley y si no hay mecanismos para exigir su cumplimiento ni recursos policiales, qué valor tiene la ley?”, preguntó Tighe.

El éxito de estas artimañas refleja un hecho básico del sistema de bancarrota. Para gente que tiene la sofisticación y los recursos para contratar abogados acreditados, la bancarrota funciona bien. Para los otros, existen las trampas.

ProPublica ha estado examinando los problemas profundamente arraigados en el sistema de bancarrota del país utilizando un innovador método de análisis de casos. A través del país, hemos hallado cómo los costos de declararse en quiebra dañan a quienes el sistema de bancarrota debería servir. El año pasado, reportamos que los estadounidenses de raza negra en el Sur son mucho menos propensos a conseguir alivio duradero de sus deudas por bancarrota, debido a las altas tarifas que los abogados exigen, las que los obligan aescoger planes de pago para cubrir una posible quiebra que probablemente no podrán cumplir.

En Los Ángeles descubrimos que lo más probable es que la gente vulnerable y con deudas, particularmente minorías e inmigrantes, intenten navegar el sistema sin ningún abogado. Muchos de ellos recurren a personas como Báez, preparadores de peticiones de bancarrota sin licencia, quienes muchas veces operan más allá de lo que permite la ley y esconden su participación cuando tramitan los casos.

Distritos judiciales en otras partes del país con altas cifras de casos tramitados por los mismos afectados — lugares como Atlanta, Detroit y Milwaukee — tienen problemas similares de fraude. En particular, lo que aquí sucede es que existen preparadores de solicitudes sin escrúpulos quienes burlan las leyes y cobran demasiado por sus servicios.

“Hay tanta gente que necesita el apoyo que da el sistema para quiebras y que no pueden pagarlo,” dijo Tighe. “Y entonces caen víctimas de estos estafadores. Si tuviéramos acceso adecuado [para todos] a nuestro sistema legal, estas personas no caerían presos de la cosecha de estos artistas del fraude”.

La jueza Maureen Tighe, exfiscal federal, ha intentado llamar la atención sobre el fraude en la Corte de Bancarrotas de Estados Unidos del Distrito Central de California, donde ha sido jueza desde 2003. (Kendrick Brinson para ProPublica)

A pesar de estas tendencias negativas, tanto en el sur de Estados Unidos como en Los Ángeles, hallamos una arraigada falta de voluntad para detener las estafas.

Sin mucha vigilancia penal de las leyes, la cantidad de fraudes en el Distrito Central de California sube y baja con la economía. Durante la crisis hipotecaria en 2011, cuando los 126,000 casos presentados por quiebra de consumidores en el distrito fueron casi un 10% de todos los casos en el país, la cantidad de fraudes de este tipo llegó a su punto máximo. Hoy, en una región donde tanta gente lucha para poder costear su vivienda, muchos estafadores todavía siguen operando.

El Programa Fiduciario de Estados Unidos, agencia que supervisa la corte de bancarrota, refiere cientos de crímenes potenciales a la oficina local del fiscal federal cada año. En la mayoría de los años, solo entre uno y tres casos acaban en denuncias penales, según datos obtenidos por ProPublica a través de una solicitud bajo el Acta de Libertad de Información. En 2009, ni una sola de las 266 recomendaciones para acción penal hechas por la oficina del Programa Fiduciario produjo una denuncia por los fiscales en el distrito.

“Hay mucha frustración, creo, entre algunos miembros del Programa Fiduciario que sienten que están haciendo el máximo esfuerzo para intentar hacer algo contra este tipo de crimen financiero,” dijo Jennifer Braun, quien trabajó como abogada en la oficina de distrito de este programa hasta principios del año pasado.

Los fiscales federales mencionan la falta de recursos y la necesidad de perseguir crímenes de perfil más alto como las razones por las que existen pocas denuncias en casos de quiebra. Desentrañar estas complejas argucias requiere mucho trabajo para victorias de poco calibre, dijeron.

Como resultado, especialmente en los barrios predominantemente de hispanos e inmigrantes dentro y alrededor de Los Ángeles, no es difícil encontrar ejemplos de estas artimañas. Solo tuve que mirar un poco.


Encontré la empresa Liderazgo Financiero solo a un par de millas de JC Foreclosure. “NO PIERDA SU CASA” decía el letrero impreso que colgaba encima de una ventana con barrotes. Dentro del negocio, encima de un escritorio, montones de panfletos de publicidad de color verde cubiertos de advertencias urgentes en español sobre juicios hipotecarios estaban listos para ser enviados por correo.

“La única forma de evitar un juicio hipotecario es a través de una quiebra”, me dijo Santiago Núñez cuando visité su pequeña oficina en South Gate en junio. “Tienes que hacer un Capítulo 13”.

Es cierto que el Capítulo 13 es la mejor opción bajo el código de quiebra para alguien que se enfrenta a un juicio hipotecario. Teóricamente, los propietarios en apuros pueden ponerse al día con su deuda por hipoteca a través de un plan de pagos, que suele durar cinco años y está calibrado conforme a los ingresos del afectado.

Pero aun cuando los deudores presentan su caso con un abogado, el Capítulo 13 tiene sus riesgos. Sin un abogado, es casi imposible obtener sus beneficios sin problemas. Entre 2008 y 2014, casi la mitad de las bancarrotas presentadas por Capítulo 13 en el Distrito Central de California se hicieron sin abogado (conocidos en la jerga legal de EEUU como casos pro se). Alrededor de un 85% de estos casos quedaron incompletos porque en los tramites faltaba información financiera básica de los deudores, según el análisis de ProPublica. Casi todos los casos fueron desechados en pocos meses, forzando a los deudores a volver a empezar sin ningún alivio a sus deudas.

Cuando revisé 50 casos pro se tramitados por Capitulo 13 en zonas mayoritariamente hispanas donde son más comunes las quiebras sin representación de un abogado, determiné que dos tercios de los deudores terminaron perdiendo sus viviendas, normalmente a menos de un año de haber presentado el caso.

Ni Núñez ni su mujer, Verónica, propietaria de la compañía, son abogados. Saltando de inglés al español, Núñez describió afablemente los servicios que Liderazgo Financiero ofrece a clientes desesperados por salvar sus hogares. Los abogados locales de quiebra, dijo, pueden cobrar hasta 5,000 dólares para tramitar un caso bajo Capítulo 13, pero su empresa solo cobra 200 dólares. Es cierto que las tarifas de abogados para Capítulo 13 en Los Ángeles oscilan entre 4,000 y 5,000 dólares, pero muchos abogados aceptan una porción de esa cantidad como anticipo, con el restante a pagar a través del plan. Para la gran frustración de jueces y abogados en el distrito, empresas como Liderazgo Financiero suelen atraer a los clientes con promesas de un rescate barato, pero después terminan extrayendo tarifas parecidas a las que cobran los abogados.

Cuando le pregunté a Núñez acerca de sus tarifas, reconoció que los 200 dólares solo cubren el documento más básico: la solicitud de quiebra. Para presentar toda la información necesaria sobre los ingresos, deudas y activos del deudor, la empresa cobraba 1,500 dólares, según dijo.

Esto es ilegal. Se permite a los no-abogados ayudar a alguien con un caso de quiebra, pero si aceptan pago, sus actividades están estrictamente limitadas. Se exige que revelen su involucramiento y no pueden dar consejos legales. En Los Ángeles, cualquiera puede establecerse como preparador de solicitudes, pero lo máximo que pueden cobrar por rellenar los formularios es 200 dólares.

La oficina de Liderazgo Financiero en South Gate, California. Los propietarios no son abogados, pero han tramitado cientos de quiebras, muchas veces violando la ley. (Kendrick Brinson para ProPublica)

Un preparador de solicitudes con quien hablé dijo que es imposible hacer el trabajo bien y también cumplir con la ley. “No puedes ser un preparador y no dar consejos legales, porque si un cliente tiene una pregunta [sobre la quiebra] y usted responde a la pregunta, entonces les está dando un consejo legal,” dijo Christian Yates, asistente legal. Después de ser multado por Tighe en 2012 por violar las leyes de tramitación de casos, Yates dijo que ahora solo ayuda con las quiebras con un abogado presente, lo que sí es permitido. Pero otros preparadores “van a seguir haciéndolo hasta que sean pillados,” dijo.

Los preparadores de solicitudes son más activos en los barrios hispanos del distrito, pero están en todas partes, prometiendo ayudar tanto con el Capítulo 13 como con el Capítulo 7, que típicamente elimina las deudas en un par de meses. Un deudor que conocí en una audiencia de la corte, y quien pidió que no se usara su nombre, me dijo que encontró un preparador sencillamente poniendo “paralegal’’ (asistente de abogado) en Google y que había pagado 750 dólares. Se prohíbe a los preparadores usar la palabra “legal” u otras similares al publicitar sus servicios, pero muchos sencillamente ignoran esta restricción.

Según archivos judiciales, Araneta Legal Services, que hasta recientemente operaba el sitio web losangelesparalegal.org, no había revelado que había rellenado la solicitud del deudor. Los preparadores pueden esquivar la atención de la corte por el sencillo método de no revelar su participación en un caso, otra violación de la ley. Joseph Araneta, dueño de la empresa, no respondió a mis llamadas y correos electrónicos. Al parecer, la empresa ha dejado de funcionar.

En lo que concierne a Liderazgo Financiero, los archivos demuestran que ha estado involucrada en más de 200 quiebras desde mitades de 2012. En al menos 56 de ellas, la empresa no reveló su involucramiento.

Yo pude conectar estos casos a la empresa porque datos de la corte identificaban a Verónica Núñez como la persona que los había llevado a los tribunales. Como una medida para combatir que los preparadores eludan los requerimientos de información, los cinco tribunales en el distrito han empezado a exigir a los no-abogados mostrar su identificación cuando presentan en persona casos de quiebra para sus clientes. La corte compartió estos datos con ProPublica. Pero hasta esta cifra es incompleta porque Santiago Núñez me dijo que la empresa generalmente exige a los clientes que presenten sus casos ellos mismos. Esta es otra manera en que los preparadores evaden el escrutinio judicial.

Algunas de las bancarrotas manejadas por Liderazgo Financiero que examiné eran claramente falsas. En una estratagema que duró entre 2009 y 2015, 18 deudores diferentes dieron la misma dirección en Compton como su hogar en sus solicitudes de quiebra, pero solo uno de ellos vivía realmente en la casa de 1,100 pies cuadrados, según archivos públicos.

Verónica Núñez llevó ocho de estas quiebras de Compton a los tribunales, según indican los datos de la corte. Una novena quiebra fue presentada bajo el nombre de Juan Azuaje, un hombre que había contratado a Liderazgo Financiero para evitar un juicio hipotecario sobre su casa que estaba a una distancia de 50 millas en Simi Valley, según una grabación de la audiencia en la corte en 2012. Los archivos de la corte muestran que él, o alguien que usaba su nombre, presentó dos solicitudes de quiebra separadas en el mismo día: una dando la dirección de Simi Valley como su casa, la otra dando la dirección de Compton. Los archivos públicos muestran que Azuaje no tuvo ningún vínculo a la casa de Compton, que finalmente llegó a juicio hipotecario. Azuaje y el antiguo dueño de la propiedad de Compton no pudieron ser localizados para dar sus comentarios.

Las frecuentes presentaciones de solicitudes por parte de Liderazgo Financiero no han pasado totalmente desapercibidas en la corte. En enero de 2012, un juez en el distrito emitió una orden para que Santiago Núñez apareciera y se enfrentara a posibles multas por tramitar un caso de forma incorrecta. Este no se presentó en corte, algo común, según Tighe. “Tengo cientos de órdenes que están siendo ignoradas.”

Núñez no respondió a una detallada lista de preguntas que le hice en relación a varias violaciones de la ley.


En el verano de 2012, Mohsen Saeedy estaba desesperado. El hombre, un inmigrante iraní de alrededor de cincuenta años, había construido su propio negocio de imprenta de fotos en Los Ángeles y puesto sus ahorros en una casa tipo rancho en Phoenix, Arizona, donde él y su mujer planeaban jubilarse. La hipoteca de interés y tasa modificable le había parecido asequible en 2007. Cinco años después, ya no lo era.

Entonces encontró a JC Foreclosure. Según el recuerdo de Saeedy, la empresa prometió forzar al banco a modificar su préstamo y bajar el préstamo principal a lo que realmente valía la casa. En su estado de desesperación, dijo Saeedy, esas promesas eran irresistibles. Pagó 1,000 dólares a un intermediario para que le conectara con JC Foreclosure. Después dio a la empresa \$1,600 para empezar, y aceptó pagar \$600 en efectivo cada mes.

Por supuesto, JC Foreclosure no tenía ningún poder especial para convencer a los bancos de hacer lo que ellos querían. Sin embargo, tenía muchos trucos. Poco después, la empresa ejecutó una transferencia de título de propiedad de la esposa de Saeedy, quien poseía el título de la casa de Arizona, a una mujer llamada Marian García. Más tarde, un segundo y un tercer título de propiedad sirvieron para transferir intereses en la casa a cuatro individuos más. Saeedy me dijo que no sabía quién era García o las demás personas, y su mujer dijo que nunca había firmado tales títulos de propiedad.

Las ventanas frontales de JC Foreclosure Service (Kendrick Brinson para ProPublica)

En este tipo de arreglos, el poder de protección del Capitulo 13 puede ser desplegado repetidamente para la misma casa siempre y cuando cada deudor parezca tener derecho a reclamar las protecciones brindadas por una bancarrota.

“[Es] la orden de suspensión cautelar más barata que se puede conseguir,” dijo Tighe.

No queda claro si algunas de esas personas sabían que habían adquirido acciones en una casa en Arizona. Un par de ellas no parecen ser reales. Pero un nuevo propietario involuntario de una porción de la propiedad de Saeedy es sin duda una persona real. De hecho, ya había presentado su propia solicitud de quiebra independiente. Después de tramitarla solo, había contratado a un abogado. Sin saberlo, unos estafadores le habían transferido acciones de al menos 11 propiedades, entre ellas la casa de Saeedy, según mociones registradas en su caso.

Abogados, jueces y fiscales llaman esta técnica de fraude ‘secuestro’. Los estafadores seleccionan una quiebra recién presentada — realmente no importa cual — y después fingen que el deudor de aquel caso es el dueño de las propiedades que los estafadores quieren proteger. Es un ardid ingenioso que frena el juicio hipotecario y ahorra el gasto de una tarifa de tramitación de solicitud.

Este tipo de ‘secuestros’ crean dolores de cabeza para abogados y jueces y exponen a deudores legítimos al peligro de efectos adversos. Renay Rodriguez, abogada en Los Ángeles, lidió con un caso en el cual porciones de 13 propiedades diferentes fueron transferidas a sus clientes. “Era absolutamente desconcertante intentar explicárselo,” dijo.

Las otras cuatro personas que recibieron acciones en la casa de Saeedy todas solicitaron quiebras pro se. Una parece ser una persona verdadera que, con la ayuda de otro preparador, presentó nueve solicitudes de quiebra durante seis años. Finalmente un juez le prohibió presentar otras solicitudes. Otra persona declaró que su vivienda era la dirección empresarial de JC Foreclosure.

Cuando en verano visité la pequeña oficina de la empresa, estaba vacía exceptuando una mujer en la mesa de recepción. Ella me dijo que la empresa no tramitaba solicitudes de quiebra porque Baez, el dueño, no era abogado. En vez de esto, dijo, la compañía derivaba a los clientes a un bufete legal cuando la bancarrota parecía la opción apropiada. No se acordaba del nombre del bufete.

En el mostrador enfrente de su escritorio – al lado de una pila de panfletos de publicidad postal marcados URGENTE, con las direcciones escritas y listos para ser enviados a clientes potenciales – había formularios de quiebra, rellenados para una deudora de nombre Suyay Crow, pero todavía sin tramitar.

Más tarde, cuando averigüé en archivos públicos, parecía que nadie con este nombre jamás había vivido en la casa del sur de Los Ángeles que estaba listada en la solicitud de quiebra. Era en realidad la segunda vez que Crow había presentado una solicitud de quiebra desde aquella dirección, cada vez sin abogado. Crow, quien puede existir o no, había adquirido acciones en la propiedad a través de un título de propiedad realizado el pasado marzo.

Al día siguiente, visité la casa en el sur de Los Ángeles. Cuatro vehículos estaban estacionados enfrente de la casa y unos niños jugaban en el jardín. Un montón de basura, incluyendo una vieja pecera y neumáticos, ocupaban el porche de la entrada. La dueña, una señora de raza negra de 86 años, abrió la puerta en silla de ruedas. Dijo que vivía allí con su sobrina, su hijo y las dos hijas de este, y que había sido la propietaria de la casa por 20 años.

La mujer, quien pidió que no se usara su nombre, me dijo que no sabía nada de Crow, Baez o JC Foreclosure. Estaba en peligro de un juicio hipotecario, dijo, porque habían subido las tarifas de pago de un préstamo. Usando otro preparador local, ella había tramitado dos solicitudes de quiebra bajo su nombre en años recientes. Las dos veces, los casos habían sido rápidamente desechados. Pero dijo que no sabía nada de los otros casos presentados y que nunca había firmado un título transfiriendo acciones de la propiedad.

“No tengo nada que ver con esto, absolutamente nada,” me dijo. Los archivos públicos muestran que el prestamista fue a juicio hipotecario por la casa en octubre.

Desde 2012, Baez ha llevado al menos 237 casos de quiebra a los tribunales. Solo en 10 casos un preparador fue identificado. Como con Liderazgo Financiero, la cifra probablemente solo refleja una parte de la actividad de la empresa, especialmente porque JC Foreclosure ha estado funcionando desde 2005, mucho antes de que la corte empezara a hacer seguimiento de tramitadores sospechosos.

Parece que la empresa sistemáticamente cobra a sus clientes tarifas que exceden considerablemente el monto legalmente permitido de 200 dólares por sus servicios, como hizo con Saeedy. Un contrato de 2016 que me fue mostrado indica que la empresa cobró 1,200 dólares para tramitar una bancarrota de Capitulo 13.

Los ciclos de quiebras falsas pueden evitar el juicio hipotecario durante años, pero a veces los servicios de hipoteca finalmente descubren la trama y presentan un recurso para frenarla. Respondiendo a una cadena de siete solicitudes que parecen haber sido organizados por Baez (los datos de la corte muestran que personalmente llevó al menos dos de los casos a los tribunales), un abogado para una empresa de hipotecas declaró en una moción en 2013 “el abuso de las leyes de bancarrota debe ser frenado. Ya basta”.

La empresa hipotecaria finalmente se percató del el caso de Saeedy también, y consiguió una orden prohibiendo que cualquier futura quiebra impidiera un juicio hipotecario sobre la propiedad. Durante más de un año, Saeedy pagó a la empresa de Baez con la expectativa de recibir una modificación de su préstamo, de acuerdo a lo que me explicó. Entonces fue abruptamente informado por Baez de que la empresa no podía hacer más para ayudarle. El juicio hipotecario era inminente. Invadido de nuevo por el pánico, Saeedy solicitó la quiebra por su cuenta para frenar la venta y rápidamente contrató un abogado.

Solo entonces, dijo, se enteró de las quiebras fraudulentas. Su abogado explicó que por culpa de ellas, su propia solicitud de quiebra no había impedido el juicio hipotecario.

Casi cuatro años después, Saeedy todavía está recuperándose. Finalmente decidió dejar el caso de bancarrota porque no veía que valiera la pena. Lamenta no haber presentado una solicitud antes. “Hubiera tenido un resultado muy diferente”, dijo.

Como muchas víctimas de estafas, Saeedy no puso una denuncia ni fue a las autoridades. En vez de eso, dijo, ha estado “negando la realidad” de los miles de dólares que había malgastado. “No quería pensar en lo estúpido que había sido”.

Envié preguntas a Baez, exponiendo las pruebas de cómo su empresa había violado las leyes de quiebra cientos de veces. También detallé cuatro tramas de transferencia de título de propiedad además de los casos que se explican en este reportaje.

En una respuesta escrita, Baez no negó ni reconoció haber falsificado documentos o presentado solicitudes de quiebra en nombre de gente ficticia. Se negó a hablar de ningún caso particular, diciendo que para hacer eso necesitaba un permiso firmado del cliente.

En su lugar, aseveró que, como su empresa tramitaba quiebras para beneficiar a clientes, las tramitaciones de solicitudes no habían sido fraudulentas, porque las leyes de quiebra “están allí para proteger a deudores”. También dijo que yo me había equivocado en decir que él había trabajado como preparador de solicitudes porque la mayoría de sus clientes “no vienen a nosotros solo para presentar un caso de bancarrota”. Cobra más de 200 dólares a los clientes, dijo, porque la empresa pasa mucho tiempo trabajando con ello. “Es una práctica común entre muchos proveedores de servicios ayudar a sus clientes a presentar una solicitud de Capitulo 13 si se necesita más tiempo para negociar con los prestamistas,” añadió.

No hay excepción en la ley que permita a los negocios cobrar más de 200 dólares si otorgan otros servicios además de preparar los casos de quiebra.

Baez dijo que su oficina provee rutinariamente a sus clientes “el servicio” de llevar sus casos de bancarrota a la corte y pagar las tarifas de la tramitación de solicitud. Esto es una violación de la ley.

Pero dijo que mis preguntas habían causado “una revisión cuidadosa de nuestras prácticas empresariales”. En adelante, JC Foreclosure va a exigir que los clientes presenten sus propios casos de quiebra, dijo.

En un indicio de los desafíos que enfrenta la corte, este cambio prometido simplemente hará más difícil rastrear las actividades de la compañía.


Las denuncias penales por fraude de bancarrota no siempre fueron tan infrecuentes como son ahora. En 1988, cuando Tighe empezó su carrera como fiscal en Los Ángeles, su única responsabilidad era combatir este tipo de fraude. Ya entonces, el área exigía atención a raíz del número extremadamente alto de casos presentados por deudores sin abogados y la proliferación de preparadores de solicitudes.

Tighe preguntó, “Si nadie obedece la ley, y si no hay mecanismos para exigir su cumplimiento ni recursos policiales, qué valor tiene la ley?” (Kendrick Brinson para ProPublica)

“Puse a muchos de ellos en la cárcel”, dijo Tighe acerca de los primeros innovadores de fraude en el distrito. Durante los noventa, las denuncias penales por quiebras continuaron siendo una prioridad. En 1996, la entonces fiscal general Janet Reno lanzó una campaña nacional llamada ‘Operación Transparencia Total’, enfocada en el problema.

Pero las estadísticas nacionales revelan que estas denuncias penales empezaron a escasear después de 2001. Llegado 2011, el número de denuncias federales en las cuales el cargo principal era un crimen relacionado a una quiebra había caído a menos de la mitad, según datos compilados por la Oficina de Compensación de Acceso a Archivos Transaccionales.

Esta caída ocurrió a pesar de algunas advertencias internas. En el FBI, una evaluación de inteligencia de 2010 que ha sido hecho pública subsecuentemente concluyó que las quiebras fraudulentas, especialmente aquellas utilizadas para congelar juicios hipotecarios, iban a tener “un impacto significativo sobre las industrias estadounidenses de hipotecas, banca y bonos; en los consumidores; y en la economía de Estados Unidos en general”.

Las tramas afectan a bancos, inversionistas y barrios porque dilatan juicios hipotecarios inevitables. También causan juicios hipotecarios innecesarios porque atrapan a propietarios en apuros que podrían haber logrado mantener posesión de sus casas a través de medios legítimos.

A pesar del informe de inteligencia, no hay indicios de que se reasignaran recursos al respecto. En entrevistas, antiguos fiscales federales dijeron que recortes de presupuesto han defenestrado su capacidad para llevar adelante denuncias de este tipo.

Evan Davis, un exfiscal federal en Los Ángeles, recordó su frustración cuando era su trabajo coordinar las denuncias federales por quiebras en el distrito durante la crisis hipotecaria, y la oficina local del Fiduciario federal le mandaba una serie seguida de posibles crímenes para investigar.

“Mi caja de correos se atascaba con referencias que no tenía ningún interés en leer, porque sabía que no irían a ninguna parte”, dijo. “Estábamos allí sentados lamentando el hecho de que no podríamos hacer más por esos casos”.

Robert Dugdale, un fiscal federal adjunto que fue jefe de la división criminal en Los Ángeles de 2010 a 2015, dijo que hubo “una congelación de contrataciones en nuestra oficina durante varios años, así que todos los que se iban no podían ser reemplazados”. Llegó un momento, dijo, en que el dinero era tan escaso que solo mandar un paquete por Fedex requería un memorándum justificando el gasto.

Las limitaciones eran aún peores en el FBI, de acuerdo diversas fuentes. Después de los atentados del 11 de Septiembre, el terrorismo doméstico se convirtió en un enfoque mayor para el FBI y otras fuerzas de seguridad, sacando recursos del área de denuncias de crimen financiero. Por encima, a los agentes del FBI “en efecto se les disuadía de investigar los casos [de quiebra],” dijo Davis, porque el fraude de bancarrota es clasificado en el nivel menor de crímenes financieros.

El Programa Fiduciario federal también ha sido exprimido por recortes de presupuesto. En un testimonio reciente al Congreso, el director del programa se jactó de su “diligente administración de recursos cada vez más escasos,” dado que su personal ha sido reducido en un 14% durante los últimos diez años.

Los abogados del Programa Fiduciario federal pueden hacer denuncias civiles como respuesta a transgresiones, pero no cargos criminales. Para esto, remiten los casos a otras agencias. Los fiscales estatales y locales pueden hacer denuncias a veces, pero solo si también se han violado leyes locales como parte de la trama.

En una declaración oficial a ProPublica, el Departamento de Justicia resaltó las actividades del Programa Fiduciario federal para identificar crímenes en quiebras y entrenar a otros para identificarlos: “Con el paso del tiempo, estos esfuerzos colectivos dentro del Departamento de Justicia y con la comunidad más amplia de bancarrota pueden resultar no solo en un aumento en remisiones y denuncias penales, sino también en una mayor disuasión de crímenes por quiebras desde el inicio”. La declaración no explicó cómo este aumento en denuncias penales “podría” ocurrir.

La falta de recursos disponibles para denuncias vinculadas a las quiebras no está limitada a Los Ángeles. En Milwaukee, hace tiempo que los jueces de bancarrotas están preocupados por la conducta de los preparadores de solicitudes.

“Es algo trágico porque la gente que está siendo victimizada por esto son los más vulnerables,” dijo la jueza Susan Kelley, jefa de los jueces de quiebras en el Distrito Este de Wisconsin.

Cada abril, después de que han pasado los meses más duros del invierno del Medio Oeste, la compañía de energía de Milwaukee termina su suspensión invernal de cortar servicios de gas o electricidad por causa de falta de pagos. Amenazados con perder los servicios, muchos residentes responden presentando solicitudes de quiebra, frecuentemente con la ayuda de preparadores, de acuerdo a Kelley.

La gran mayoría de esos deudores tienen bajos ingresos y son de raza negra. Según el análisis hecho por ProPublica de los casos presentados en el distrito desde 2013 hasta finales de 2015, casi la mitad de los casos de Capítulo 7 tramitados por deudores en zonas de mayoría negra fueron hechos sin abogado. En las zonas de mayoría blanca, solo un 5% de los casos fueron presentados pro se.

Frenar a estos preparadores algunas veces ha resultado estar fuera del alcance de los poderes de la corte. En un ejemplo, los jueces mandaron dos veces a alguaciles federales para forzar a una preparadora a presentarse en corte y explicar por qué había ignorado las órdenes de la corte y las multas. Cuando ni esta medida la detuvo, la corte intentó abrir un procedimiento criminal.

La oficina del fiscal federal se abstuvo de hacer la denuncia, sin embargo, porque “haberlo hecho no sería un uso prudente de recursos de la justicia”, según una orden de una corte de distrito.

“Simplemente encuentro muy frustrante no poder hacer algo más”, dijo Kelley, que dijo que no recuerda haber escuchado de ninguna denuncia penal a un preparador en el distrito. “Esta gente abusa de los más pobres de los pobres”.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Wisconsin declinó hacer comentarios.

Thom Mrozek, portavoz de la Oficina del Fiscal Federal de Los Ángeles, reconoció que el personal ha sido especialmente reducido “en varios momentos durante los últimos 10 años”, pero dijo que está aumentando de nuevo. “Dedicamos nuestros recursos limitados después de evaluar los hechos de un caso individual, y también nuestro deseo de enfrentar los crímenes más serios y maximizar la disuasión en las áreas de más alta preocupación”.

La oficina ha presentado algunas denuncias penales importantes por fraude en quiebras en años recientes. Pero hasta aquellos casos a veces terminan demostrando lo limitada que ha sido la vigilancia de las leyes de bancarrota.

El pasado junio, el gobierno federal denunció penalmente a Mickey Henschel, que es una institución en Los Ángeles. En 1995, fue el sujeto de un perfil periodístico en el periódico Los Ángeles Times.

El autor se maravillaba de que, a pesar de varias actividades supuestamente fraudulentas (incluyendo armar quiebras por gente ficticia), Henschel había logrado mantenerse fuera de la cárcel. Nueve años después, el Times hizo otro reportaje sobre Henschel, comentando, “uno de los sitios más seguros para cometer fraude es el Sur de California”, y otra vez se maravilló de su habilidad para eludir la prisión, a pesar de varios choques con la ley y un largo historial de supuesto fraude en quiebras.

Ahora, cuando ya casi tiene 70 años, Henschel finalmente ha sido acusado penalmente por una supuesta trama de presentar bancarrotas falsas para dar falsas esperanzas a propietarios desesperados, entre otras tácticas. Su empresa ha cobrado más de 7 millones de dólares a sus víctimas, según los fiscales. Henschel se ha declarado no culpable. Su abogado no respondió a mis preguntas.

Para los fiscales que han trabajado en el distrito, la existencia de operadores de largo tiempo como Henschel ayuda a explicar porque el fraude por quiebras es tan común aquí. Los estafadores enseñan su oficio a otros, que enseñan a otros más. Hoy en día las mañas ya están tan expandidas que no hay esperanza. Y la demanda, cuando la economía va mal, puede no tener límites.

“Tenemos este problema mayor de fraude al consumidor aquí, y no tenemos ningún elemento de disuasión”, dijo Tighe. “Es una pena, porque da un mal nombre al proceso de bancarrotas para la gente que realmente lo necesitan y quienes lo están usando legítimamente”.

La reportera de datos de ProPublica Hannah Fresques y la reportera de enlace con el público Adriana Gallardo contribuyeron a este reportaje, además de Verónica Villafañe y Sarah Betancourt. Traducción al español por Carmen Méndez.