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Laura Peña, exabogada litigante del Departamento de Inmigración y Aduanas, ahora trabaja pro bono con clientes que buscan obtener asilo en la frontera. (Loren Elliott, especial para ProPublica)

El caso que hizo que una exabogada de ICE se diera cuenta de que el gobierno se estaba basando en “pruebas” falsas contra los migrantes

Años después de renunciar a su empleo como abogada del Departamento de Inmigración y Aduanas, Laura Peña regresó a la lucha, pero esta vez en defensa de los migrantes a quienes solía procesar. Fue entonces que un desconcertante caso de separación de una familia la obligó a analizar todo lo que había aprendido.

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Laura Peña podía ver que su cliente de 36 años de edad se estaba consumiendo. Demacrado y ojeroso después de estar casi dos meses en la cárcel, Carlos se pasó los dedos por el cabello y abrió las manos para mostrarle los manojos que se le estaban cayendo. Estaba tan angustiado porque le habían quitado a sus dos pequeños hijos en la frontera, que apenas podía hablar sin llorar.

Después de que solicitó asilo político, los agentes fronterizos y de inmigración lo acusaron de ser miembro de la conocida pandilla MS-13 en El Salvador, un delincuente no apto para entrar a los Estados Unidos. Sin embargo, Peña lo observó y no detectó ninguna de las marcas típicas de la pertenencia a una pandilla, los exagerados tatuajes de la MS-13, y Carlos no tenía antecedentes penales en su país de origen. Él era el único a cargo del cuidado de su hijo de 7 años y de su hija de 11. Incluso había traído una carta oficial del Ministerio de Justicia de El Salvador, en la que se hacía constar que nunca había estado en la cárcel. Había algo más acerca de este caso que le molestaba a Peña, ya que había estado acribillando a los abogados del gobierno con llamadas telefónicas y correos electrónicos durante semanas, pero ellos aún no habían revelado ninguna prueba que respaldara su acusación.

A diferencia de la mayoría de los abogados que trabajan pro bono para reunir a familias, Peña estaba familiarizada con la MS-13 porque ella misma había solicitado la deportación de pandilleros mientras trabajaba como abogada del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE). Ella entendía la forma en que funciona el sistema, porque había formado parte de él. Su largo y abundante cabello rizado, que la hace lucir más joven que sus 37 años, acompaña a su forma de hablar directa, que raya en categórica, forjada por los años que pasó como fiscal en las filas frontales del debate de la migración. Peña sentía empatía por las dificultades de los clientes como Carlos, cuyo apellido no se utiliza en el presente artículo para protegerlo. Sin embargo, no estaba dispuesta a darle falsas esperanzas a ninguno de ellos. Si era pandillero, no tenía ninguna posibilidad de obtener asilo.

“Tiene que haber un error”, insistió Carlos aquel día de diciembre desde el otro lado de la rayada pared de plexiglás en la sala de visitas de la cárcel. “Por favor, ayúdeme”. Con tan solo verlo, Peña quería ayudarlo. Sin embargo, el sistema que ella había conocido, tan lleno de imperfecciones, se había convertido en una caja negra que ya no le era posible entender, con un conjunto siempre cambiante de reglas y políticas que otorgaban una discreción incalculable al gobierno. Ella ni siquiera podía hacer que los abogados de ICE cumplieran con uno de los principios fundamentales de un sistema justo, el de proporcionar pruebas de su caso, evidencia contra la cual pudiera pelear.

Para Peña y sus colegas, los casos como el de Carlos anunciaban una nueva y preocupante era. Los esfuerzos de la administración de Trump por implementar políticas migratorias más estrictas, como la separación de las familias, dejaron a un lado años de precedentes legales. Entonces, cuando el sistema judicial respondió revocando en público esas políticas, la administración descubrió formas nuevas de continuarlas calladamente. Peña y sus colegas de pronto comenzaron a encontrar cientos de casos nuevos de separación de familias a lo largo de la frontera, los cuales iniciaron después de que la política de “cero tolerancia” supuestamente ya había terminado en junio de 2018. Sin embargo, nadie podía dar seguimiento a lo que el gobierno estaba haciendo con cada caso.

Ahora, aquí estaba Carlos, quien simplemente parecía ser un papá agobiado por una profunda pena. Al principio, Peña había sentido escepticismo hacia él. Cuando se conocieron en noviembre de 2018, lo único que ella sabía era que lo consideraban una amenaza tal, que ICE y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo habían puesto en la sección de la cárcel de Laredo, Texas, designada para los delincuentes violentos. Peña utilizó el adiestramiento que le dieron en ICE para analizar su historia en busca de contradicciones, de señales de que estuviera mintiendo. Su principio guía era “confía, pero verifica”. Ya había repasado con él sus antecedentes en múltiples ocasiones, así como su historia de por qué había huido de El Salvador y de su empleo como gerente del almacén de una firma de diseño arquitectónico. Había hecho que repasara su historia una y otra vez hasta quedar satisfecha.

Como abogada pro bono del grupo legal sin fines de lucro Texas Civil Rights Project, Peña tenía una creciente pila de casos sobre su escritorio. Había pasado los últimos seis meses monitoreando los procesos de “cero tolerancia” en el tribunal, en busca de separaciones ilegales. Su misión era simplemente reunir a Carlos con sus hijos. Él tuvo más suerte que la mayoría, ya que la tenía a ella para que hiciera preguntas en su nombre. La mayoría de los migrantes arrestados en la frontera nunca ven a un abogado, y menos logran entender cómo deben defenderse contra los alegatos que se presentan contra ellos. Carlos era tan solo una gota en un río de casos.

Sin embargo, había algo en ese caso que hizo que ella quisiera profundizar más. ¿Qué era lo que el gobierno no les estaba diciendo?


En el Centro Correccional del Condado de Willacy, en Raymondville, Texas, Peña se prepara para reunirse con un cliente que fue separado de su hijo peque o. (Loren Elliott, especial para ProPublica)

Peña, quien creció en Harlingen, Texas, a corta distancia de México, asistió a la escuela con amigos indocumentados y con otros amigos cuyos padres trabajaban para la Patrulla Fronteriza y para el Servicio de Inmigración y Naturalización. Creció sumergida en la cultura de ambos lados de la frontera. Salió de ahí en cuanto se graduó de la preparatoria, ya que logró ingresar al prestigioso Wellesley College y después obtuvo empleo en el Departamento de Estado, donde se enfocó en la seguridad y los derechos humanos en Centroamérica.

Sin embargo, Peña anhelaba seguir los pasos de su padre y convertirse en abogada; así que asistió a la escuela nocturna de leyes en Georgetown. Después de graduarse, desesperada por obtener experiencia en litigio, se enteró de que ICE estaba buscando abogados. Peña no estaba segura de estar preparada para deportar a personas. La mayor parte de su familia y los pocos amigos a quienes les dijo se mostraron consternados ante esa idea. Como temía que no volvieran a dirigirle la palabra jamás, ocultó sus planes y no les informó a sus amigos del mundo de la defensa migratoria. Sin embargo, su padre, quien en alguna ocasión también fuera un joven abogado novato, entendió su dilema mejor que la mayoría. “Haz lo que tengas que hacer”, le aconsejó. “No te preocupes por lo que puedan pensar los demás”. Uno de sus mentores, quien era abogado de migración, la alentó para que solicitara el empleo y tratara de hacer que ICE fuera una agencia más humanitaria desde su interior. “Necesitamos personas con tu mentalidad, que trabajen en el lado del gobierno”, le dijo a Peña.

La contrataron en 2014 y se mudó a Los Ángeles. El principio del mandato del presidente Barak Obama fue que los abogados de ICE ejercieran su discreción de procesamiento en los tribunales. Esto significaba que Peña podía analizar cada caso por sus propios méritos y enfocarse en deportar a delincuentes, otorgando al mismo tiempo la opción de quedarse a las familias que calificaban para asilo o residencia legal. Dice que trató de ejercer el increíble poder que se le había otorgado con justicia y una cuidadosa consideración para poder sentirse orgullosa. Sin embargo, su idealismo duró poco. Caso tras caso, agregó, fue perdiendo gradualmente la idea de que podía ser una influencia positiva en un sistema migratorio que ya se encontraba en caída libre. Un día en el tribunal, le pidieron que tomara el caso de un bebé de seis meses de edad que estaba programado para deportación. En alguna parte del abrumado sistema, el caso del bebé se había separado del de su madre, quien estaba sentada en el tribunal, llorando. El juez, quien estaba furioso, dijo que ese tipo de descuido podía resultar en la deportación de un bebé de seis meses sin su madre. Peña se sintió horrorizada y avergonzada, así que ató las dos carpetas de los casos con una liga de hule y escribió “unidad familiar” en la parte superior con una pluma roja; entonces le aseguró al juez que no los separarían de nuevo. No era la primera vez que el sistema de cómputo de ICE la había decepcionado.

Después tuvo una audiencia en el tribunal que fue particularmente devastadora, en la que tuvo que argumentar que a una mujer africana que había sido víctima de una brutal violación y ataque a manos de la milicia de su país natal, no debería otorgársele el asilo porque tenía un documento de identificación fraudulento. Mientras el juez ordenaba su deportación, la mujer sufrió un fuerte ataque de pánico y cayó al suelo golpeándose el pecho mientras gritaba “¡No, no!”. Peña supo que nunca podría olvidar la forma en que la mujer había levantado la mirada hacia ella, y con ojos suplicantes le había rogado: “Por favor, ayúdeme”.

También hubo otros casos, y cada uno de ellos se hizo sentir, hasta que simplemente fue demasiado. En los peores días, dijo, sentía que nada de lo que había hecho, o de lo que podía hacer, lograría cambiar las cosas. Los inmigrantes llevaban siempre las de perder. La mayoría no podía pagar un abogado. Pocos ganaban sus casos. Peña estaba participando en un sistema que se rehusaba a seguir el debido procedimiento. A veces se preguntaba si había ayudado a enviar a esa mujer africana a morir. La culpa perduraba en el fondo de su mente.

Así que renunció. Aceptó un empleo corporativo que ofrecía buen sueldo en California como abogada de inmigración empresarial, ayudando a empresas a contratar a empleados extranjeros. Sin embargo, cuando las separaciones de familias llegaron a las noticias en el verano de 2018, sintió la necesidad de volver a involucrarse para tratar de equilibrar la balanza. Así que dejó su lucrativo empleo corporativo y, a los 35 años de edad, regresó a vivir con sus padres en el sur de Texas. Tomó un empleo como abogada visitante con un sueldo modesto en TCRP, que tiene una oficina cerca de los tribunales federales de McAllen, Texas.

Arriba: Peña en Harlingen, Texas, donde creció. La ciudad está a una corta distancia de México. Abajo: Peña, en su auto, apunta el número telefónico de un defensor público en una servilleta. (Loren Elliott, especial para ProPublica)

No había vivido en la frontera desde hacía casi 20 años. Lo que encontró al regresar fue caos, defensores públicos federales abrumados que buscaban ansiosamente a los hijos de sus clientes, quienes estaban siendo procesados en los tribunales penales de conformidad con la política de “cero tolerancia” de Trump. Peña y sus colegas de la organización sin fines de lucro se pusieron a trabajar entrevistando a los padres y tratando de dar con el paradero de sus hijos que habían sido enviados a otros lugares sin ninguna documentación que permitiera conectarlos con sus familiares. Recordó al bebé de seis meses al que había representado en el proceso de expulsión. En ese tiempo, la separación de familias era poco frecuente. Ahora era una política oficial que no contaba con ningún plan para reunir a las familias.


A Peña le tomó más de una semana localizar a los hijos de Carlos. Los encontró en un refugio del gobierno en las afueras de Corpus Christi, Texas, a dos horas de distancia por carretera de Laredo. Pasó dos semanas adicionales negociando con los funcionarios de ICE y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), organismo a cargo de supervisar los refugios para niños, para que permitieran una llamada telefónica entre Carlos y sus hijos. La llamada telefónica aminoró un poco su ansiedad, pero también fue muy angustiosa. Su hija de 11 años lloró todo el tiempo y le suplicó a Carlos que fuera por ellos. Su esposa, separada de él, quien también es indocumentada y vive en el estado de Washington, había solicitado la custodia, pero ICE necesitaba efectuar una verificación de antecedentes y tomarle las huellas digitales antes de permitir la liberación de los niños.

La esposa de Carlos le había enviado un correo electrónico a Peña que incluía una foto de Carlos con sus dos hijos, en la que todos lucían enormes sonrisas. Se veían muy felices juntos. Quizás fue la fotografía, la relación de comunicación que había desarrollado con él, o la acusación de pandillero que se basaba en unas pruebas misteriosas (que pensaba que eran falsas), pero Peña creía que él merecía otra oportunidad.

Sin esa acusación, Carlos y sus hijos probablemente habrían sido procesados como otros solicitantes de asilo y habrían sido liberados con una fecha para presentarse en el tribunal ante un juez, o habrían sido detenidos juntos en un refugio para familias. Pero ahora ICE podía deportarlo rápidamente.

Ella tendría que tomar personalmente su caso de asilo, pero no podía hacerlo sola. Necesitaría persuadir a otros abogados, de firmas con sólidos medios económicos, para que se unieran al caso como voluntarios. Esto también implicaba que tendría que poner en riesgo su reputación, en caso de que se equivocara con Carlos. Ese verano, por fortuna, varias firmas de ese tipo habían ofrecido su ayuda a las pequeñas organizaciones sin fines de lucro que se encuentran a la vanguardia de la lucha en contra de la separación de familias.

Peña sale del Centro Correccional del Condado de Willacy después de su reunion. (Loren Elliott, especial para ProPublica)

Se acercaba la Navidad cuando llegó el momento de visitar a Carlos y este, consumido en su uniforme rojo de la prisión, le mostró los manojos del cabello que se le estaba cayendo. Las cuatro horas de traslado conduciendo desde la casa de sus padres en Brownsville hasta la cárcel de Laredo se le estaban volviendo rutinarias. Cada vez que la vieja camioneta Nissan de su madre, que ya pasaba de las 150,000 millas, tironeaba y traqueteaba en la carretera, ella subía el volumen de la música pop en español para ahogar el ruido.

Ese día, Carlos era un manojo de miedos, de nunca volver a ver a sus hijos, de la furia de los pandilleros en El Salvador, que habían amenazado con matar a su familia cuando él no pudo cumplir con la extorsión que le exigían. Para ellos, le dijo a Peña, él había desobedecido su autoridad al huir del país, lo cual se castigaba con la muerte.

“Solo venimos a este país porque no teníamos otra opción”, informó que le había dicho Carlos a gritos para que ella pudiera escucharlo a través de la barrera de plexiglás, porque los teléfonos de la cárcel se habían descompuesto de nuevo. “Amenazaron con matar a mis hijos”.

“Le creo”, le dijo Peña, presionando firmemente la mano contra el plexiglás. “Lo que le han hecho a usted es una grave injusticia. Pero ahora estoy aquí, y voy a ayudarle”.

Sus colegas de TCRP estuvieron rápidamente de acuerdo en que el caso de Carlos era lo suficientemente atroz como para garantizar su tiempo y recursos limitados, si ella lograba persuadir a una firma más grande para que les ayudara. Se habían enterado de que otras familias habían sido separadas en la frontera debido a vagos alegatos de haber participado en pandillas y querían obtener respuestas al igual que ella. Esa noche envió un SOS a un puñado de firmas más acostumbradas a representar a compañías del Fortune 500 y a políticos, que a padres de familia sin un centavo y detenidos en migración. En su correo adjuntó la foto de Carlos con sus hijos. Peña hizo una solicitud directa de ayuda. “Reunamos a esta familia antes de Navidad”, escribió. “¿Quién se unirá conmigo?”


Pasó la Navidad, y también el Año Nuevo. Durante el día, Peña creaba estrategias para el caso de Carlos, así como para otros casos de TCRP. Por la noche, trabajaba en la oficina de la casa de su padre en un informe en el que documentaba los cientos de separaciones de familias que ella y sus colegas habían descubierto. Muchas de las separaciones, como la de Carlos, se basaban en alegatos vagos de pertenecer a pandillas o en un supuesto pasado delictivo. Su única distracción era una alegre perra ovejera a la que adoptó después de que un día apareció en la puerta de la casa de sus padres. Faltaba a baby showers y a fiestas de cumpleaños, y buscaba pretextos para no asistir a invitaciones a cenar con una amiga que se quejaba de que bien podría haberse quedado en California.

Peña se sentía cada vez más indignada porque Carlos permanecía en la cárcel sin pruebas. Para empeorar la situación, se avecinaba un cierre del gobierno, y, por ende, los abogados a cargo del caso de Carlos ya no le devolvían las llamadas.

Las botas vaqueras de Peña. Cuando las separaciones de familias ocuparon los encabezados en el verano de 2018, Peña dejó un lucrativo empleo corporativo en California y se mudó de nuevo con sus padres al sur de Texas. (Loren Elliott, especial para ProPublica)

Una firma legal corporativa, Haynes and Boone, respondió a su pedido de ayuda y se ofreció a ayudar pro bono (Haynes and Boone representa a ProPublica en un caso de difamación que no está relacionado). La firma cuenta con oficinas en todo el mundo, y precisamente tiene el tipo de poder legal que ella necesitaba. Un equipo de abogados se puso en acción y presentó una moción de emergencia en la que solicitaron que se suspendiera la deportación de Carlos y que se reconsiderara su solicitud de asilo. En la moción también solicitaban que se le permitiera reunirse con sus hijos mientras su caso pasaba por el proceso legal. Un juez otorgó de inmediato la suspensión, lo cual les permitió disponer de algo de tiempo.

Sin embargo, para ese momento el gobierno ya se había detenido, mientras el presidente Donald Trump alegaba con el Congreso sobre la construcción de un muro en la frontera. El fiscal a cargo del caso de Carlos le informó a Peña que su queja se iría al final de la fila mientras el Departamento de Justicia (DOJ) trabajaba en casos de emergencia, como las expropiaciones de tierras para construir el muro. Gracias al dictamen del juez, Carlos no podría ser deportado en esos días, pero tendría que permanecer en la cárcel durante el futuro inmediato.


A Peña le preocupaban los hijos de Carlos. Llevaban más de dos meses encerrados en un refugio, y a ella le preocupaba que cada día adicional les provocara mayores traumas. Para tranquilizar a Carlos, y tranquilizarse ella también, condujo durante dos horas al refugio de Driscoll, un pueblo que se encuentra cerca de Corpus Christi, para asegurarles que estaba haciendo todo lo posible por reunirlos con su papá.

En la sala de visitas, los niños usaron los crayones, las plumas y el papel que Peña les llevó para que le hicieran unos dibujos a Carlos. Su hija lucía lamentablemente delgada y triste, mientras que su hijo trataba de poner una buena cara para evitar que su hermana llorara. Para la misma Peña fue difícil contener el llanto mientras estuvo sentada en la mesa con ellos.

“¿Por qué no podemos estar con papá?”, recordó que le preguntó la niña.

“Yo soy la abogada de tu papá, y estamos trabajando para sacarlo de la cárcel”, le respondió. “Hubo un malentendido cuando ustedes cruzaron la frontera”.

“Oh, pensaron que era pandillero”, dijo la niña con naturalidad mientras dibujaba cuidadosamente en su papel.

Peña, quien no tiene hijos propios, recordó lo observadores que pueden ser. “¿Tú crees que tu papá es pandillero?” le preguntó, observando la cara de la niña en busca de una reacción.

“No”, dijo, mientras sacudía la cabeza. Entonces comenzó a llorar. Peña observó que había dibujado una imagen de una familia unida, todos tomados de las manos.

“Pues yo tampoco lo creo”, le dijo Peña. “Y es por eso que vamos a pelear para sacar a tu papá”.

Cuando Peña salió del refugio del gobierno, subió a la vieja camioneta de su madre que estaba en el estacionamiento, encendió el aire acondicionado y se puso a llorar.


Como tenía una orden de deportación pendiente, Carlos se había quedado sin opciones en el tribunal de migración. Peña y el equipo legal de Haynes and Boone tendrían que llevar su caso a los tribunales federales. Decidieron cuestionar la separación de Carlos de sus hijos por motivos constitucionales en Washington, D.C. Desde que se había llevado a cabo la separación de familias por órdenes de Trump, un puñado de casos se había litigado ahí por la inconstitucionalidad de las separaciones. Además, un hecho muy importante era que el juez de distrito de EE. UU. Paul Friedman había ordenado que reunieran a una mujer de El Salvador, cuyos abogados decían que había sido falsamente acusada de ser pandillera, con su hijo de 4 años. Esperaban que el juez hiciera lo mismo con Carlos.

El gobierno todavía no le permitía a Peña revisar un documento clave, conocido como el formulario I-213, aunque ya lo había solicitado varias veces. Ese formulario, que es similar a un informe de la policía, mostraría las diversas bases de datos en las que se había buscado el nombre de Carlos en el centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza, así como lo que habían encontrado. Los abogados presentaron una solicitud para ver el expediente de Carlos en nombre de la Ley de Libertad de la Información, ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, su experiencia le indicaba a Peña que eso probablemente tardaría varios meses, lo cual de poco les servía en esos momentos.

Peña trabaja en un espacio de oficina del Proyecto de Representación Pro Bono para Asilo del Sur de Texas (ProBAR) en Harlingen. (Loren Elliott, especial para ProPublica)

Presentía que la información errónea provenía de El Salvador, pero al no saber específicamente de dónde, era casi imposible encontrar un investigador allá que descubriera algo útil para ayudar a limpiar el nombre de Carlos.

Justamente cuando sentía que había llegado a un callejón sin salida, los padres de Carlos se ofrecieron a ayudar. Durante todo el mes de enero, la pareja de ancianos recorrieron en autobús todo San Salvador, la capital, visitando una dependencia gubernamental tras otra, con poco éxito. Por último, en el tribunal federal, donde se archivan los expedientes penales y las órdenes de arresto, los padres de Carlos hicieron un importante descubrimiento: un hombre cuyo nombre era casi idéntico al de Carlos, con la misma fecha de nacimiento, tenía una orden de arresto pendiente por ser pandillero.

Este hallazgo reforzó la teoría de Peña de que se trataba de un caso de identidad equivocada. Le pidió a la madre de Carlos que diera una declaración jurada de su hallazgo ante un abogado de El Salvador, para después presentarla como prueba en su caso.

Si el gobierno había cometido un error, entonces tenía que haber alguna manera de limpiar el nombre de Carlos. El 12 de febrero, por fin logró obtener una pista. En respuesta a su demanda, ICE presentó una declaración jurada de Mellissa B. Harper, una funcionaria que trabaja en la dependencia que supervisa los refugios familiares. Harper dijo que había revisado “documentos y expedientes electrónicos” que revelaban que Carlos tenía una afiliación documentada con la MS-13. “El Departamento de Estado y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. que operan en El Salvador introdujeron esta información en las bases de datos del gobierno de EE. UU.”.

Como abogada de ICE, Peña estaba familiarizada con las bases de datos que mantenía CBP, y sabía que el FBI había estado dirigiendo fuerzas de tareas durante varios años en El Salvador, pero ¿por qué estaba el Departamento de Estado introduciendo información acerca de la supuesta membresía de Carlos en una pandilla? Durante el tiempo en que trabajó ahí, su área de especialidad fue América Central, pero nunca había sabido que el Departamento de Estado compartiera información con DHS para deportar a personas en la frontera.

Peña envió correos electrónicos a los pocos contactos que aún tenía en el departamento, pero nadie le respondió. En Internet, solo logró encontrar descripciones escuetas. En mayo de 2017, el Buró del Departamento de Estado para Narcóticos y Asuntos Internacionales Relacionados con la Aplicación de la Ley creó y financió un nuevo centro de inteligencia contra pandillas, con sede en El Salvador. Se llamaba Grupo Conjunto de Inteligencia Fronteriza (GCIF), y trabajaba en conjunto con DHS y con la fuerza de tareas del FBI en América Central.

Peña trabaja como voluntaria en la Casa de Asentamiento del Buen Vecino en Brownsville, Texas, donde asesora a los inmigrantes que buscan obtener asilo. (Loren Elliott, especial para ProPublica)

En los expedientes públicos solo había una mención breve de las actividades del centro. En enero de 2018, Richard H. Glenn, subsecretario de estado adjunto en funciones del buró, le informó al Subcomité de Seguridad Nacional del Congreso que durante ocho meses en 2017, habían enviado a oficiales de policía salvadoreños a la frontera en McAllen para “ayudar al DHS y a las fuerzas de la ley estatales y locales a identificar, arrestar o negarle la entrada a pandilleros”.

Los 10 oficiales de policía se volvieron parte de un equipo permanente en El Salvador, que también incluía a oficiales de migración y a dos oficiales correccionales que trabajaban junto con los agentes estadounidenses de DHS. En menos de un año, dijo Glenn, el programa les había permitido identificar a “240 miembros de la MS-13 que eran desconocidos para los oficiales de EE. UU., así como a 46 que las autoridades salvadoreñas no conocían”.

Peña se preguntó si contaban a Carlos como uno de esos miembros de la MS-13 que Glenn había mencionado en su testimonio. Ella sabía que probablemente no había forma de confirmarlo. Observó que el proyecto piloto se había llevado a cabo en la misma estación de la Patrulla Fronteriza en McAllen donde acusaron a Carlos de ser pandillero y donde lo separaron de sus hijos (CBP refirió las preguntas al Departamento de Estado. Un vocero de ese departamento no hizo comentarios específicos sobre Carlos, pero dijo que el programa había mostrado “resultados positivos concretos y había ayudado a identificar a un total de más de 5,000 sujetos con antecedentes penales”).

Peña encontró en Internet una fotografía de Kirstjen Nielsen, secretaria de DHS en ese momento, mientras presentaba un premio a CBP y a los oficiales salvadoreños en Washington, D.C., con una dedicatoria que decía: “En reconocimiento a los dedicados esfuerzos binacionales enfocados en compartir información para identificar a pandilleros centroamericanos que tratan de entrar ilegalmente a los Estados Unidos”.

¿Pero qué pasaba con quienes habían sido falsamente acusados?

Los códigos de larga distancia para los países de América Central están pegados en una mesa de la Casa de Asentamiento del Buen Vecino. (Loren Elliott, especial para ProPublica)

De vuelta en Washington, Friedman fijó la fecha de la audiencia de Carlos para el 21 de febrero, pero los abogados del DOJ protestaron diciendo que el caso no era prioritario para ellos, ya que tenían que ponerse al corriente por el atraso provocado por el cierre del gobierno. Querían posponer la audiencia por lo menos hasta marzo. Seguían rehusándose a proporcionar pruebas que relacionaran a Carlos con la MS-13, y se negaban incluso a hablar al respecto. Por lo menos, Peña tenía la tranquilidad de que los niños por fin habían sido liberados y puestos bajo la custodia de su madre.

Peña argumentó que la salud de Carlos se estaba deteriorando, y que temía por su salud mental si permanecía encarcelado por más tiempo. El gobierno permitió que se llevara a cabo la audiencia el 21 de febrero.

El día de la audiencia por la mañana, el equipo de seis abogados, incluida Peña, se reunió en la escalinata frontal del tribunal federal. Paloma Ahmadi, una joven abogada de Haynes and Boone, presentaría los argumentos del caso ante el juez junto con Peña. Peña y Ahmadi se saludaron afectuosamente, aunque era la primera vez que se reunían en persona.

Peña no había dormido mucho en las semanas anteriores a la audiencia. Una semana antes se había publicado su informe ante TCRP, en el cual documentaba los cientos de casos nuevos de separación de familias, haciendo sonar la alarma de que el gobierno continuaba separando sistemáticamente a los hijos de sus padres, con frecuencia sobre dudosas pruebas que el gobierno nunca proporcionaba. En julio de 2019, la Unión Americana de Libertades Civiles confirmó sus hallazgos y documentó que más de 900 padres e hijos habían sido separados desde que Trump supuestamente había puesto fin a la práctica un año antes.

Ahmadi y Peña presentaron las pruebas de la inocencia de Carlos ante el tribunal: la carta certificada del Ministerio de Justicia declarando que no tenía antecedentes penales, una carta de su antiguo empleador en la que hablaba de su buena moral y la declaración jurada de la madre de Carlos sobre sus hallazgos en El Salvador.

Después de que terminaron, Friedman se dirigió a los dos abogados que representaban al gobierno. “En este punto, las pruebas presentadas por el demandante, provenientes de El Salvador, muestran que no tiene antecedentes penales ni condenas, ¿o me equivoco?” les preguntó.

“Esas son las pruebas que ellos presentaron, sí”, contestó uno de los abogados.

“¿Impugnan eso?”, les preguntó el juez.

“No”, dijo, haciendo una pausa. “Pero lo identificaron en dos bases de datos separadas, lo cual impidió que lo alojaran en un centro residencial para familias. ... HHS tiene requisitos explícitos que dicen que la afiliación a una pandilla es un impedimento para otorgar vivienda”.

Peña se quedó perpleja ante el argumento del gobierno. Los abogados reconocieron que Carlos no era un delincuente, pero luego insistieron en que era pandillero porque las bases de datos del gobierno así lo decían. Sin embargo, se rehusaban a hablar de la naturaleza de las pruebas que contenían esas bases de datos. Peña supuso que una de las bases de datos era la que usaba la Patrulla Fronteriza para verificar antecedentes. La otra tenía que ser la nueva iniciativa del Departamento de Estado para recaudar información sobre pandillas. Eso generaba un montón de preguntas que nadie parecía estar dispuesto a responder, ni siquiera a dejar que las hiciera. ¿El centro recolectaba pruebas biométricas como huellas digitales, se preguntó, o solo nombres que la policía salvadoreña había proporcionado? ¿Y cómo estaban examinando la información de la policía? Ella misma había ayudado a redactar informes cuando trabajaba para el Departamento de Estado, en los que se documentaba la corrupción y los abusos a los derechos humanos cometidos por la policía en El Salvador (ICE y DOJ no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un vocero del Departamento de Estado dijo que investigan a cada analista del centro como lo requiere la ley).

“Su señoría”, dijo Peña, dirigiéndose al juez. “Cuando yo era abogada de ICE, siempre que teníamos pruebas en el tribunal de migración en las que se ponía en duda la precisión de la documentación, como funcionarios del tribunal teníamos la obligación de regresar y hacer nuestra debida diligencia. Lo que me sorprende de esto es que ni siquiera tenemos algunas de las pruebas básicas”.

“¿Las pidieron por escrito?” preguntó Friedman.

“Sí, su señoría. El gobierno se rehusó a proporcionar ningún tipo de documentación”.

“Muy bien, entonces presentaremos una moción para revelar pruebas”, dijo de manera cortante.

Peña se preguntó por qué tenía siquiera que presentar una moción, siendo que el gobierno debería haber sido franco con ella y compartir las pruebas que tenían en contra de su cliente. Durante toda la audiencia, los abogados del gobierno se rehusaron a cambiar su postura de que Carlos era una amenaza y tenía que ser deportado. Al final, Peña se sentía deprimida. Había llevado el caso de Carlos hasta el tribunal federal en Washington. Friedman no iba a otorgarles la reunificación que habían esperado obtener. El juez razonó que esto ya había ocurrido, porque los niños habían sido liberados al cuidado de su madre. Y Carlos, agregó, seguramente sería deportado de cualquier forma, así que no tenía caso.


Después de la audiencia en Washington, D.C., el equipo legal se encontró en territorio desconocido. Había muy pocos precedentes legales para la reunificación en casos de separación de familias, así que tendrían que utilizar su creatividad. Peña fue a visitar a Carlos en la cárcel para darle la noticia de que las cosas no habían salido tan bien como esperaban. Ahora regresarían a los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU., le informó, que tienen a su cargo los asuntos de asilo y ciudadanía, y pedirían de nuevo que le hicieran otra entrevista de temor creíble. Tendrían que ponerse a merced del gobierno. Si obtenía un resultado positivo, podría ser puesto en libertad bajo fianza. Pero todo quedaría a discreción del gobierno. En esencia, era una tremenda apuesta. Carlos, quien diariamente pasaba de la esperanza a la desesperación, le agradeció a Peña por sus esfuerzos. Ella había pasado muchísimas noches en vela por este caso, y ahora sentía que estaban empezando de nuevo. Su temor era que Carlos estuviera comenzando a dudar de ella y del equipo legal.

Pasaron tres semanas más, y entonces Peña recibió una llamada. Aunque parecía increíble, el gobierno le otorgaría a Carlos una oportunidad más de solicitar asilo. Unos días después, los dos participaron en una llamada en conferencia, Carlos en Laredo y Peña en su oficina de TCRP, con un oficial de asilo que se encontraba en Houston; la llamada duró tres horas y media, y en ella repasaron paso a paso el caso de Carlos. Al final, el oficial estuvo de acuerdo en que su petición era válida.

Ahora Carlos sería elegible para obtener libertad bajo fianza, lo cual significaba que quizás por fin podría salir de la cárcel. Además, no sería deportado hasta que un juez diera un dictamen en su caso de asilo. Por fin obtendría el debido proceso legal por el que Peña había luchado tanto durante todos estos meses.

Pieza de arte que Carlos hizo para Peña mientras estaba en la cárcel, para expresarle su agradecimiento (Loren Elliott, especial para ProPublica)

El 1 de mayo, seis meses después de haber sido encarcelado, Carlos compareció por video en un tribunal de migración casi vacío en San Antonio para su audiencia de fianza. Peña, que llevaba en las manos las carpetas repletas de las pruebas que había recolectado, se sentó enseguida de otro abogado de Haynes and Boone, frente al estrado del juez. Al otro lado se encontraba un solo abogado de ICE a quien Peña nunca había conocido.

Sintió cómo se iba poniendo tensa mientras evaluaba al abogado de ICE y la pila de carpetas que tenía frente a él sobre la mesa.

El juez de migración le preguntó a Peña si Carlos había pasado su entrevista de temor creíble.

“Sí, su Señoría”, respondió.

El juez le preguntó al abogado de ICE si se oponía a permitir que Carlos saliera libre bajo fianza.

“No, su Señoría”, respondió.

Peña quedó impactada. Después de la audiencia en Washington, esperaba que el abogado de ICE fuera igual de difícil, pero él ni siquiera mencionó el alegato de la afiliación a pandillas. En menos de 15 minutos la audiencia había terminado y a Carlos le habían otorgado una fianza de $7,500 dólares. En el pasillo afuera del tribunal, Peña le dio un abrazo al abogado de Haynes and Boone y luchó por contener las lágrimas. Estaba impaciente por ser testigo de los primeros momentos de libertad de Carlos.

Seis días después, Peña se encontró con Carlos en la central de autobuses de Laredo; iba acompañada de su mamá, que quería conocerlo después de tantos meses en que su caso había absorbido la vida de su hija. Peña lo llevó de vuelta a Brownsville en la SUV mucho más moderna de su mamá; ahí pasó la noche en un hotel, antes de volar al estado de Washington para reunirse con sus hijos. En el camino, Carlos se mostró emocionado y le dio repetidamente las gracias, pero también se dedicaron simplemente a platicar y reír. Peña nunca había sido testigo del lado más alegre de su personalidad, que también hizo que se sintiera alegre.

Sin embargo, su ánimo de celebración decayó después de que el vuelo de Carlos despegó hacia Washington, ya que siguió investigando y se dio cuenta de que el centro de inteligencia sobre pandillas del Departamento de Estado se había expandido recientemente a Guatemala, México y Honduras. Además, continuaba desarrollando su alcance en los Estados Unidos. Ellos solo habían descubierto la información errónea de El Salvador porque habían llevado el caso de Carlos a los tribunales, lo cual había requerido los servicios de un equipo de abogados y había tenido un costo de más de $100,000 dólares. Incluso con eso, ella no había logrado ver las pruebas y la base de datos seguía siendo en su mayoría un secreto para el mundo. Por lo que ella sabía el nombre de Carlos continuaba en la lista, y se había dado cuenta de que la responsabilidad de convencer a las fuerzas de la ley de sus respectivos países para que corrigieran cualquier información falsa recaía en los acusados, lo cual representaba una tarea casi imposible.

Se preguntaba cuántos padres más habría por ahí que estaban siendo falsamente acusados y separados de sus hijos. Estaba en una lucha constante para balancear sus preocupaciones con lo que de hecho era capaz de lograr. Carlos todavía tenía su caso de asilo pendiente y el alegato de su pertenencia a una pandilla continuaba acechando, listo para poner todo en peligro.

Después de despedir a Carlos en el aeropuerto, Peña condujo hasta su casa. Antes de que oscureciera, salió a pasear montando a caballo para tratar de olvidarse durante unos momentos de si Carlos realmente lograría vivir en paz, para olvidarse de las pilas de casos que se acumulaban sobre el escritorio de su padre en casa, y de los otros que seguramente llegarían y seguirían llegando. Se consoló con la idea de que, a pesar de lo que tenían en su contra, habían logrado inclinar la balanza de la justicia hacia el lado de Carlos. Él había logrado una segunda oportunidad.

Traducción por Mónica E. de León. Revisión en español por Mati Vargas-Gibson.

Laura Peña salió recientemente de TCRP, y ahora es administradora pro bono de la Comisión de la Asociación de la Barra Americana sobre Migración.

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Corrección, 13 de agosto de 2019: originalmente, en este reportaje se identificó incorrectamente uno de los lugares de trabajo de los padres de los amigos de Laura Peña en la escuela. Trabajaban para los Servicios de Inmigración y Naturalización, una dependencia precursora de ICE, no para ICE.

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