Las agencias del orden en Arizona están rechazando en gran medida un programa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que crece rápidamente y el cual permite a los oficiales locales actuar como agentes de deportación. Citan la experiencia de la oficina del alguacil más grande del estado, que fue removida del programa en 2009 después de que un juez federal determinó que los agentes incurrieron en perfilamiento racial y violaron los derechos constitucionales de los latinos.
Incluso en comunidades dirigidas por republicanos y conocidas por respaldar medidas más restrictivas de inmigración, los líderes policiales se están manteniendo al margen del programa de ICE conocido como el 287(g), que la administración Trump utiliza para reforzar sus esfuerzos de deportación masiva.
De al menos 106 departamentos de policía municipales, oficinas del alguacil y fiscalías de condado en Arizona, nueve actualmente tienen acuerdos para cooperar con ICE en la realización de arrestos, a partir del 15 de octubre. Tan solo cuatro departamentos en Arizona se han unido desde enero, cuando comenzó la campaña nacional de reclutamiento que ha llevado a más de 900 agencias a participar.
El explosivo crecimiento nacional del programa se basa en la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 20 de enero, que, entre otras cosas, pedía una expansión para que las agencias policiales locales “ejercieran las funciones de los oficiales de inmigración”.
La policía local tiene tres formas de participar en el programa 287(g). Las dos primeras son a través de los modelos de Control en Cárceles (Jail Enforcement) y de Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto (Warrant Service Officer), que limitan la colaboración local con ICE a las personas que ya han sido registradas en las cárceles. La tercera es a través del Modelo de Fuerza de Tarea (Task Force Model), mediante el cual los oficiales locales “sirven como multiplicadores de fuerza” en la aplicación federal de leyes migratorias “durante sus funciones policiales rutinarias”, según ICE.
ICE no respondió a las preguntas de Arizona Luminaria y ProPublica sobre el programa.
La mitad de los acuerdos en Arizona corresponden al modelo de control en cárceles, incluido el sistema penitenciario estatal, la única agencia con alcance en todo el estado, que se unió en 2020. Los alguaciles republicanos de dos condados fronterizos con México, Yuma y Cochise, firmaron este año acuerdos 287(g) para efectuar órdenes de arresto en sus cárceles, junto con el condado de Navajo, en el noreste del estado.
La única agencia local en Arizona que ha firmado un acuerdo de fuerza de tarea (task force) desde que ICE los restableció en enero es la Oficina del Fiscal del Condado de Pinal, un bastión republicano.
Bajo la administración Obama, ICE suspendió todos los acuerdos de fuerza de tarea en 2012. La medida siguió a una investigación del Departamento de Justicia que determinó que la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa, que tenía un acuerdo de este tipo bajo el entonces alguacil Joe Arpaio, había utilizado “prácticas policiales discriminatorias, incluidas detenciones, arrestos y revisiones ilegales de personas latinas”. En 2013, un juez federal dictaminó que, bajo Arpaio, la oficina del alguacil discriminó a los latinos durante las operaciones de control migratorio, violando sus derechos de la Cuarta y la Decimocuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables y al derecho a la protección igualitaria, respectivamente.
“Yo nunca he sido culpable de nada”, dijo Arpaio a Arizona Luminaria y ProPublica, a pesar de las decisiones judiciales. “Fueron tras de mí. Pero está bien. Y puedes decirle a tu audiencia que lo haría de nuevo”.
Brad Miller, fiscal del condado de Pinal y republicano, dijo que tiene la intención de certificar a cuatro agentes bajo el acuerdo de fuerza de colaboración que firmó en agosto. Miller explicó que estos investigadores procesarán violaciones migratorias relacionadas con personas que encuentren durante investigaciones de abuso infantil y drogas, en lugar de esperar a los agentes de inmigración. Dijo que no prevé que participen en redadas de ICE.
Miller procesó delitos sexuales en el condado de Maricopa cuando estaba vigente el acuerdo 287(g) de fuerza de tarea de Arpaio. Señaló que recuerda “el caos que resultó de eso” y que no quiere que se repita en el condado de Pinal. “No tenemos ninguna intención, y no participaremos en redadas ni en fuerzas de tarea de inmigración. Quiero dejar eso muy claro”.
Miller dijo que habló con funcionarios federales con los que su agencia colabora antes de firmar el acuerdo.
“¿Se nos exigiría unirnos específicamente a un grupo de trabajo de inmigración? Esa fue mi primera pregunta, y la respuesta fue no”, dijo. “Si ese fuera uno de los requisitos, no iba a ingresar al programa”.
A partir de octubre, ICE comenzó a reembolsar a las agencias locales con acuerdos de fuerza de tarea los salarios de los oficiales certificados y a pagar “bonos por desempeño” de hasta 1,000 dólares por oficial.
Miller aseguró que el dinero no influyó en su decisión. Dijo que ninguno de sus cuatro agentes estará asignado a tiempo completo al acuerdo 287(g), sino que solo participarán cuando sea necesario en el curso de otras investigaciones.
David Hathaway, alguacil del condado de Santa Cruz y demócrata, considera que los incentivos financieros son una táctica federal para apartar a los oficiales locales de sus labores cotidianas y dirigirlos hacia la aplicación de leyes migratorias.
“Considero que el programa es ilegal”, dijo Hathaway, cuyo condado comparte frontera con México. Basa su opinión en los fallos judiciales sobre la histórica ley estatal de inmigración de Arizona de 2010. La ley “muéstrame tus papeles” fue, en su momento, la más estricta del país en materia migratoria. Sin embargo, la Corte Suprema anuló la mayoría de sus disposiciones, dejando solo una que permite a la policía local verificar el estatus migratorio siempre y cuando no prolongue la interacción de los oficiales con las personas.
“La Corte Suprema dijo que esto no pertenece al ámbito de la aplicación de la ley local”, afirmó Hathaway. “Este es completamente un asunto federal”.
Desde entonces, estados como Texas y Florida han promulgado leyes anti-inmigrantes más agresivas. Florida también fue uno de los primeros en exigir que todas las agencias policiales de los condados se adhirieran al programa 287(g). Otros estados, en su mayoría del sureste del país, han seguido el mismo camino.
La Legislatura de Arizona, controlada por los republicanos, aprobó este año un requisito similar para las agencias policiales locales, conocido como el Arizona ICE Act. Pero la gobernadora demócrata del estado, Katie Hobbs, la vetó.
Chris Nanos, alguacil del condado de Pima y demócrata que dirige el departamento del alguacil más grande del sur de Arizona, ha prometido no involucrar a sus agentes en arrestos por deportación. El condado comparte una frontera de 130 millas con México. Nanos ha dicho que su departamento está enfocado en prevenir el crimen y que, para lograrlo, es fundamental que sus agentes generen confianza con las comunidades a las que protegen, incluidas las comunidades migrantes.
“La postura que adoptamos es: ‘Mira, tú tienes un trabajo que hacer y yo tengo el mío’”, dice Nanos en un video publicado por su oficina este año. “Pero, claramente, las leyes de inmigración y su aplicación son responsabilidad del gobierno federal”.
En el condado de Maricopa, donde vive la mayoría de la población de Arizona, el alguacil Jerry Sheridan dice que duda en certificar a sus agentes para patrullar junto a ICE, principalmente porque su oficina sigue bajo una estricta supervisión judicial debido a su participación pasada en el programa 287(g). Sin embargo, Sheridan ha respaldado el trabajo del programa de ICE dentro de las cárceles locales y señaló que ese fue el ámbito en el que el condado de Maricopa acertó al cooperar con la aplicación federal de las leyes migratorias.
“Se están enfocando en los inmigrantes ilegales que cometen delitos”, dijo sobre las asociaciones de las cárceles locales con ICE. “Y eso es, en realidad, en lo que debe centrarse una agencia de aplicación de la ley, en las personas que cometen crímenes aquí, en el condado de Maricopa. Y en eso es en lo que yo estoy enfocado”.
Sheridan sigue trabajando para reconstruir la confianza con la comunidad latina que se perdió a raíz de las redadas y operativos de Arpaio, que comenzaron cuando la oficina del alguacil firmó el acuerdo 287(g).
Para David Hathaway, el alguacil del condado de Santa Cruz, la pérdida de confianza es su principal preocupación con el programa en un condado fronterizo cuya población es 83% latina.
“No quiero que exista ninguna animosidad entre la población local y la oficina del alguacil”, dijo. “Quiero que confíen en nosotros y que no piensen que, solo por ser hispanos, los estamos persiguiendo”.
