En Mayo de 1985, un teniente del ejército de Guatemala llamado Jorge Vinicio Sosa Orantes desertó, voló a San Francisco y pidió asilo político, alegando que guerrilleros de izquierda en su país roto por la guerra le querían matar.

El oficial de 27 años describió sus hazañas de combate en su solicitud de asilo. Dijo que había servido como instructor en los comandos de elite conocidos como "kaibiles" y como "oficial de mando" en la sangrienta guerra civil de Guatemala.

"Es imposible para mí y para mi familia volver porque hemos sido condenados a muerte debido a mi participación en los varios combates en la zona conflictiva," escribió en su solicitud de asilo.

Funcionarios de inmigración rechazaron su pedido, pero Sosa solicitó asilo en Canadá y se hizo ciudadano allí. Volvió eventualmente a los Estados Unidos y consiguió la ciudadanía estadounidense también.

Recientemente, la odisea de Sosa tomó un giro extraordinario. El autoproclamado refugiado está acusado de haber cometido asesinatos múltiples cuando era militar. El mes pasado, Canadá le extraditó a Los Ángeles para ser juzgado por cargos relacionados a uno de los peores crímenes de guerra en la historia reciente de las Américas. Había huido al norte después de que fiscales le acusaran de mentir en formularios de inmigración para esconder su supuesto papel en la matanza de más de 250 personas en el pueblo de Dos Erres en 1982.

Sosa, hoy un instructor de karate de 54 años, evitó ser detectado durante años debido a los descuidos y a la falta de escrutinio por parte de los gobiernos canadiense y estadounidense, según documentos judiciales y entrevistas con Sosa, sus parientes, funcionarios y otros. Su juicio ofrecerá una mirada cercana a un supuesto líder de la unidad de comandos implicada en la masacre de Dos Erres: un caso que es un hito para los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, los cuales están vinculados por la violencia del pasado y el presente de Guatemala.

Durante una época en que muchos refugiados sufrían apuros en la penumbra, Sosa vivió cómodamente en América del Norte. Compró una casa, operó escuelas de karate y viajó por el mundo.

"Imagínate como las cosas pueden ser distintas para una persona y para otra," dijo Oscar Ramírez Castañeda, un sobreviviente de Dos Erres.

Ramírez pasó 14 años como inmigrante ilegal viviendo cerca de Boston, trabajando en dos empleos de tiempo completo para mantener a cuatro hijos. Su madre y ocho hermanos murieron en la masacre, pero Ramírez, con apenas tres años, fue raptado por un comando y criado por la familia del oficial. Las autoridades estadounidenses recientemente otorgaron asilo a Ramírez porque es una prueba viviente de la matanza. Ha aceptado declarar contra Sosa en el juicio.

Sosa, quién está encarcelado en el sur de California, insiste que es inocente. Niega las declaraciones de testigos presenciales que afirman que lideró los asesinatos de hombres, mujeres y niños y que tiró una granada en un pozo lleno de victimas. Sosa sostiene que se trata de una conspiración izquierdista para incriminarle.

"Es un juego que hace la guerrilla," dijo Sosa durante una breve entrevista telefónica el mes pasado mientras estaba todavía encarcelado en Calgary, Canadá. "Todo es una conspiración."

Añadió: "Sigo acá peleando mi inocencia."

Sosa insiste en que el día de la masacre él estaba trabajando en un proyecto de ayuda civil en otro pueblo. Sus omisiones en formularios de inmigración estadounidenses fueron lapsos inocentes, dice, enfatizando que no mantuvo secreto su pasado cuando solicitó el asilo.

"Ambos gobiernos sabían de mi servicio militar guatemalteco y mis acciones en guerra," Sosa escribió en una carta dada a ProPublica por su hermano Hugo. "Los Estados Unidos sabían perfectamente bien que yo era un oficial del ejército guatemalteco."

Documentos y entrevistas sugieren que funcionarios estadounidenses no lograron detectar o no se dieron cuenta de los datos del servicio militar de Sosa en al menos dos ocasiones cuando revisaron su caso. La historia también fomenta preguntas sobre la decisión de Canadá de darle refugio. Aunque no hay indicio de que los funcionarios de inmigración sabían de sus supuestos crímenes, el gobierno canadiense tenía conocimiento de acusaciones serias contra las fuerzas armadas guatemaltecas: un diplomático canadiense participó en una investigación estadounidense que concluyó que el ejército guatemalteco cometió la masacre de Dos Erres.

Treinta años después, el caso se ha convertido en una prueba de la lucha de Guatemala contra la impunidad. Las cortes han condenado a cinco soldados en los últimos 14 meses. Fueron las primeras condenas en una de las masacres más sangrientas de la guerra que terminó en 1996 y dejó más de 200,000 muertos. La fiscalía también ha acusado al ex-dictador Efraín Ríos Montt en el caso Dos Erres, alegando que fue el cerebro de la estrategia detrás de la masacre.

Sosa es el soldado de más alto rango de la unidad de comandos que ha enfrentado un juicio. Siete sospechosos, incluyendo los dos oficiales más altos de la unidad, siguen prófugos en una nación donde las fuerzas de seguridad, frecuentemente entrelazadas con mafias, retienen gran poder. Investigadores guatemaltecos creen que algunos fugitivos han sido cobijados por las fuerzas armadas y otros se mueven a través de la porosa frontera con Belice.

Las autoridades estadounidenses han detenido a otros tres comandos fugitivos que emigraron a los Estados Unidos. Gilberto Jordán, un exsargento residente en Florida, admitió culpabilidad de cargos similares a los emitidos contra Sosa y cumple una sentencia de 10 años en una prisión federal. Otro exsargento detenido por cargos de inmigración ilegal ha aceptado declarar contra Sosa en el juicio federal previsto para el 27 de noviembre en Riverside, California.

Experto en Artes Marciales

Nacido en la Ciudad de Guatemala en 1958, Sosa es el tercero de seis hijos de una familia de militares.

Su difunto padre fue un maestro de karate internacionalmente conocido que dirigió el entrenamiento de artes marciales del ejército guatemalteco, dijo el hermano de Sosa, Hugo, en una entrevista. Hugo Sosa es un ex-capitán del ejército de Guatemala que vive ahora en Sacramento, California.

Jorge Sosa, un hombre bajo y fornido, se graduó de la academia de oficiales como sub-teniente en 1979. Tuvo puestos en varias regiones, hizo entrenamiento como paracaidista y sirvió como comandante al mando de 40 soldados en una guardia de honor, según archivos del ejército y su propia versión. Ganó una cierta reputación por su destreza en las artes marciales. Un antiguo camarada militar recordó viéndolo enfrentarse en combates de karate a soldados taiwaneses que estaban de visita.

"Tenía una habilidad tremenda," dijo el antiguo soldado, quien pidió el anonimato para proteger su seguridad. Describió a Sosa como "caballeroso y amigable."

Sosa cumplió un severo programa de preparación para entrar en los comandos kaibil, una de las organizaciones de fuerzas especiales mas duras de latinoamérica. En julio de 1981, empezó como instructor de auto-defensa en la escuela de entrenamiento de comandos en la región del Petén del norte de Guatemala, según archivos militares y su versión.

"Este grupo de instructores y subinstructores reciben [sic] sus órdenes directamente del Director del Centro de Estudios Militares," Sosa dijo en su carta suministrada a ProPublica. "Nuestra misión fue brindar entrenamiento de contrainsurgencia a personal militar selecto a través de una prueba física. Este curso preparó a soldados regulares para ser más eficaces en combate contra las fuerzas de la guerrilla."

La guerra de 30 años contra movimientos guerrilleros de izquierda llegó a su pico a principios de los ochenta. Los rebeldes asesinaron a un embajador de Estados Unidos y cometieron otros actos de terrorismo, pero eventualmente las Naciones Unidas atribuyó el 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos a los militares. La ONU concluyó que la campaña sistemática contra grupos indígenas constituyó un genocidio.

Las matanzas aumentaron en 1982 cuando Ríos Montt, un general, llegó al poder después de un golpe de estado. La escuela de comandos cerró, y 20 instructores se convirtieron en una fuerza de reacción rápida para misiones itinerantes en una ofensiva nacional contra los guerrilleros.

Sosa fue uno de los cuatro tenientes que comandaron esta patrulla especial, siendo el que tenía menor antigüedad, según expedientes judiciales guatemaltecos y archivos militares. El comandante fue el Teniente Roberto Aníbal Rivera Martínez, quien está todavía prófugo, según expedientes judiciales y archivos.

En octubre de 1982, una emboscada de la guerrilla causó las muertes de alrededor de 20 soldados y la perdida de sus rifles. Datos de inteligencia indicaron un tiempo después que los rifles podían estar en la zona de Dos Erres, una aldea de granjas con 60 familias en la selva profunda cerca de la frontera mexicana. Altos mandos del ejército desplegaron la patrulla especial para recuperar los rifles y darles una lección a los aldeanos.

Disfrazados de guerrilleros, la unidad de 20 hombres asaltó Dos Erres en la mañana del 7 de diciembre, respaldada por una fuerza de apoyo de 40 comandos uniformados. Las tropas no encontraron ni los rifles ni evidencia de actividad guerrillera. El operativo se descompuso en un frenesí de violaciones, torturas y asesinatos que aniquiló a casi toda la población, según expedientes judiciales guatemaltecos y estadounidenses.

La investigación empezó 14 años después, pero produjo pruebas únicas. Rompiendo el código de silencio, dos soldados se convirtieron en testigos protegidos en los noventa y dieron sus testimonios sobre la matanza. Y los fiscales conectaron la unidad a la masacre a través de exámenes de ADN y otras evidencias que probaban que dos niños de Dos Erres habían sido raptados por comandos de la unidad y habían crecido en hogares militares.

Niños Raptados

El teniente Oscar Ramírez Ramos secuestró a un niño de 3 años, hoy conocido como Oscar Ramírez Castañeda. El teniente murió en un accidente de tráfico nueve meses después, pero su familia crio a Oscar como si fuera su hijo.

El sargento Santos López Alonzo raptó a un niño de 5 años, Ramiro Osorio Cristales, que a diferencia de Oscar era lo suficiente mayor para acordarse del ataque y de su vida anterior. Alonzo crio al niño en condiciones duras y abusivas, según expedientes judiciales guatemaltecos y entrevistas con Osorio e investigadores. Cuando el joven tenía 22 años, fiscales guatemaltecos lo encontraron, lo hicieron testigo protegido y le consiguieron estatus de refugiado en Canadá.

Las investigaciones guatemaltecas y estadounidenses identificaron a Sosa como un comandante del asalto a Dos Erres. Sosa tuvo un papel central en una escena macabra en el centro de la aldea, según los exsoldados. Los comandos trajeron a un grupo de campesinos con los ojos vendados uno por uno junto al pozo del pueblo, donde fueron interrogados, golpeados en la cabeza con un martillo, y arrojados adentro. Los soldados también tiraron a bebes y niños al pozo, el cual desbordaba de cadáveres al final del día.

Sosa no solo dio órdenes, sino mató a gente, según los testigos. El antiguo comando César Ibáñez identificó a Sosa como uno de siete tenientes y sargentos que ejecutaron a prisioneros al lado del pozo, según una transcripción de su testimonio en 2000.

Sosa y los otros les "pegaban con [un martillo] en la cabeza y luego les tiraban granadas de fragmentación para que murieran," declaró Ibáñez. "De parte de los oficiales el comentario que hicieron fue decir que nadie había visto nada y que él que abriera la boca que tomara en cuenta que la iba a cerrar para siempre."

Sosa se enfureció cuando un campesino le maldijo desde el pozo, dijo Favio Pinzón, un excocinero de la patrulla. El herido logró sacarse la venda de los ojos y se encontró encima de un montón de cuerpos vivos y muertos, Pinzón dijo a los fiscales en 1996.

"Dijo al Oficial [Sosa] Orantes, ‘Mátame’," Pinzón declaró. "Pues el oficial contestó ‘Tu madre,’ y el señor contestó ‘La tuya, hijo de la gran puta,’ pues cuando el Oficial Orantes le vió lo disparó con su fusil, pero eso no bastó y tiró una granada al pozo."

(Pinzón e Ibáñez repitieron sus historias durante entrevistas recientes para "Buscando a Oscar: Masacre, Memoria y Justicia en Guatemala,’’ un recuento de la masacre y el descubrimiento por Ramírez de su verdadera identidad hecho por ProPublica, This American Life y Fundacion MEPI en Mexico.)

En el caso en Florida, la declaración de culpabilidad de Jordán, uno de los exsargentos implicados, incluyó una descripción similar de un teniente disparando y tirando una granada dentro del pozo, según un documento de la corte de 2010 que no da el nombre del teniente.

Sosa niega las acusaciones. Asevera que Pinzón e Ibáñez no pertenecieron a su patrulla de comandos y que su patrulla no participó en combates.

"No estuve en "Las Dos Erres"," escribió (las letras en negrita y las sobrelíneas son de su carta). "Trabajábamos entrenando tropas selectas…No eramos tropas combativas."

En el día de la masacre, Sosa dice que estaba trabajando en un programa de ayuda civil en Melchor de Mencos, un pueblo a unas cien millas de distancia. Dice que participó en el programa desde octubre de 1982 hasta marzo de 1983.

"Me reuní con el Alcalde del pueblo, comisionados militares y maestros," escribió. "Fui a La Capital y tuve entrevistas con algunos Ministros Guatemaltecos y pude conseguir ayuda para los ciudadanos de Melchor de Mencos: 16 bibliotecas móviles para las escuelas, material educacional (como pizarras, tiza, libros, plumas, lápices, lápices de colores) y material deportivo…también ayudamos en la construcción de la escuela municipal "Salsipuedes." Fui patrocinador de un equipo de baloncesto llamado "Jimbas."

No queda claro si Sosa puede producir testigos u otras pruebas para apoyar su versión de los hechos.

"Yo sé que hay testigos, la cuestión es encontrarlos," dijo su hermano en una entrevista telefónica.

Los Sosa insisten que la masacre pudo haber sido realmente cometida por rebeldes, pero esa defensa ha sido desacreditada por las confesiones de militares en cortes guatemaltecas y estadounidenses.

La fiscal guatemalteca Sara Romero, que ha pasado 16 años investigando el caso, rechaza la coartada.

"Es mentira," dijo en una entrevista telefónica. "Tenemos testigos que lo vieron tirar una granada al pozo. Era uno de los jefes de la patrulla. Estaba allí."

El juicio de Sosa contará con una declaración sin precedentes de un nuevo testigo: Alonzo, el exsargento que crio al niño de cinco años de Dos Erres. En 2010, agentes federales en Texas detuvieron a Alonzo por cargos de entrar ilegalmente en Estados Unidos después de ser deportado. Fue condenado al tiempo que ya había cumplido esperando sentencia y aceptó dar testimonio para la fiscalía. Está encarcelado como testigo material en el sur de California.

Documentos en el archivo de extradición canadiense indican que Alonzo va a identificar a Sosa como uno de los comandantes a cargo y describir su papel en la masacre. El niño que fue raptado por Alonzo, Osorio, tiene 35 años hoy. En una entrevista telefónica desde Canadá, Osorio dijo que está contento de que el ex-sargento declare.

"Todos tienen que pagar por lo que hicieron," dijo Osorio. "La sicología de estos soldados es bien fea. Creo que esta elite de militares en Dos Erres eran gente capacitada para destruir, matar todo lo que iba enfrente de ellos. Ellos eran una maquina."

Atentados Fallidos

Sosa permaneció en el ejército durante dos años y medio después de la masacre, según archivos militares.

En 1984, comenzó una nueva asignación entrenando cadetes en la academia militar en la Ciudad de Guatemala. En julio de aquel año, dice que pasó una semana de vacaciones en Florida con otros oficiales, entrando con pasaportes militares oficiales. Cita esa visita como una razón por la que el gobierno de Estados Unidos tendría que haber sabido de su servicio militar.

Un año más tarde, sin embargo, su carrera llegó a un final abrupto. Las razones de su partida a California a principios de mayo de 1985 son oscuras.

Sosa entregó a las cortes canadienses y a ProPublica páginas de su solicitud de asilo de 1985 en donde explica que hizo sus misiones de combate siguiendo "órdenes de las altas esferas de las fuerzas armadas" y que había sido "condenado a muerte."

"Causó tantas bajas en la guerrilla que ellos le querían matar," dijo su hermano Hugo en la entrevista.

Pero Sosa y sus parientes ahora hacen una aseveración que no está en las páginas de la solicitud de asilo a Estados Unidos: que él se había desencantado con la guerra y estaba huyendo de los militares también.

"Me escapé de Guatemala el 10 de mayo de 1985 porque no estaba contento…con el ejército de Guatemala en la forma en que estaba manejando la guerra," Sosa escribió recientemente en una carta a Amnistia Internacional que fue obtenida por ProPublica. "Y también por las constantes amenazas y ataques de las fuerzas de la Guerrilla hacia mi familia y mi persona."

Sosa sobrevivió tres intentos de asesinato, según su hermano. Compañeros militares intentaron matar al teniente y a su padre motivados por venganzas personales internas, afirmó su hermano.

"Se fue porque había amenazas contra la familia," dijo Hugo Sosa. "Los autores eran tanto cuerpos de la guerrilla como del ejército. Lamentablemente, había envidias en las fuerzas armadas. Muchos no nos querían por envidia. Supimos que algunos de los atentados eran de G-2, que sería la inteligencia militar… Él había hecho muchos logros, muchas medallas. Había tenido buenos puestos. Esto creó envidia."

En un atentado en 1985, explica Hugo Sosa, agentes de inteligencia con metralletas emboscaron a Jorge Sosa y a su padre mientras conducían en la capital guatemalteca. Los Sosa repelieron a los asaltantes sacando sus propias armas, según la versión del hermano.

El antiguo compañero militar de Sosa dijo que él había escuchado que agentes de inteligencia querían matar a Sosa. En vez de la envidia, sin embargo, citó un móvil diferente: dijo que la inteligencia militar puso a Sosa en la mira por una disputa relacionada con su vida privada.

El hermano de Sosa dijo no saber nada de esta versión. La hoja de vida militar de Sosa dice que fue dado de baja por el delito de deserción el 20 de mayo, 1985.

Recibido en Canadá

Sosa llegó a California con su mujer y una hija pequeña, según su versión y archivos de Estados Unidos. Sus padres y una hermana también vinieron a San Francisco. Los recién llegados vivieron con Hugo Sosa, quien ya se había mudado allí después de casarse con una ciudadana estadounidense.

Los Sosa eran parte de un éxodo de centroamericanos huyendo de guerras. Los militares eran una minoría comparados con los refugiados por la persecución de las fuerzas armadas guatemaltecas, que tenían el apoyo histórico del gobierno de Estados Unidos, aunque exsoldados también consiguieron asilo.

Tres meses después de que Sosa solicitó el asilo, la oficina de asilo del Departamento de Estado mando una opinión asesora al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) federal concluyendo que el guatemalteco no había probado un temor bien fundado de persecución, según una carta del Departamento de Estado datada en agosto de 1985. El INS le informó de su decisión de rechazar su pedido de asilo en una carta fechada el 19 de Septiembre, 1985, según muestran los archivos. El INS empezó los trámites de deportación, según figura en los documentos.

Sosa se quedó en San Francisco tres años mientras él y su familia solicitaban asilo político en el consulado canadiense, siempre de acuerdo a los archivos. Canadá tenía una política de asilo más generosa que la de Estados Unidos en aquella época.

El pasado de Sosa invitaba al escrutinio. Dice que describió su servicio militar en su pedido de asilo a Canadá y que funcionarios estadounidenses se comunicaron con sus contrapartes canadienses acerca de su caso. Si es cierto, quiere decir que dejó claro que era un oficial y un veterano de combate de una unidad de elite en un ejército que era internacionalmente notorio por masacres, tortura y corrupción.

Además, el gobierno canadiense tenía conocimiento específico de la masacre de Dos Erres. Informaciones sobre el incidente habían llegado a la embajada de Estados Unidos desde fuentes del gobierno guatemalteco en un periodo en que los diplomáticos estaban bajo presión para indagar sobre reportes de masacres militares a lo largo de Guatemala, según cables del Departamento de Estado desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional de George Washington University.

Como resultado, tres funcionarios de la embajada de Estados Unidos viajaron desde la capital al norte de Guatemala el 30 de Diciembre de 1982, tres semanas después de la masacre, e hicieron una investigación. Fueron acompañados por el primer secretario de la embajada de Canadá, según los cables.

Los oficiales americanos concluyeron que el ejército guatemalteco había aniquilado a la población de la aldea, dice el cable. El diplomático canadiense, mientras tanto, "no estaba seguro de qué concluir con respecto a lo que había visto y específicamente era reacio a especular sobre quien podía haber destruido Dos Erres," incluye el cable.

A pesar de la respuesta titubeante del canadiense, el cable muestra que diplomáticos canadienses tenían conocimiento de las serias acusaciones contra los militares guatemaltecos—y la conclusión americana de que Dos Erres era obra de soldados. Si Sosa detalló su servicio en el ejército en su pedido de asilo, funcionarios de inmigración canadienses podían haber visto que sirvió como oficial en el norte de Guatemala y otras zonas violentas durante años en que el ejército fue acusado de abusos a gran escala.

Sosa y su hermano dicen que Canadá le dio asilo político. Pero funcionarios de justicia e inmigración canadienses se negaron a comentar sobre el tipo de estatus que recibió, citando restricciones por privacidad.

De todas maneras, Sosa y su familia se mudaron a Canadá como inmigrantes legales en 1988 y él se convirtió en ciudadano en 1992, según documentos y su versión.

Francisco Rico Martínez, un veterano defensor de refugiados centroamericanos en Canadá, dijo que Canadá ha aceptado otros antiguos soldados centroamericanos con pasados dudosos.

"La tasa de aceptación era muy alta en aquella época," aseguro Rico. "Había muchas deficiencias en el sistema que se han corregido. No me sorprende que entrara."

Los Sosa se mudaron a Lethbridge en la provincia de Alberta. El padre y el hijo establecieron una escuela de karate. Pero pronto Sosa se divorció de su mujer, con quien tenía dos hijos, y se fue a Nueva York a enseñar karate.

"Vino a Estados Unidos porque se divorció," dijo su hermano. "Vino a superarse. El comercio es más fuerte aquí que en Canadá."

En los noventa, Sosa conoció a una mujer guatemalteca en Nueva York, una ciudadana estadounidense que era la madre de uno de sus alumnos de karate, según archivos públicos y la versión de ella. Comenzaron una relación. Sosa se estableció en la ciudad y se casaron. Hoy, ella cree que él la manipuló para obtener papeles de inmigración.

"Me enredó," dijo la mujer, quien pidió ser identificada solo por su primer nombre, Sonia, por la seguridad de su familia. "No es una persona honesta. Se casó conmigo para conseguir la residencia. En su cabeza, yo me imagino que quería conseguir esto. Es una persona muy rara."

Sosa no mantuvo en secreto su pasado militar, aunque nunca mencionó la masacre de Dos Erres, dijo Sonia. Él le explicó que había dejado Guatemala huyendo de la guerrilla y el ejército, según la versión de ella.

"Nunca entendí porque los militares lo perseguían," dijo.

Sonia cree que las experiencias bélicas de Sosa tuvieron un efecto sicológico dañino en él.

"Ser un Kaibil es algo bien fuerte," dijo. "Tienes que ser muy centrado para que no afecte tu ser. Tenía como una doble personalidad."

Pistas No Detectadas

Gracias a su matrimonio con Sonia, Sosa solicitó la tarjeta verde.

Fiscales federales alegan que mintió en su solicitud de residencia permanente y durante una entrevista con un oficial de inmigración estadounidense el 30 de noviembre de 1998, según el expediente de extradición canadiense. Preguntado si había cumplido servicio militar extranjero, Sosa contestó "ninguno," según el expediente.

Trece años antes, sin embargo, había descrito su experiencia militar como la base de su fallido pedido de asilo en California. En 1998, oficiales de inmigración de Estados Unidos ya tenían un número de archivo existente para él como consecuencia de aquel pedido de asilo, como muestran los documentos.

¿Porqué no detectaron los oficiales en Nueva York la contradicción con los documentos anteriores de California?

La respuesta tiene que ver con un cambio por parte del INS de archivos de papel a registros digitales en los principios de los noventa, según dos funcionarios del Departamento de Homeland Security (DHS). Los oficiales del INS que revisaron el caso de Sosa habrían visto en su expediente que había solicitado asilo político en el pasado, explicaron los funcionarios. Pero para ver detalles como su pasado militar, tendrían que haber pedido el expediente de 1985 de los archivos de papel donde se guardan los casos de antes de 1990, afirmó un funcionario del DHS.

"Cuando alguien solicita una tarjeta verde, el individuo pasa por una rigurosa investigación de antecedentes," el funcionario de DHS dijo. "Pero de forma rutinaria no llegan al nivel de escrutinio de pedir el viejo expediente. Se basan en las investigaciones de antecedentes, las huellas digitales del FBI y cosas así."

La omisión de Sosa pasó desapercibida. Recibió su tarjeta verde en 1998. Dejó a su mujer y se mudó a California, donde se estableció en Riverside County al este de Los Ángeles, según su hermano, su exmujer y archivos públicos.

En 2000, mientras una democracia incipiente se fortalecía en Guatemala, la fiscalía guatemalteca puso cargos contra Sosa y el resto de la unidad de comandos por la masacre de Dos Erres. El poder del ejército y una ráfaga de apelaciones por abogados de la defensa mantuvieron el caso en limbo, impidiendo detenciones durante una década. Los medios guatemaltecos reportaron el caso y Sosa estaba al tanto de las acusaciones, según su hermano.

Durante la década, a Sosa le fue bien. Trabajó como gerente de oficina pero se enfocó más y más en enseñar karate, estableciendo cuatro escuelas en el sur de California, según su hermano. Sosa frecuentemente daba seminarios de karate en el extranjero, viajando al menos una vez al año a otros países incluyendo Argentina, Brasil, Costa Rica, Japón y México, según su familia.

Sosa se divorció de Sonia en 2006 y se casó de nuevo en California, según su hermano y archivos públicos. En 2007, solicitó la ciudadanía estadounidense en San Bernardino, California, según muestran los expedientes judiciales.

Fiscales federales le acusan de haber cometido tres crímenes durante el proceso de solicitud y una entrevista con un oficial de inmigración el 18 de marzo de 2008.

En su formulario de ciudadanía, Sosa respondió negativamente a una pregunta de si había cometido algún crimen por el cual no había sido arrestado, cuando de hecho, según la acusación, "había cometido crímenes incluyendo, sin limitarse a ellos, los asesinatos en Dos Erres." Preguntado por pertenencia a organizaciones en el pasado, no mencionó el ejército guatemalteco, detalla la acusación. Y dice que negó haber dado información falsa en el pasado, a pesar de haber escondido su servicio militar en su solicitud para la tarjeta verde en 1998.

Sosa se defiende insistiendo que los oficiales tendrían que haber sabido de su servicio militar por sus archivos. Cita su respuesta a la pregunta número 27 en su solicitud de ciudadanía que menciona su pedido de asilo, la cual describía su experiencia en combate.

"La primera vez que yo y mi familia entramos en los Estados Unidos fue el 10 de mayo de 1985," Sosa escribió, según una página del formulario de ciudadanía. "Entregué una solicitud de asilo político en San Francisco, California. Fue en un tiempo posterior que entregué mi caso a la embajada canadiense."

La respuesta escrita de Sosa explica también que oficiales de Estados Unidos rechazaron su pedido de asilo y ordenaron su deportación, pero anularon la orden cuando supieron que Canadá le aceptaba como inmigrante en 1988. La respuesta a la pregunta no menciona específicamente su servicio militar.

Si los oficiales federales hubieran preguntado a Sosa acerca de sus razones para pedir asilo político en Estados Unidos y Canadá, parece lógico que esa línea de interrogación probablemente habría logrado que admitiera su pasado militar.

Ya en 2008, el intento de juzgar el caso de Dos Erres había recibido cobertura mediática en Guatemala y más allá. Sosa dijo en su carta que también había revelado su servicio en el ejército cuando declaró a favor de un conciudadano guatemalteco en una corte de inmigración de San Francisco en 1986 y 1987.

Los inmigrantes rutinariamente se topan con problemas en el sistema por desaciertos u omisiones en sus formularios y entrevistas. Pero como había ocurrido en 1998, en 2008 Sosa aparentemente no despertó suficiente interés como para pedir el expediente de asilo rechazado o al menos preguntarle acerca del tema. Además, los funcionarios notan que ya había pasado un proceso de escrutinio anterior para obtener la tarjeta verde.

El gobierno de Estados Unidos otorgó la ciudadanía a Sosa en Septiembre de 2008. El presunto criminal de guerra había evitado ser detectado una vez más.

Tres meses después, sin embargo, un investigador del Departamento de Homeland Security abrió una investigación de Sosa vinculada a Dos Erres, según expedientes judiciales federales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos había fallado recientemente en contra de Guatemala por no proceder con el juicio de la masacre. La corte, que está basada en Costa Rica y es un árbitro regional de disputas mayores de derechos humanos, publicó la lista de los sospechosos. La unidad de crímenes de guerra de Homeland Security tomó interés en la lista e identificó a Sosa y tres fugitivos más que habían venido a Estados Unidos como inmigrantes.

Después de una larga investigación en Florida, Texas, California y otros lados, agentes federales registraron la casa de Sosa en Moreno Valley al este de Los Ángeles en mayo de 2010. Sosa se fue a México poco después. En enero del año pasado, viajó de México a Canadá. La policía le ubicó en Lethbridge, donde todavía vivían sus padres.

Como las cortes canadienses tienen jurisdicción sobre crímenes contra la humanidad, Canadá podía haber juzgado a Sosa por la masacre. Las autoridades podían también haberle extraditado a Guatemala para un juicio.

En vez de eso, Canadá decidió extraditarle a Estados Unidos para ser juzgado por los crímenes de inmigración, que implican una condena máxima de diez años. Funcionarios canadienses declinaron comentar sobre esa decisión.

La fiscal guatemalteca Sara Romero dijo estar decepcionada. Dijo que un pedido de extradición guatemalteco a Canadá reclamando a Sosa pasó desatendido.

"Los Estados Unidos le están juzgando por una ofensa menor que es inmigración," dijo. "Pospone nuestro caso."

Oficiales federales de Estados Unidos dicen que la extradición es parte de una ofensiva contra abusadores de los derechos humanos que buscan refugio aquí. Dicen que el caso también fortalece los procesos guatemaltecos. Algunas de las pruebas usadas para condenar a los comandos en Guatemala el año pasado surgieron de investigaciones en Estados Unidos. Si es condenado, Sosa se enfrenta a la eventual pérdida de su ciudadanía y deportación a Guatemala.

"Creo que es un caso muy importante," dijo Claude Arnold, el agente especial al mando de Immigration and Customs Enforcement en Los Ángeles y un antiguo jefe de la unidad contra crímenes de guerra. "Es siempre bueno detener a alguien que tuvo un rol de liderazgo… Aunque es un caso de inmigración, juntamos todas la evidencias como si estuviéramos juzgándole por crímenes de guerra. Nuestra meta es ayudar a nuestros socios internacionales."

Política y Castigo

Los Sosa dicen que el proceso tiene motivaciones políticas. Culpan a activistas guatemaltecos de derechos humanos que buscan saldar viejas venganzas.

"Los famosos derechos humanos, como no han logrado acusar a los cerebros, ellos buscan a alguien para que paguen," dijo Hugo Sosa. "Son gente de la guerrilla. El gobierno de Estados Unidos no sabe lo que pasó en la guerra. Se basan en lo que dicen los exguerrilleros. Los que ahora hacen los derechos humanos."

Jorge Sosa insiste en que está protegido por una ley de amnistía en Guatemala para partícipes en la guerra civil y que los cargos contra él en su patria han sido anulados. Dice que su prontuario es limpio.

"Necesito desesperadamente que la gente sepa que NO he cometido un crimen ni tengo una mente criminal," dijo en su carta. "He vivido en América del Norte por alrededor de 25 años y no tengo absolutamente ningún antecedente criminal. Me he dedicado a ayudar emigrantes que vienen a América del Norte. En nuestras enseñanzas tradicionales de Artes Marciales, enseñamos respeto y apoyo para nuestros vecinos; paz y amor entre todo ser humano; y evitar peleas o enfrentamientos sin sentido."

Los fiscales guatemaltecos subrayan que la ley de amnistía tiene una excepción específica para crímenes contra la humanidad que ha permitido las condenas en el caso Dos Erres. La fiscal Romero dijo que los cargos contra Sosa no han sido anulados. Sosa sería detenido y juzgado si pusiera pie en Guatemala, afirmo Romero.

Osorio, el sobreviviente raptado en Dos Erres como niño, se alarmó el año pasado cuando la policía le informó que Sosa había sido capturado en Canadá y que era un conciudadano canadiense. Si los cargos contra Sosa son ciertos, fue un comandante de las tropas que asaltaron la casa de Osorio y exterminaron a su familia.

Osorio ha seguido el caso con incredulidad. Encuentra preocupante el hecho de que Sosa pueda haber manipulado el sistema en dos países y evadiera captura durante años.

"Es una injusticia," Osorio dijo. "Cuando vine a Canadá como refugiado, me preguntaron si había participado en una masacre. Y era sobreviviente de una masacre. Este señor tenía tres nacionalidades. Iba y venía como quería. El estado da el poder a gente como él para matar. Abusan del poder. Esta prepotencia nunca los deja. Pero después, cuando les llega la hora que tienen que pagar lo que hicieron, lo niegan."