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La televisión del albergue mostraba un partido de la Copa Mundial cuando los dos adolescentes mayores que Alex lo taclearon, el 1o de julio, arrastrándolo al dormitorio vacío. Lo forzaron a ponerse boca abajo mientras que uno de ellos, tatuado del brazo, se le echaba encima. Cuando trat de moverse, dijo Alex que pudo sentir el pene del otro chico restregándosele sobre el trasero.

“¡Quitémosle la calzoneta!” oyó gritar al otro adolescente, quien presum a de haber sido pandillero en Honduras. “¡Desnudémoslo!”

Justo diez días antes, Alex, de 13 a os, fue detenido por la Patrulla Fronteriza después de viajar con su hermana de 17 y su hermanastro de 5 a os, cuando escapaban de la violencia pandillera en su país. Los hermanos entonces quedaron en Boystown, en las afueras de Miami, siendo este uno de los más de cien albergues para menores de la red establecida por el gobierno para refugiar provisionalmente a ni os inmigrantes detenidos al cruzar la frontera.

Estos dos adolescentes se mofaban de Alex desde que él lleg al albergue, haciendo bromas pesadas de tono sexual acerca de su hermana embarazada. Ahora, en el dormitorio, dijo Alex, le jalaban el frente de la calzoneta.

“Por lo menos ella ha probado hombre, fue el desdeño de uno de ellos. “Pero tú no has ni probado mujer”.

Alex dijo que luch contra ellos con toda su fuerza, logrando de alguna manera subirse la calzoneta y pateando hasta liberarse. Los otros chicos huyeron y l quedó tirado en el suelo recuperando el aliento. Al irse, le advirtieron que se callara la boca.

En el curso de los últimos seis meses, ProPublica recopil cientos de informes policíacos con alegatos de agresión sexual en los albergues de menores inmigrantes, lugares que han recibido US$4.5 mil millones de dólares para hospedar y brindar otros servicios a la ola de ni as y niños centroamericanos no acompañados que han llegado al país desde 2014. Los informes, obtenidos al solicitar registros públicos, revelan un lado generalmente escondido de estos albergues; muchas veces, tanto el personal como otros residentes fueron los que actuaron como predadores.

Ciertos incidentes provocaron el arresto de empleados de albergues o adolescentes residentes. En un caso particularmente atroz, un administrador de casos de menores fue condenado en septiembre por haber abusado sexualmente de siete niños durante casi un año en un albergue de Arizona. Ese empleado había trabajado durante meses sin que se hubieran investigado detalladamente sus antecedentes penales.

La cobertura que ProPublica y otros medios le han dado a estos incidentes logró que se empezaran a exigir investigaciones al respecto.

El gobernador de Arizona dictó una inspección en todos los albergues del estado con la cual se clausuraron dos centros administrados por Southwest Key, ya que esa organización sin fines de lucro no logró comprobar haber realizado investigaciones minuciosas de los antecedentes de sus empleados.

Y, a fines del mes pasado, investigadores federales advirtieron que la administración de Trump hab a eliminado el requisito de llevar a cabo las investigaciones del FBI para obtener antecedentes penales del personal por medio de huellas digitales, permitiendo una cantidad “peligrosamente” baja de consejeros de salud mental en los albergues de tienda de campaña en Tornillo, Texas, en los cuales residen 2,800 niños inmigrantes.

Sin embargo, la revisión que hiciera ProPublica de cientos de informes de polic a mostr algo más acerca de las agresiones. Algo que va más allá de las investigaciones sobre los antecedentes penales. En efecto, chicos en albergues de todo el país han denunciado casos de agresión sexual en estos lugares, a menudo de parte de otros chicos. Sin embargo, según los informes, una y otra vez la policía cerró los casos rápidamente y sin mucha indagación; a menudo en un periodo de días o hasta horas.

Es muy probable que existan muchos más. El archivo de registros con el que cuenta ProPublica carece de gran cantidad de informes policíacos de albergues en Texas, estado donde se encuentra detenida la mayor cantidad de niños inmigrantes. Eso se debe a que las leyes del estado prohíben que los informes de abuso de menores se divulguen al público, sobre todo cuando la agresión sea cometida por otro menor.

Ahora, mientras que el sistema migratorio trata de hospedar y cuidar a 14,600 menores, una cantidad mayor que nunca, la exploraci n de la forma en que las autoridades federales y estatales investigaron el ataque en contra de Alex, uno de esos niños, revela brechas sorprendentes.

Alex comenta que no dijo nada acerca del agravio por varios días, acatándose a la advertencia que le hicieran sus agresores y preocupado de que mencionarlo retrasara su salida de Boystown. Sin embargo decidió hablar con su consejera debido a que ellos siguieron hostigándolo.

La consejera le dijo que la grabación de vigilancia había captado el momento en que los dos adolescentes lo arrastraron de manos y pies al dormitorio, y que además era posible que hubiera un testigo. Sin embargo, la denuncia de Alex no ocasionó que se iniciara una investigación de agravio sexual, la cual incluye una entrevista especial diseñada para ayudar a los menores a hablar acerca de lo sucedido, tal como lo recomiendan los expertos en abuso de menores.

En su lugar, el albergue se demoró casi un mes en llamar a la policía. Cuando por fin lo hizo, muestra el informe policial, la consejera principal de salud mental del albergue dijo que “el incidente ya se había resuelto y que no había ocurrido un delito sexual entre los chicos, como lo había pensado el personal al principio”.

Entonces, en lugar de investigar el incidente ellos mismos, los oficiales del Departamento de Policía de Miami-Dade, le tomaron la palabra a la consejera y cerraron el caso rápidamente, sin siquiera entrevistar a Alex.

Una vocera de la Arquidiócesis de Miami, la cual recibió US$6 millones de dólares el año pasado para atender a unos 80 niños en Boystown, dijo haber manejado el caso de Alex correctamente, culpándolo a él por cualquier retraso. Al cuestionar al departamento, un vocero de la policía de Miami-Dade dijo que este reabriría el caso.

Cuando se revisó el caso de Alex, se encontró que casi todos los organismos encargados de ayudarlo, o sea, de averiguar todo lo que había sucedido en el dormitorio, realmente le habían fallado.

La policía cerró su caso 72 minutos después de responder a la llamada.


La madre de Alex, Yojana, recibió la llamada de Boystown el 27 de julio, justo después de salir de trabajar cansada por un día caluroso instalando piscinas en el suroeste de Misuri. Esperaba su charla de rutina con sus hijos, por lo que contestó emocionada cuando apareci en el celular el teléfono de Florida.

Yojana los había dejado en Honduras cuatro años antes cuando salió en búsqueda de una vida mejor en Estados Unidos. Ahora se reuniría con ellos pronto, cuando salieran del albergue en el que ya tenían casi un mes detenidos.

Pero, en lugar de la voz de sus hijos, escuchó la desconocida de un miembro del personal del albergue. Algo le había sucedido a Alex.

La mujer le dijo que un video de vigilancia mostró a dos adolescentes mayores que habían tumbado a Alex arrastrándolo a un dormitorio. “No hay cámaras en el dormitorio”, dijo “por lo que no pudimos ver lo demás”. La mujer le pasó el teléfono a Alex, quien lloró mientras le contó a su madre lo que había sucedido en ese cuarto.

Yojana se puso furiosa después de colgar. El ataque había sucedido hacía más de tres semanas. ¿Por qué se enteraba hasta ahora? ¿Dónde estaba el personal? ¿Por qué nadie los estaba vigilando? ¿Y si el ataque había sido peor de lo que le contó Alex?

Hokyoung Kim, special to ProPublica

Como madre, Yojana comentó que su instinto fue acudir a la policía y derrumbar la puerta si era necesario para garantizar que responsabilizaran tanto al albergue como a los adolescentes. Sin embargo, sabía que, en los Estados Unidos, ella no era una madre como todas. Años antes, su esposo Jairo y ella habían cruzado la frontera ilegalmente por separado y vivían en el país sin permiso. La familia nos permitió contar su historia siempre y cuando no divulgáramos sus apellidos.

Yojana tuvo razones para preocuparse. Los agentes de Cumplimiento de Inmigración y Aduanas han estado arrestando a padres, familiares, o cohabitantes de hogar, en el país ilegalmente, cuando se presentan a recoger a sus hijos o a menores de su tutela. Este mes, ICE informó que entre julio y noviembre había arrestado a 170 patrocinadores, o personas relacionadas con estos; 109 de esas personas no tenían antecedentes penales.

Si Yojana y Jairo acudían a las autoridades, o presionaban demasiado acerca del caso, podían arriesgar todo lo que habían luchado por lo lograr.


Semanas antes, Alex había comenzado una trayectoria con la cual pensó que obtendría ayuda. Cuatro días después del ataque por fin tuvo el valor de informárselo a su consejera. Alex recordó que ella le dijo “que fue muy lamentable lo que me pasó y lo sentía mucho”. Su consejera lo llevó a la oficina de su supervisora, Marianne Cortés, donde él volvió a contar lo sucedido.

Dijo que Cortés le comentó que ella y su consejera verían el video de vigilancia, y que “si es así como me dijo le vamos a poner reporte”. Después de que lo vieron, dijo Alex, su consejera le mencionó que la grabación tenía algo más, algo que él no había notado durante el ataque. Había un testigo.

“Ahí en el video, mi consejera me dijo que ahí estaba otro niño en una ventana”, comentó.

Aun con lo revelado, no pasó nada. No se investigó más.

En una entrevista, Mary Ross Agosta, vocera de la arquidi cesis, dijo que en el momento no había motivo para investigar. Alex “fue entrevistado por el personal y él dijo que había sido hostigamiento oral, gestos sexuales y bromas sobre su hermana, pero no desnudez”, dijo ella.

También mencionó que el personal había revisado el video de vigilancia y que, efectivamente, “lo sujetaron de manos y pies y lo metieron al dormitorio”, pero que eso era un acto “humillante” no delincuente.

El informe del incidente presentado por el albergue ante las autoridades federales fue de hostigamiento sexual. El personal no llamó a la policía, dijo ella, “porque no hubo contacto sexual, ni conducta indebida aparte de burlarse de él”.

Ross Agosta dijo que haber permito que transcurrieran tres semanas antes de llamar a Yojana había sido “un descuido”, descubierto cuando Cortés se preparaba para llamarla e iniciar el proceso de reunificación.

No fue sino hasta el 30 de julio, dijo, que Alex informó al personal acerca del suceso de índole sexual. Pero Alex dijo que Cortés ya sabía todo para esas fechas. Él se lo había contado cuando lo denunció por primera vez a principios de julio y ella lo había vuelto a escuchar al estar a su lado cuando se lo dijo a su madre el 27 de julio.

El 30 de julio, dijo Ross Agosta, el albergue llamó a la policía de Miami-Dade as como al Departamento de Menores y Familias de Florida.

Los expertos en abuso de menores dicen que esperar en una situación como estas va en contra de las mejores prácticas. Sin importar lo que Alex haya divulgado la primera vez, comentaron, los consejeros que trabajan con niños deben saber que es común que las víctimas de agravios no mencionen todos los detalles inicialmente.

“Puede ser a veces abrumante”, dijo Chris Newlin, autor principal de las mejores pr cticas para entrevistar a menores en casos de abuso que utiliza el Departamento de Justicia de EE.UU. Las víctimas jóvenes podrían no estar seguros de qué hacer, de qué sucederá si dicen algo, o de cómo funciona el sistema, comentó. Podrían haber sido amenazados o estar traumatizados.

Newlin dijo que hasta sería menos probable que un niño en la situación de Alex informara algo debido a su estado migratorio. Por eso es cr tico, agreg , que el personal tome en serio todos y cada uno de los casos y que busque señales de trauma.

Ross Agosta dijo que la policía acudió al albergue el 30 de julio, seguida por investigadores del DCF el siguiente d a. Dijo también que ambas agencias determinaron que no “hubo un agravio sexual”.


Después de hablar con Alex, Yojana y Jairo soltaron todo para atravesar el país en automóvil hasta Boystown. Esa temporada debería haber sido un momento de felicidad, pero ahora viajaban llenos de preocupación.

Yojana, de 33 años, había llegado a Estados Unidos, de Honduras, en 2014, dejando allá a Alex, de 9 años en ese entonces, y a su hermana Yemerly de 13. Ella se reunió con su hermana en el suroeste de Misuri y encontró trabajo en una planta procesadora, empacando pollo congelado durante el turno de la noche.

Se mantuvo en contacto con sus hijos a través de llamadas por video y fotos en Facebook, como la de Alex pintado de payaso en una de las fiestas de cumpleaños que ella se perdió.

El dinero que envió a Hondura sirvió para que Alex y Yemerly fueran a un colegio privado, privilegio excepcional que esperaba los aislara de la violencia pandillera que afecta al país. Yojana no había estudiado por arriba del sexto grado, pero Yemerly quer a ser ingeniera civil.

Sin embargo, comentaron ella y Jairo, esas muestras de éxito económico los hicieron vulnerables ante los secuestradores. Una noche, después de no saber nada de Yemerly por varios días, Yojana vio un reportaje en la televisión acerca de cinco chicas que fueron secuestradas. Decidió entonces que ya era el momento.

“Por no mandarlos a traer, vamos a lamentarnos de por vida”, dijo Jairo.

Alex, Yemerly y su hermanastro, Amahury, partieron de Honduras en junio, junto con su primo de 8 años. Cruzaron México en un camión refrigerado repleto y, once días después, cruzaron el Río Grande en una barca inflable verde. Fueron aprehendidos rápidamente por la Patrulla Fronteriza y llevados a Monseñor Bryan Walsh Children s Village, las instalaciones administradas por Caridades Cat licas conocidas por la mayoría de la gente como Boystown.

Cinco semanas después, cuando por fin se volvieron a encontrar en la cafetería de ese lugar, las fotografías muestran que Yojana ni si quiera soltó su bolso antes de abrazar apretado a sus hijos. Alex estaba ya más alto que ella, traía un nuevo corte de pelo con una gruesa onda por encima de la cabeza y los lados rapados terminando en punta como las estrellas de fútbol a quienes adoraba. Yemerly llor en brazos de su madre.

“Ahorita que los veo”, dijo Yojana posteriormente, “ya siento que los niños que dejé yo allá en Honduras como que han vuelto a vivir”.

Pero también dijo que sentía que parte de Alex se hab a encerrado. Los chicos no saldr an sino hasta un par de días después, así que, cuando Alex la llamó al hotel, Yojana decidió presionarlo un poco para que le diera más detalles acerca del ataque, además de grabarlo en su teléfono.

Hokyoung Kim, special to ProPublica

Durante la llamada, Alex le contó que la policía iría al lugar, y que le habían dicho que lo iban a entrevistar. Sin embargo tenía miedo de que algo que dijera pudiera afectar su salida. Dijo que “ya no quería estar allí”.

Yojana lo animó a decir la verdad diciéndole: “Cuando llegue la policía, usted, eso mismito que usted me ha dicho... eso mismo usted tiene que decirlo, me entiende?”, contó Yojana. “No tiene que tener temor de lo que los cipotes le estaban haciendo. Usted tiene que decir.”

Al fondo Yojana pudo escuchar el ruido que sale de un radio walkie-talkie.

“Espere, ahorita me viene a buscar la consejera”, dijo Alex.

Se disputa lo que sucedió enseguida. Alex dijo que después de colgar ya no fue entrevistado por la policía ni otra persona.


Inicialmente, la policía de Miami-Dade inform a ProPublica que no habían podido encontrar ningún informe relacionado con un supuesto agravio sexual en Boystown, aun cuando recibieron el nombre completo de Alex, la dirección del albergue y la fecha y descripción del incidente.

Tras revisar una lista con 145 llamadas del albergue recibidas por la policía desde 2013, nosotros lo encontramos bajo la vaga etiqueta de “realizar investigación”.

Según el informe, los oficiales de policía de Miami-Dade acudieron a Boystown el 30 de julio a las 4:42 p.m., concluyendo su investigación a las 5:54 p.m. El informe no describe lo que hicieron durante esos 72 minutos. La narrativa contiene tres enunciados.

Se indica que Cortés había llamado a la policía para “avisar que en la fecha nombrada y la hora aproximada,” Alex había tenido “un incidente” con otros dos muchachos. Sin embargo, ella “informó que el incidente se había resuelto y que no había ocurrido ningún delito de tipo sexual entre los chicos como lo había pensado el personal inicialmente”.

Básicamente, eso era todo. La policía se retiró. No se mencionó nada acerca de un video de vigilancia. No entrevistaron a los adolescentes ni al posible testigo. No hablaron con Alex. No se mencionaba cómo Boystown había llegado a sus conclusiones, ni los motivos que tuvo la policía para creerles.

En la sección de “Estado del caso”, uno de los oficiales escribió “CERRADO”.

Durante una breve llamada, Cortés dijo que, en virtud de las reglas sobre la confidencialidad, no le era posible comentar acerca de cómo ella y otras personas del albergue habían respondido al respecto. Tambi n pidi que las preguntas fueran dirigidas a la arquidi cesis.

“Lo único que puedo decirles es que nosotros fuimos quienes más abogamos por él y por su cuidado” dijo Cortés. “Creemos en cualquier cosa que le suceda a un menor y que pueda ser traumático. No lo minimizamos. Tomamos todo muy en serio”.

El Detective Álvaro Zabaleta, vocero de la policía de Miami-Dade, dijo que no supo si al oficial que atendió el caso le mencionaron que había un video. Sin embargo no quiso dudar de su juicio en cuanto a no entrevistar a Alex.

Zabaleta añadió que el personal del albergue está capacitado para trabajar con niños inmigrantes y sobre los problemas a los que se enfrentan. Entonces, “cuando se trata de estos chicos y tenemos a sus consejeros”, dijo, “estos se convierten en su voz y están allí para velar por los intereses que beneficien más a un menor”.

Para los expertos de abuso de menores a quienes consultamos, la decisión del oficial de no entrevistar a Alex pareció ser inusual.

“¿Cómo es posible llevar a cabo una investigación sin obtener los comentarios de la única persona que se podría considerar como el testigo más creíble de lo sucedido o no sucedido?” dijo Newlin. “¿Cómo saber con quién hablar? ¿Cómo saber qué evidencia hay que buscar si no se obtiene una declaración de parte de esa persona?”

Mike Haney, exencargado de prevención e intervención para casos de abuso en el DCF y en el Departamento de Salud de Florida, dijo que el estado desarrolló su esquema de investigación de casos de abuso en 1978, cuando creó “equipos de protección de menores” integrados por pediatras, trabajadores sociales y psicólogos infantiles. Los equipos trabajan con las agencias del orden público y el DCF con el fin de evaluar los informes sobre abuso de un menor, proporcionar servicios y llevar a cabo lo que se conoce como “entrevistas forenses”.

Haney dijo que estas deben ocurrir “en cuanto sea razonablemente adecuado para el menor”, pero generalmente dentro de un periodo de entre 24 y 48 horas. Lo anterior se debe a que los niños se ven bastante presionados cuando se presenta un informe ante las autoridades y el DCF, comentó.

“No estoy seguro de lo que pensaría el oficial al responder a un alegato como este sin entrevistar al chico” dijo Haney. “Y, si el personal clínico dice, ‘hablé con los chicos y dijeron esto’, yo querría saber que el menor me contó la misma historia”.

Aun as , Haney dijo que bajo las leyes de Florida, el oficial no ten a la obligaci n de llamar a un equipo de protección de menores para llevar a cabo una entrevista forense debido a que la ley solo las exige cuando el menor alega que el abuso fue de parte de uno de los padres o un cuidador. Lo informado por Alex se conoce en Florida como caso de “menor contra menor”.

“Opino que cualquier menor que declare un supuesto abuso sexual debe ser evaluado por un profesional”, dijo Haney, “pero eso se convierte en un problema de recursos, fondos y personal. Esa es la razón principal. Los costos aumentarían en forma importante si ponemos esas cosas al alcance de cualquier menor”.


Los centenares de informes de policía revisados en ProPublica revelaron una gran cantidad de incidentes que fueron descartados rápidamente, como el de Alex, en los albergues de menores inmigrantes.

En 2016, uno de los empleados de un albergue en las afueras de Phoenix, Arizona, vio a un chico refregando las caderas por encima de otro, con una cobija colocada entre ellos. La víctima no dejaba de llorar y se rehusó a hablar con el empleado. Un oficial de la policía tomó el informe y el caso quedó cerrado.

Un año antes del incidente, y en las mismas instalaciones, uno de los trabajadores sociales para jóvenes encontró a un chico con los calzones a medias, parado por detrás de otro quien se encontraba doblado sobre la cama también con los calzoncillos bajados. Durante un examen médico realizado el día siguiente, el chico le mencionó a la enfermera que uno de sus compañeros de cuarto lo había sujetado fuertemente mientras que otro lo violaba. Pero, cinco días después, cuando finalmente lo llevaron a una entrevista formal, él negó que algo hubiera sucedido. Ese caso también quedó cerrado.

En marzo de 2017, un muchacho hondureño de 16 años le informó a uno de los empleados de un albergue neoyorquino que su compañero de cuarto lo había violado cuando estuvo en un albergue en Renton, Washington. Un detective finalmente entrevistó al adolescente después de casi dos meses de trámites, pero, para ese entonces, el chico ya “no quiso hacer nada al respecto”. Al igual que los demás, ese caso también fue cerrado.

En muchas ocasiones, los oficiales que atendieron los casos sólo redactaron informes breves acerca de los incidentes, sin investigarlos como posibles delitos.

Quienes critican el sistema dicen que ese es el error principal que sale a relucir. Debido a que es típico que los menores inmigrantes sólo estén en las jurisdicciones de las agencias investigadoras durante unas cuantas semanas, es difícil que los detectives persigan un caso aunque lo quieran. Muchas veces, los chicos son transferidos de lugar a lugar dentro del sistema de albergues, en ocasiones sin advertencia previa o durante la noche. Cuando se les deja en libertad, a menudo son enviados a otros estados a vivir con sus padres o parientes quienes podrían no querer interactuar con la policía debido a que están en el país en calidad de indocumentados o por vivir con personas con esa calidad migratoria.


Hacia el 1o de agosto, cuando Boystown finalmente dio de alta a Alex y a sus hermanos, le entregaron a Yojana también una carpeta con los documentos de ingreso de Alex, registros de vacunas y análisis de sangre. La carpeta traía información acerca de cómo ser un buen patrocinador y qu hacer para el seguimiento con el tribunal de inmigración, pero nada acerca de lo que le sucedió a su hijo, ni siquiera un informe sobre el incidente.

Cuando Jairo pidió ver el video de vigilancia, el personal le informó que lo tomado de las cámaras de seguridad se reciclaba automáticamente.

Comentó: “Dijeron que a los 30 días el video se borraba y lastimosamente hoy es el 31 día, quiere decir que ayer se borró, muy casual la cosa”.

En esos momentos él y Yojana no quisieron presionar. Tenían a sus hijos nuevamente y por primera vez en su vida podían salir y estar juntos en América.

Al dejar Boystown, la familia paró en un restaurante hondureño para platicar y decidir si debían ir a la policía o sólo regresar a casa.

Contaban con pocos d as de permiso para faltar al trabajo y Jairo sentía presión por regresar. Por otra parte, alguien debía pagar por lo que le sucedió a Alex. Si no por el bien del muchacho, para prevenir que se lastimara a otros chicos en el albergue.

Y, al mismo tiempo, el albergue había dicho que se presentó una denuncia con la policía. Aunque todavía no entrevistaban a Alex, seguramente un oficial le daría seguimiento.

“Quise agarrar ese teléfono y quebrarlo porque ya no aguantaba en verdad, la presión”, dijo Jairo; “tengo muchas responsabilidades que cumplir y no podía estar en esto, en lo otro, en aquello, ya tenía los hijos, eso era bueno y vámonos”.

Decidieron irse.

Días después, ya en Missouri, Alex se escabulló en el asiento trasero de la camioneta de Jairo, para acompañarlo a un trabajo de instalación de piscinas.

Conforme manejaban en dirección oriente sobre la carretera 44, pasando rampas de salida para restaurantes Waffle House, hoteles Best Western, gasolineras Flying J, Alex miraba perdidamente por la ventana y en silencio, a veces apoyando la frente sobre el vidrio, y recorriéndose nervioso la costura de los jeans con la punta de los dedos.

Hokyoung Kim, special to ProPublica

Durante días Yojana y Jairo titubearon entre buscar justicia y sentirse impotentes sobre cómo hacerlo. Jairo comentó que tenía una tarjeta de presentación de un abogado en Kansas City quien podría tomar el caso de Alex y quizás averiguar qué había sucedido realmente, aunque ni él ni Yojana habían llamado todavía para pedir una cita.

Había mucho por descifrar. No estaban seguros si Alex les había contado todo lo sucedido en Boystown, o si les ocultaba algo peor. Yojana mencionó que había querido tocar el tema pero que Alex le pidió que no le hiciera más preguntas.

El chico había dicho que el día en que fue la policía, él y su consejera, “estábamos esperando que los policías me llamaran, pero Marian Cortés habló con ellos y ahí mi consejera me dijo que ya no me iban a entrevistar”.

Alex dijo haber quedado confundido. Había querido decirle a la policía lo que le habían hecho los otros dos chicos, y no entend a por qu el albergue había contado las cosas por él.

Cuando le preguntamos qué quería que sucediera, Alex contestó indudablemente: “Yo los quiero denunciar”, dijo. “Ir a la policía”.


A mediados de agosto, el DCF emitió un informe con tres infracciones cometidas por Boystown en cuanto a las reglas estatales relacionadas con instalaciones residenciales para atención de menores.

El informe indicó que el albergue no contaba con suficiente personal; que no había informado puntualmente la sospecha de abuso de menores; y que no había notificado a los padres o tutores legales de los menores acerca de incidentes críticos.

Los registros no mencionaron a Alex ni describían lo que propició la investigación. No obstante, sí mostraron que el 16 de agosto, más de dos semanas después de salir el chico, Boystown aceptó implementar un “plan de acción correctiva”, con el cual prometía volver a capacitar al personal y presentar informes quincenales que le permitirían al estado verificar que Boystown tuviera personal suficiente para supervisar a los menores.

David Frady, vocero del DCF, dijo que, en virtud del tema de la confidencialidad, no podía hablar acerca del caso de Alex, ni tampoco confirmar si había ocurrido un incidente en Boystown.

“No puedo confirmar ni negar si hemos hablado o no hablado con una supuesta víctima”, comentó.

La policía de Miami-Dade rechaz la solicitud de entrevistar a los oficiales que acudieron al caso y se rehusaron a entregar la grabación de la cámara corporal que llevaban puesta al visitar Boystown. De los diecisiete minutos de video y sonido que existen, el departamento dijo que sólo doce minutos eran material público debido a que las leyes de Florida prohíben divulgar grabaciones de cámaras corporales captadas en una “residencia privada”.

ProPublica ret esa decisión, pero el departamento dijo que la conversación ocurrió en una oficina, lugar donde la trabajadora social podría tener la expectativa de la confidencialidad.

Sin embargo, tras recibir nuestras preguntas acerca de la forma en que se manejó el caso, y de revisar el incidente, Zabaleta dijo que el departamento había asignado a un investigador para que volviera a evaluarlo, en realidad, para reabrir el caso.

El departamento comentó que no divulgaría ni siquiera los doce segundos de video debido a que el caso seguía investigándose.

La Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados, encargada de sufragar y reglamentar los albergues, dijo que Boystown transfirió a los “perpetradores” a otro dormitorio después del incidente. Sin embargo, la agencia se negó a contestar cuando se cuestionó si Boystown había manejado el incidente debidamente, o lo que había hecho o no hecho la ORR al respecto.

“Nuestro enfoque siempre queda en la seguridad y los mejores intereses de cada menor” dijo en un mensaje de correo electrónico la vocera Lydia Holt. “No contamos con mayor información relacionada con este caso que se comparta”.


Actualmente, el caso de Alex sigue en manos de la oficina de la fiscalía estatal, pero los expertos en abuso de menores dicen que la posibilidad de conocer la verdad acerca de lo sucedido en el dormitorio de Boystown se desvanece cada vez más.

Esto sí es claro: si el caso de Alex es una guía, los miles de niños que atraviesan el sistema de albergues abrumado del país, con personal insuficiente, y cada vez más parecidos a orfanatos de largo plazo, no deben esperar una investigación rigorosa si sufren de abusos en estos lugares.

“Alguien tiene que pagar por los errores y son cosas monstruosas”, dijo Jairo. “No puede quedar impune. Si esto se queda así, en muchos centros van a permitir que siga pasando esto”.

Antes de publicar este reportaje, y sin saberlo ProPublica, la reportera independiente Silvina Sterin Pensel estableció una página de GoFundMe para ayudar a un familiar de Jairo a regresar a Missouri después de que su hijo saliera de un albergue de Nueva York. Ese esfuerzo de recaudación de fondos fue lanzado cuando ProPublica y Sterin Pensel ya contaban con la cooperación de Jairo y su familia para este reportaje y no afectó la elaboración del mismo de ninguna manera.