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‘Nos Ordenaron que Matáramos a Toda la Gente’

En un proceso histórico en Estados Unidos, excomandos del ejército guatemalteco dieron testimonio sobre la masacre de 250 residentes en la aldea selvática de Dos Erres durante la guerra civil.

RIVERSIDE, Calif. – Sacudido por sollozos, con la cabeza bajada, un excomando guatemalteco testificó la semana pasada que había llorado mientras tiraba a un niño pequeño a su muerte en el pozo de un pueblo hace 31 años mientras un oficial al mando, el Teniente Jorge Vinicio Sosa Orantes, espetaba: “¡Esto es un trabajo de hombres!”

Sosa, quien hoy es un ciudadano estadounidense de 55 años de edad, observó este testimonio sombrio desde la mesa de la defensa vigilado por alguaciles federales en una sala de juicio aquí. Su excamarada en armas, Gilberto Jordán, acusó a Sosa de haber jugado un papel central en uno de los peores crímenes de guerra en la historia reciente del hemisferio: la masacre de 250 personas en la aldea guatemalteca de Dos Erres en 1982. Sosa está siendo procesado por cargos de haber obtenido su ciudadanía estadounidense de manera fraudulenta años más tarde, ocultando su participación en la masacre, según los fiscales.

El juicio empezó la semana pasada y es el primer juicio en Estados Unidos relacionado con una atrocidad de la guerra civil guatemalteca, que duró treinta años. También es la primera vez que el caso de Dos Erres es examinado en profundidad en una corte estadounidense. Sosa se convierte en el sospechoso de más alto rango en ser juzgado. Las autoridades estadounidenses habían previamente encarcelado a Jordán, quien se declaró culpable de cargos de fraude migratorio en 2010, y a otro exsoldado que había emigrado a Estados Unidos. Las cortes guatemaltecas han condenado a cinco exsoldados. Siete más permanecen fugitivos en un caso que ha desafiado la capacidad de la justicia en Guatemala de perseguir a criminales de guerra que son protegidos por fuerzas de seguridad corruptas y mafias poderosas.

Durante los primeros cuatro días del juicio, fiscales federales se enfrentaron a un reto poco común: intentar probar que Sosa participó en la matanza para condenarlo por el crimen relativamente menor de fraude al sistema de inmigración. Cuando Sosa obtuvo la ciudadanía en 2008 y una tarjeta verde en 1998, hizo declaraciones falsas en formularios de inmigración, según los fiscales, porque no reveló que había sido militar y dijo que nunca había cometido un crimen por el cual hubiera sido arrestado.

La defensa argumenta que Sosa no pensaba que había cometido un crimen porque era un soldado obedeciendo órdenes. El abogado de Sosa también aseveró que las preguntas en los formularios de inmigración eran vagas y que oficiales del servicio de inmigración estadounidense deberían haberse fijado que en el archivo de Sosa  él había descrito su servicio militar guatemalteco en una solicitud que presentó, sin éxito, para asilo político en 1985.

“Este caso se trata pura y sencillamente de las respuestas de un exsoldado en un formulario de inmigración,” dijo el abogado, H.H. (Shashi) Kewalramani durante los argumentos de apertura del juicio. “Por mucho que el gobierno de Estados Unidos quiera convertir esto en un caso de crímenes de guerra, no lo es.”

Sin embargo, sí parece mucho un caso de crímenes de guerra. Los testimonios de los testigos en esta ciudad ubicada a una hora de Los Ángeles sumergieron al jurado en el horror en una aldea de la selva guatemalteca de hace tres décadas. Dos excomandos contaron como el ataque fue un torbellino de violaciones y asesinatos que borró a Dos Erres del mapa. Un sobreviviente que era un niño en 1982 describió  como se agarró a la pierna de su madre mientras soldados la arrastraron a su muerte. Y la exmujer de Sosa y el investigador encargado del caso testificaron que hace tres años Sosa huyó a México y posteriormente a Canadá  después de que agentes federales ejecutaron una orden de registro en su casa de Riverside County.

La policía canadiense detuvo a Sosa, quien tiene ciudadanía canadiense además de estadounidense, en 2011 y lo extraditaron a los Estados Unidos el año pasado.

Los testimonios empezaron con una reunión dramática entre Sosa y Jordán, quien está cumpliendo una sentencia de prisión de diez años en Florida. En 1982, ambos  trabajaron como instructores en una escuela que entrenaba a “Kaibiles,” el nombre por cual son conocidos los comandos notoriamente brutales de Guatemala.

Sosa es un experto en artes marciales, bajo y fuerte con bigote negro. Durante la década antes de ser acusado en 2010, manejó escuelas de karate en el sur de California. Vestido con un traje negro y portando lentes, observó el martes pasado como los alguaciles federales escoltaban a la corte a Jordán, quien vestía un overol naranja de reo y tenía las piernas encadenadas. Ninguno de los dos veteranos de guerra dio señal alguna de reconocer la presencia del otro.

Jordán parecía mayor que sus 57 años: con lentes, el pelo gris, de aspecto atormentado. En 2010, confesó su involucramiento en la masacre cuando agentes federales fueron a su casa a entrevistarle. Dijo a los agentes que había sabido que vendría el día en que tendría que pagar por sus acciones.  Se enfrenta a ser deportado a Guatemala para ser juzgado por asesinato en masa cuando cumpla su sentencia.

Jordán testificó en español a través de un intérprete.  Dijo que no ha hecho ningún acuerdo con el gobierno norteamericano aparte de una promesa de que los fiscales estadounidenses escribirán una carta a la fiscal general de Guatemala diciendo que ha cooperado.

El objetivo inicial de la misión el 6 de diciembre de 1982 era recuperar  21 fusiles que unos guerrilleros se habían llevado después de una emboscada a soldados, según el testimonio de Jordán. Datos de inteligencia indicaban que los fusiles estaban en Dos Erres, pero Jordán dijo que la unidad no encontró ni fusiles ni guerrilleros y no hubo resistencia por parte de los ciudadanos pacíficos de la aldea. Los comandos separaron a los hombres de las mujeres y niños y arrearon a los dos grupos dentro de una iglesia y una escuela. La pesadilla empezó cuando un teniente violó a una de las mujeres, dijo Jordán. Después de una reunión entre los tenientes, se dieron nuevas órdenes, según el testimonio de Jordán.

“La misión cambió,” dijo. “Nos ordenaron que matáramos a toda la gente.”

Jordán era un paracaidista curtido en esa época, pero todavía no se había convertido en Kaibil. Se retrató como un participe reticente en la matanza. Testificó que recibió la orden de traer a un niño y tirarlo al pozo en el centro del pueblo, que se convirtió en el epicentro de la masacre.

Tenía como tres años, la edad de mi hijo,” testificó Jordán.

Jordán se inclinó hacia adelante en el estrado y lloró mientras continuaba su relato, mirando fijamente hacia abajo. Dijo: “Mientras estábamos en camino, yo estaba llorando. El me miraba y estaba llorando también. Un sargento me dijo que no llorara o terminaría en el pozo…Llegué y  fue cuando escuché al Señor Sosa, y dijo que esto era trabajo de hombres, y tiré el niño al pozo.”

El fiscal federal Brian D. Skaret preguntó cómo se había sentido Jordán en aquel momento. Jordán levantó la cabeza y espetó: “¡Mal!”

El testimonio de Jordán y de otro excomando, César Franco Ibañez, ubicó a Sosa al lado del pozo supervisando el exterminio metódico de los aldeanos. Los comandos vendaron los ojos de las víctimas, les interrogaron, les pegaron en la cabeza con una almádena de metal y los tiraron dentro del pozo, según los testimonios. Ambos testigos declararon que un hombre que se había caído encima del montón de victimas  insultó a Sosa, y que el enfurecido teniente disparó dentro del pozo. Jordán testificó que Sosa también tiró una granada dentro del pozo.

Creo que perdió la cabeza y empezó a disparar,” declaró Franco. “Les contestó con su fusil…Dijo: ‘Pues mueran, hijos de puta’.”

Franco permaneció impávido cuando dio testimonio de como él mismo mató a gente y violó a una mujer. El exsargento robusto y pequeño fue uno de los dos miembros de la unidad que rompieron el código de silencio militar en la mitad de los noventa y dieron testimonios de primera mano sin precedentes. Fiscales guatemaltecos concedieron a Franco el estatus de testigo protegido y lo mudaron a otro país, donde vive hoy con su familia. El gobierno guatemalteco le paga un estipendio de $550 al mes, dijo. Ha declarado en investigaciones anteriores hechas por autoridades guatemaltecas y norteamericanas y ha dado entrevistas a organizaciones periodísticas, entre ellas ProPublica.

Durante su interrogatorio, el abogado defensor intentó poner en duda la declaración de Franco, aseverando que su relato ha cambiado a través de los años acerca de detalles como si Sosa utilizó una escopeta o un fusil. Citando un informe de la fiscalía sobre una entrevista de Franco hecha por investigadores de Estados Unidos, Kewalramani dijo que durante aquella entrevista en la embajada estadounidense en el país donde vive Franco no había mencionado a Sosa en una lista de comandos que estaban al lado del pozo del pueblo.

Franco insistió en que el informe estaba equivocado.

También mencioné a Sosa,” testificó Franco. “…Le nombré desde el mero principio.”

Otro ataque a la declaración de Franco surgió de una fuente inesperada el viernes por la mañana. El fiscal Skaret reveló en el juzgado que el jefe de la unidad de crímenes de guerra del Departamento de Justicia había recibido un correo electrónico de un fiscal que está de baja. El fiscal, George Ferko, escribió en el correo electrónico que había estado leyendo noticias periodísticas sobre el testimonio de Franco y sintió la obligación de alertar a sus colegas de que pensaba que el testigo no era creíble, según Skaret. Ferko había entrevistado al excomando como parte de una investigación en 2009, dijo Skaret.

César es un mentiroso,” escribió Ferko, según el relato de Skaret en el juzgado.  “César ha cambiado su historia una vez más.”

Como resultado, el abogado de Sosa dijo que quería una oportunidad para hablar con Ferko para decidir si llamarlo como testigo. El episodio fue notable: es muy poco usual que un fiscal del Departamento de Justicia cuestione en pleno juicio la fiabilidad de un testigo que está siendo presentado por sus colegas.

Sin embargo, puede que el acontecimiento no tenga mucho impacto. La defensa no ha intentado refutar el punto central de las declaraciones de los dos exKaibiles: que Sosa participó en la masacre de Dos Erres.

Durante una entrevista telefónica con ProPublica el año pasado desde una cárcel canadiense, Sosa insistió en que no estuvo presente en Dos Erres el día del crimen. Durante la entrevista y por medio de cartas entregadas a ProPublica por su hermano, Sosa alegó que estaba trabajando a una distancia de cien millas de los hechos en un proyecto de asuntos civiles en un pueblo llamado Melchor de Mencos, donde dijo que ayudó a los residentes a obtener equipamiento escolar y deportivo.

La defensa no ha repetido esta versión durante el juicio. Sin reconocer explícitamente la participación de Sosa en la masacre, el argumento de apertura de Kewalramani subrayó la idea de que la guerra civil guatemalteca fue un conflicto brutal y que Sosa era parte de una unidad de elite que estaba entrenada para cumplir órdenes. Sosa no va a declarar, dijo su abogado el viernes.

La fiscalía terminó su presentación con el testimonio de Ramiro Osorio Cristales. Osorio es el mayor de dos niños que los comandos no mataron, sino raptaron y se los llevaron a sus casas para ser criados en las familias de dos de los soldados. El otro niño, Oscar Ramírez Castañeda, solo tenía tres años y no recuerda nada de Dos Erres. Ramírez vive ahora en Boston y ProPublica contó su historia el año pasado.

Osorio vive en Canadá. Tenía cinco años cuando perdió a sus padres y seis hermanos en la masacre. Describió sus memorias en un inglés con acento español pero claro, su voz quebrándose por momentos, tomando pausas para recobrar su compostura.

Osorio recordó como hombres armados irrumpieron en su casa durante la noche y arrastraron fuera a la familia. Los hombres ataron con cuerdas las manos y cuellos de su padre y hermano mayor y los llevaron a la escuela con los demás hombres de la aldea, declaró. Los asaltantes arrearon a los otros niños y su madre dentro de la iglesia con las aterrorizadas mujeres y niños de Dos Erres, según su testimonio.

Empezaron a sacar a las mujeres de la iglesia,” testificó Osorio. “Agarraron a una mujer por su pelo y la arrastraron afuera, algunas niñas jóvenes, adolescentes. Su madre decía, “Por favor no lleven a mis hijos’.”

Osorio miró a través de los resquicios de los listones de madera de las paredes de la iglesia como los soldados violaban a mujeres y mataban a niños, golpeándoles contra un árbol, según su declaración.

Los trataron como animales,” dijo.

Entonces los soldados vinieron a por la madre de Osorio, según su declaración.

Recuerdo agarrando a mi madre por la pierna,” testificó. “Estábamos peleando con los tipos…’No lleven a mi madre.’ Corrí a la parte de atrás de la iglesia para ver que le estaba pasando a mi madre. Estaba gritando, pidiendo auxilio: ‘Por favor no nos maten. No nos maten. No maten a mis niños, no saben nada’.”

Osorio dijo que finalmente se quedó dormido debajo de un banco de la iglesia. Cuando despertó, según su testimonio, solo quedaban otros cuatro niños. Tres eran niñas que los comandos violaron y asesinaron al día siguiente. Los otros dos, Osorio y Ramírez, sobrevivieron. Cuando Osorio terminó su declaración, algunos miembros del jurado y espectadores se secaron las lágrimas.

Es probable que el juicio termine el lunes porque la fiscalía ha reducido su lista inicial de testigos, optando por no llamar a dos excomandos más. La jueza dijo también que ha intentado apurar el juicio porque hay la inminente posibilidad de que el gobierno federal deje de funcionar. Si la defensa decide llamar al exfiscal que ha cuestionado la veracidad de Franco, el testimonio tendria lugar el lunes antes de los argumentos finales.

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Sebastian Rotella

Sebastian Rotella is a reporter at ProPublica. An award-winning foreign correspondent and investigative reporter, Sebastian's coverage includes terrorism, intelligence and organized crime.

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