Los niños de Dilley

Ariana Velasquez, de 14 años, llevaba unos 45 días recluida en el centro de detención de inmigrantes de Dilley, Texas, junto con su madre, cuando logré entrar a verla. El personal trajo un almuerzo empaquetado de la cafetería a todos los que estaban en la sala de visitas: una taza de guiso amarillento y una carne de hamburguesa metido en un pan simple. Los largos rizos negros de Ariana le caían sueltos alrededor de la cara y vestía un conjunto deportivo gris proporcionado por el gobierno. Al principio, se sentó mirando fijamente la mesa. Picó la comida con un tenedor de plástico y dejó que su madre atendiera la mayor parte de la conversación.

Se animó cuando le pregunté acerca de su hogar: Hicksville, Nueva York. Se mudó con su madre allí desde Honduras cuando tenía 7 años. Su madre, Stephanie Valladares, había solicitado asilo, se casó con un vecino de su tierra natal que ya vivía en Estados Unidos y tuvo dos hijos más. Ariana los cuidaba después de la escuela. Cursaba el primer año en Hicksville High y, estar detenida en el centro de procesamiento de inmigración de Dilley, significaba un atraso en sus clases. Me contó todo lo que extrañaba a su maestra favorita de lenguaje de señas, pero sobre todo cuánto extrañaba a sus hermanos.

Los conocí previamente en Hicksville: Gianna, una pequeña a quien todos llaman Gigi, y Jacob, un niño de kínder con grandes ojos cafés. Le dije a Ariana que ellos también la extrañaban. Jacob me mostró una cámara de seguridad que su mamá instaló en la cocina para verlos desde su trabajo, a veces decía “hola” a través del altavoz. Le conté a Ariana que Jacob trataba de hablar con la cámara, esperando que su mamá le respondiera.

Stephanie se echó a llorar. Ariana también. Tras mi visita, Ariana me escribió una carta.

“Mis hermanos menores no han podido ver a su mamá en más de un mes”, escribió. “Ellos son muy jóvenes y necesitas a tus dos padres cuando estás creciendo”. Luego, refiriéndose a Dilley, agregó: “Desde que llegué a este Centro, lo único que se siente es tristeza y, sobre todo, depresión”.

Dilley, operado por la empresa privada de prisiones CoreCivic, está a unas 72 millas al sur de San Antonio y a 2,000 millas de la casa de Ariana. Es un extenso conjunto de remolques y dormitorios casi del mismo color del paisaje polvoriento, rodeado por una cerca. Abrió por primera vez durante la administración de Obama para albergar una oleada de familias que cruzaban la frontera. El expresidente Joe Biden dejó de detener a las familias allí en 2021, con el argumento de que Estados Unidos no debía dedicarse a detener niños.

Pero poco después de regresar al cargo por segunda vez, el presidente Donald Trump reanudó la detención de familias como parte de su campaña de deportaciones masivas. Los tribunales federales y la abrumadora indignación pública pusieron fin a la política del primer mandato de Trump de separar a los niños de sus padres cuando las familias inmigrantes eran detenidas al atravesar la frontera. Los funcionarios de Trump dijeron que Dilley era un lugar donde las familias inmigrantes serían detenidas juntas.

A medida que las acciones de la administración Trump ralentizó los cruces fronterizos a mínimos históricos y aumentó la oleada de detenciones de inmigrantes en todo el país, la población dentro de Dilley cambió. El gobierno federal comenzó a enviar a padres e hijos que llevaban el suficiente tiempo en Estados Unidos como para echar raíces y construir redes de familiares, amigos y simpatizantes dispuestos a alzar la voz contra su detención.

Si la administración creía que llevar a los niños a Dilley no provocaría la misma indignación que separarlos de sus padres, se equivocó. La imagen de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de 5 años detenido junto a su padre, que llevaba una mochila de Spiderman y un gorro azul de conejo, se viralizó en redes sociales y desencadenó una condena masiva y una protesta por parte de los detenidos.

Semanas antes, yo había comenzado a hablar con padres y niños en Dilley, y con sus familias en el exterior. También hablé con personas que trabajaban dentro del centro o iban con regularidad para brindar servicios religiosos o legales. Pedí permiso a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para visitarlo, pero obtuve diversas respuestas. Un portavoz negó mi solicitud, otro dijo que dudaba que pudiera obtener aprobación formal y sugirió que intentara presentarme como visitante. Así lo hice.

Desde principios de diciembre he hablado, en persona y por teléfono y videollamadas, con más de dos docenas de detenidos en Dilley, la mitad de ellos han sido niños, de cuyos padres obtuve el consentimiento para conversar. Pregunté a los padres si sus hijos estarían dispuestos a escribirme sobre sus experiencias. Más de tres docenas de niños respondieron: algunos solo hicieron dibujos, otros escribieron con letra cursiva perfecta. Algunas cartas estaban llenas de errores ortográficos propios de su edad. Entre ellas recibí la de una niña venezolana de 9 años llamada Susej Fernández, quien vivía en Houston cuando ella y su madre fueron detenidas. “He estado 50 días en el Centro de Procesamiento de Inmigración Dilley”, escribió. “Viendo cómo personas como yo, inmigrantes, están siendo tratados, cambia mi perspectiva sobre Estados Unidos. Mi mamá y yo vinimos a Estados Unidos buscando un lugar bueno y seguro para vivir”.

Una niña colombiana de 14 años que firmó con el nombre de Gaby M.M, y de quien un compañero detenido dijo que vivía en Houston, escribió una carta sobre cómo los guardias en Dilley “tienen mala manera de hablarles a los internos”. Escribió: “Los trabajadores tratan a los internos inhumanamente, verbalmente, y no quiero imaginar cómo actuarían si estuvieran sin supervisión”.

Maria Antonia Guerra, de 9 años y originaria de Colombia, se dibujó a ella misma y a su madre portando las tarjetas de identificación de detenidas. Una nota al lado decía: “No estoy feliz por favor saquenme de aquí”.

Algunos de los niños que conocí hablaban inglés tan bien como español.

Cuando les pregunté qué era lo que más echaban de menos de sus vidas fuera de Dilley, casi siempre me respondieron que sus maestros y amigos de la escuela. Después, mencionaron cosas como extrañar a su querido perro, las cajitas felices de McDonald’s, su peluche favorito o un par de botas UGG nuevas esperando bajo el árbol de Navidad.

Me dijeron que temían lo que podría pasarles si los regresaban a sus países de origen y lo que podría pasarles si se quedaban aquí. Gustavo Santiago, de 13 años, dijo que no quería volver a Tamaulipas, México. “Yo tengo amigos, escuela y familia aquí en Estados Unidos”, dijo sobre su hogar en San Antonio, Texas. “Hasta hoy, no sé qué es lo que hicimos mal para que nos tengan presos”. Terminó con una súplica: “Ahora siento que jamás voy a salir yo de aquí. Solo les pido que no se olviden de nosotros”.

Alrededor de 3,500 detenidos —más de la mitad menores de edad— han pasado por el centro desde que reabrió, más que la población de la pequeña ciudad de Dilley. Aunque un acuerdo legal en vigencia por mucho tiempo, por regla general, impone un límite máximo de 20 días para la detención de niños, un análisis realizado por ProPublica descubrió que alrededor de 300 niños enviados a Dilley por el gobierno de Trump permanecieron allí por más de un mes. En documentos legales, la administración ha dicho que el acuerdo de 1997 es obsoleto y debe ser anulado porque existen nuevos estatutos, regulaciones y políticas que aseguran buenas condiciones para los menores inmigrantes detenidos.

Habiba Soliman, de 18 años, me contó que había estado detenida más de 8 meses junto con su madre y sus cuatro hermanos, que tienen entre 16 y 5 años, como en el caso de los gemerlos, después de que su padre fuera acusado de un supuesto ataque antisemita en junio en una manifestación en Boulder, Colorado, en apoyo de los rehenes judíos retenidos en Gaza. Su padre, Mohamed Soliman, se declaró no culpable de los cargos federales y estatales. Según las autoridades, están investigando si su esposa y sus hijos prestaron apoyo al ataque. Ellos niegan saber algo al respecto y una orden de arresto indica que él le dijo a un oficial que nunca habló con su esposa o su familia sobre sus planes.

A pesar de la promesa de Trump de ir tras los criminales violentos, la gran mayoría de los adultos detenidos en Dilley durante el último año no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Algunos de los padres con los que hablé habían excedido la duración de sus visas. Muchos habían solicitado asilo, se habían casado con ciudadanos estadounidenses o habían obtenido un permiso humanitario, y fueron detenidos cuando acudieron de manera voluntaria a sus citas en las oficinas del ICE. Dijeron que era injusto arrestarlos y que detener a sus hijos era simplemente cruel.

Había niños en Dilley tan perturbados que se autolesionaron con cortes o hablaban de suicidarse, según me contaron varias madres. Recientemente, en ese centro se detectaron dos casos de sarampión. Las autoridades federales anunciaron que habían puesto en cuarentena a algunos inmigrantes y los abogados dijeron que ICE había cancelado las visitas presenciales hasta el 14 de febrero como medida de precaución.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa el ICE, declaró en un comunicado que todos los detenidos en Dilley están “recibiendo la atención médica adecuada”. El DHS no respondió a preguntas sobre casos individuales, pero afirmó que todos “reciben tres comidas al día, agua potable, ropa, ropa de cama, duchas, jabón y artículos de aseo” y que “nutricionistas titulados evalúan las comidas”. A los padres detenidos se les da la opción de ser deportados juntos o de que sus hijos sean entregados a otro cuidador, según el comunicado.

CoreCivic afirmó que Dilley, al igual que sus otras instalaciones, está sujeto a múltiples niveles de supervisión para garantizar el pleno cumplimiento de las políticas y procedimientos, incluidas las normas de detención aplicables.

Mamás me contaron que sus hijos habían perdido el apetito después de encontrar gusanos y moho en su comida, tenían problemas para dormir en las duras literas metálicas de las instalaciones, en habitaciones compartidas con al menos una docena de personas, y se enfermaban constantemente.

“El choque para mi hija fue devastador”, me escribió Maria Alejandra Montoya en un correo electrónico sobre su hija Maria Antonia. “Verla adaptarse es ver cómo le cortan las alas. Escuchar a otros niños pelear por juegos de cartas en las mesas me hace sentir que no somos madres y niños, sino reclusas”.

La vida adentro

Alexander Perez, un adolescente de 15 años originario de República Dominicana, me contó cómo era la escuela de Dilley. Me dijo que en las clases había niños de diferentes edades, que cada clase tenía un máximo de 12 alumnos y que solo duraba una hora. Los lugares se asignaban por orden de llegada. Los niños hacían fila esperando entrar. A quienes lo lograban, el personal encargado de la clase les repartía hojas de ejercicios y folletos.

Alexander se quejó de las lecciones porque, dijo, solían estar diseñadas para niños más chicos que él, entonces le parecían aburridas. Pero como no había mucho más que hacer ahí, él iba cuando podía. Hasta que un instructor convirtió una clase de estudios sociales en lo que él sintió como un interrogatorio sobre política migratoria.

“Si tenemos actividades recreativas y clases diseñadas para ayudarnos a desconectarnos de lo que estamos viviendo aquí, ¿por qué la necesidad de hacernos esas preguntas?”, me dijo en una videollamada. “Eso no me pareció correcto”.

Él, su madre y su hermano de 14 años, Jorge, contaron que los habían detenido mientras viajaban de Los Ángeles a Houston, cuando agentes de inmigración pararon el autobús y verificaron el estatus de todos. Llevaban cuatro meses en Dilley al momento de la entrevista. Su madre, Teresa, me dijo que estaba en proceso de apelar la denegación de su solicitud de asilo por parte de un juez, lo que podría explicar por qué era un tema delicado para Alexander cuando surgía en clase. Él me contó que tras dejar las clases en Dilley, se puso a jugar básquetbol en el área de recreo y vio muchas telenovelas en español en la televisión. Jorge, que en diciembre festejó su cumpleaños en Dilley con un pequeño pastel hecho con galletas de vainilla compradas en la tiendita del centro de detención, pasó la mayor parte del día durmiendo. 

El DHS afirmó en su comunicado que “los niños tienen acceso a profesores, aulas y hojas de ejercicios de matemáticas, lectura y ortografía”.

El aburrimiento era un tema recurrente en muchas de las cartas de los niños de Dilley. “Me dijeron que solo podría estar aquí 21 días, pero ya llevo más de 60 días despertándome y comiendo siempre lo mismo”, escribió una niña venezolana de 12 años que firmó su carta como Ender y que, según otro detenido, se había instalado con su madre en Austin, Texas. Escribió que cuando se sentía mal y acudía al médico, “lo único que te dicen es que bebas más agua y lo peor es que parece que el agua es lo que hace que la gente se ponga enferma aquí”.

“Me dijeron que solo podía estar 21 días aquí pero ya llevo mas de 60 días levantarme y comer las mismas comidas repetidas”, escribió una niña venezolana de 12 años que firmó su carta como Ender y que, según otro detenido, se había instalado con su madre en Austin, Texas. Escribió que cuando se sentía mal y acudía al médico, lo único que te dicen es “que tomes mas agua y lo peor sea que parece que el agua es lo que enferma aquí”.

Ariana expresó preocupaciones similares en su carta: “Si necesitas atención médica, lo mínimo que tienes que esperar son 3 horas, pero para obtener cualquier medicina, pastilla, lo que sea, toma mucho tiempo. Hay varios virus, la gente siempre está enferma. Pasan situaciones graves y los oficiales no las toman en serio lo suficiente, no hay consecuencias, no les importa”.

Mala comida, medicina insuficiente

La falta de atención médica fiable fue quizás la preocupación más grave que los padres de familia y los niños señalaron en las entrevistas conmigo. La organización sin fines de lucro RAICES, con sede en Texas, y que proporciona representación legal a muchas familias en Dilley, declaró en un reciente documento judicial que sus clientes habían expresado su inquietud por el servicio médico insuficiente en al menos 700 ocasiones desde agosto de 2025. La organización informó de que “los niños con problemas médicos con frecuencia experimentan demoras, rechazos o falta de seguimiento”.

Kheilin Valero, de Venezuela, quien estuvo recluida junto con su hija de 18 meses, Amalia Arrieta, contó que poco después de ser detenidas tras una cita con ICE, el 11 de diciembre en El Paso, Texas, la bebé se enfermó. Durante dos semanas, señaló, el personal médico le administró ibuprofeno y, finalmente, antibióticos, pero la respiración de Amalia empeoró hasta el punto de ser hospitalizada en San Antonio durante 10 días. Le diagnosticaron COVID-19 y Virus Respiratorio Sincitial (VRS). “Por tantos días que no recibía tratamiento ni nada, y con el frío que hacía aquí, le dio neumonía y bronquitis”, dijo Kheilin. “Ella estaba desnutrida también porque todo lo vomitaba”.

Gustavo Santiago, un niño de 13 años que vivía en Texas, dijo que se puso enfermo varias veces desde que él y su madre fueron detenidos el 5 de octubre del año pasado en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza. Su madre, Christian Hinojosa, relató que cuando Gustavo tenía fiebre, el personal médico le dijo que era lo suficientemente mayor como para que su cuerpo la combatiera sin necesidad de un medicamento, por eso se quedó con él toda la noche, poniéndole compresas frías. Tuvo que llevarlo a la enfermería por un sarpullido que atribuyó a la mala calidad del agua en el centro. Dijo que también ha tenido dolores de estómago y náuseas, que atribuyó a la falta de higiene en la preparación de los alimentos.

Entre los registros que obtuvimos de llamadas al 911 y a las fuerzas del orden sobre la instalación, desde que comenzó a recibir familias de nuevo en la primavera pasada, encontré peticiones de ayuda para niños pequeños con problemas para respirar, una mujer embarazada que se desmayó y una niña de primaria con convulsiones. Las autoridades locales también fueron llamadas para tres casos de presunto asalto sexual entre detenidos.

El DHS respondió en su comunicado que “a nadie se le niega la atención médica”. 

CoreCivic declaró que la salud y la seguridad son una prioridad para la empresa y que los detenidos en Dilley reciben atención sanitaria continua, incluida la atención preventiva y la atención de salud mental. La compañía afirmó que su personal médico “cumple con los más altos estándares de atención” y que la instalación trabaja de manera muy estrecha con los hospitales locales para cubrir cualquier necesidad médica especializada.

Arrancadas de sus vidas

Ariana y su madre, Stephanie, fueron detenidas el 1 de diciembre, cuando acudieron a una de sus visitas regulares a la oficina de ICE en la Federal Plaza de Nueva York, citas obligatorias mientras se espera la respuesta a una solicitud de asilo. Stephanie había llegado a Estados Unidos con experiencia en contabilidad y, tras obtener su permiso de trabajo, encontró un empleo en una empresa local de importación, donde podía aprovechar su experiencia. Hacía años que acudía a las oficinas de ICE sin incidentes. Pero después de que madre e hija se presentaran a su cita con ICE a las 8 de la mañana, les dijeron que esta vez no podían irse y que a las 6 de la tarde estarían en un avión rumbo a Dilley, sin darles la oportunidad de llamar a su familia. “Desde el día que mi mamá y yo fuimos detenidas en Manhattan NY, mi vida se pausó en un instante”, escribió Ariana en su carta desde el centro de detención después de nuestro encuentro. “Todos los niños están sufriendo daños mentales; son conscientes del trato que reciben”. 

Una niña venezolana de 7 años llamada Diana Crespo vivía en Portland, Oregón, cuando ella y sus padres, Darianny González y Yohendry Crespo, fueron detenidos a las puertas de un hospital al que habían llevado a Diana para recibir atención de urgencia. A la familia se le había concedido la libertad condicional humanitaria tras entrar en Estados Unidos en 2024 y luego solicitó asilo cuando Trump revocó el programa de libertad condicional, con el argumento de que Biden lo había utilizado para permitir que los inmigrantes entraran en el país a niveles récord. Ella dijo que su caso de asilo en trámite no detuvo a los agentes de inmigración para interceptarlos y detenerlos afuera de la sala de urgencias.

Maria Antonia Guerra, una niña colombiana de 9 años, me contó que las vacaciones de 10 días a Disney World que había planeado con su madre y su padrastro se convirtieron en más de 100 días en Dilley. Había volado a Florida desde Medellín, Colombia, donde vivía con su abuela, con un disfraz de Cruella de Vil en su maleta. Su madre, Maria Alejandra Montoya, vivía en Nueva York y había excedido el tiempo permitido para su visa, pero desde entonces se había casado con un ciudadano estadounidense y solo esperaba la aprobación de su tarjeta de residencia. Maria Antonia viajaba con regularidad de ida y vuelta a Estados Unidos con una visa de turista, y Maria Alejandra había volado para encontrarse con ella en el aeropuerto. Agentes de inmigración las interceptaron y las trasladaron a Texas en avión. Ambas me dijeron que lo sintieron como un secuestro.

“Ahora estoy en una carcel y estoy triste y me he desmayado 2 veces aqui adentro, cuando llegue todas las noches lloraba y ahora no duermo bien”, me escribió Maria Antonia, quien usa unos lentes gruesos. “Senti que estar aqui era mi culpa y yo solo queria estar de vacaciones como una familia normal”.

Liberadas, pero todavía con miedo

En enero, poco después de mi visita a Dilley, ICE liberó a unas 200 personas de una sola vez, sin dar explicaciones. Entre ellas estaban Ariana y su mamá.

Las liberaciones fueron tan sorpresivas que Stephanie dijo que otra mujer comenzó a gritar y se negó a liberar su cama, presa del miedo de ser deportada de vuelta a Ecuador. A Stephanie le pusieron una pulsera de vigilancia electrónica en el tobillo y la llevaron junto con Ariana a Laredo, Texas, donde se apresuraron a comprar un billete de avión a LaGuardia, en Nueva York.

El 22 de enero, dos días después de su puesta en libertad, volví a ver a Stephanie, esta vez con Gigi en brazos, cuando acudió a su primera cita de control con ICE en una oficina cerca de su casa. Estaba tan nerviosa que se perdió en el camino. Le dieron una serie de instrucciones y le enseñaron videos que explicaban la finalidad y la frecuencia de sus controles regulares. Tendría uno al mes en la oficina y, cada dos meses, recibiría una visita en su casa.

Jacob al principio se negó a ir a la escuela, tenía miedo de que su madre y su hermana no estuvieran allí cuando él llegara a casa. Pero, al final, ella consiguió convencerlo con la promesa de que no se iría otra vez.

Ariana regresó a la escuela unos días más tarde. Su maestra de inglés la abrazó de inmediato y sollozó: “Te extrañamos tanto”.

Llamé a Ariana el pasado miércoles para saber cómo estaba. Ayudaba a Jacob con la tarea, pero se tomó un descanso para darme una actualización. En su escuela hay muchos otros inmigrantes, pero solo se lo dijo a sus amigos más íntimos, con quienes se sienta a almorzar. Cuando la gente le pregunta, solo responde: “Tuve que ir a Texas por algo”. 

Dice que está tratando de dejar atrás la terrible experiencia, pero el daño es real.

Su madre perdió el trabajo porque a su jefe le incomoda emplear a alguien con un grillete en el tobillo, y Ariana se preocupa por ella. También le preocupan las personas que conoció en Dilley. Días después de que preguntara al DHS por varias familias mencionadas en esta historia, cinco de ellas fueron liberadas: Gustavo y su madre, Christian; Teresa y sus hijos, Alexander y Jorge; Kheilin y su bebé, Amalia; Darianny y su hija, Diana. Maria Antonia y su madre, Maria Alejandra, fueron retornadas a Colombia. Otras siguen detenidas. Ariana dijo: “Ojalá salgan, porque no deberían seguir allí”.

Antes de colgar, me dijo algo que me hizo pensar que su optimismo juvenil no se ha resquebrajado por completo. Descubrió que mejoró su juego de voleibol en Dilley y ahora aspira a entrar al equipo de su escuela.

Para esta historia, ProPublica analizó datos federales de detenciones de ICE publicados por el Deportation Data Project. Los datos registran arrestos y detenciones de inmigrantes hasta octubre de 2025.