En una ciudad asediada, neoyorquinos indocumentados quedan fuera de las medidas públicas de ayuda para personas afectadas por la propagación del coronavirus. En su lugar pesan opciones imposibles: atención médica y exposición; seguridad o sustento.

Este fue el comentario de un empleado de servicios médicos, “Esperamos diez minutos en el teléfono para obtener un intérprete, y ese es tiempo valioso cuando estamos inundados. Entonces, comenzamos a calcular en forma utilitaria y los pacientes más convencionales son los que reciben mejor atención.”

Al mismo tiempo que las empacadoras de carne se agilizan para tratar de satisfacer la demanda, sus empleados comienzan a contraer COVID-19. Sin embargo algunos de ellos dicen que se están presentando al trabajo enfermos por no tener licencia con goce de sueldo por enfermedad y por la posibilidad de ser penalizados si se quedan en su casa.

“Caí por primera vez en la cuenta de lo diferente que es cuando vi deteriorarse a mi primer paciente de coronavirus. Pensé ‘Maldita sea, esto no es una gripa’, mientras veía a este hombre relativamente joven que se esforzaba por respirar y expulsaba secreciones espumosas de color rosa por su tubo”.

Diferentes departamentos de servicios sociales se están esforzando por enfrentar las consecuencias de las restricciones causadas por el coronavirus, y los trabajadores sociales informan que grandes cantidades de norteamericanos en riesgo, ancianos, enfermos y discapacitados están en peligro. “Vamos a tener muertes debido a esto”.

Es probable que la experiencia que esperaba tener sea bastante distinta a la que vivirá realmente. La clave para mantener la cordura es estar lo más lista posible y arrojar los planes ya organizados por la ventana.

ProPublica revisó más de 70 reportes que detallan las muertes en las instalaciones de detención de ICE durante la última década y encontró que el personal, con frecuencia, rompe las reglas estrictas para hacer pruebas de detección de enfermedades contagiosas. Por lo menos 10 detenidos se enfrentan a la cuarentena por posible exposición al coronavirus.

La Iglesia Católica permitió que más de cincuenta clérigos basados en los Estados Unidos se mudaran al extranjero tras enfrentar acusaciones creíbles de abuso sexual. Algunos de ellos siguieron trabajando con menores.

Bajo Trump, los agentes de la Patrulla Fronteriza ejercen un poder casi desenfrenado sobre el destino de los migrantes; y, sus decisiones, al parecer aleatorias, pueden fracturar familias.

Tras décadas de proteger la identidad de abusadores sexuales infantiles acusados, y, con el fin de revelarlas al público, muchos líderes de la Iglesia Católica comienzan ahora a divulgar listas con sus nombres. Sin embargo, tales listas son incongruentes e incompletas, u omiten detalles críticos.

El video obtenido por ProPublica muestra que la Patrulla Fronteriza detuvo a un adolescente enfermo en una celda sin la atención médica adecuada y no descubrió su cuerpo hasta que su compañero de celda alertó a los guardias. Las imágenes no coinciden con la historia de la Patrulla Fronteriza de su muerte.

Según Dignity Health, la enfermera de emergencias no cumplió con la fecha límite para agregar a su recién nacida prematura a su plan de salud, lo que la hacía responsable de las facturas médicas. La empresa rechazó las apelaciones de su empleada durante un año hasta que ProPublica se puso en contacto con ellos.

Las compañías ofrecen altas remuneraciones y bonos por “traer a un amigo” a los mexicanos que cruzan la frontera con visas temporales para donar plasma sanguíneo. La protección para la salud de los donantes que ofrece Estados Unidos es mucho más débil que en la mayoría de los países.

Años después de renunciar a su empleo como abogada del Departamento de Inmigración y Aduanas, Laura Peña regresó a la lucha, pero esta vez en defensa de los migrantes a quienes solía procesar. Fue entonces que un desconcertante caso de separación de una familia la obligó a analizar todo lo que había aprendido.