Los sofisticados videos de la administración Trump sobre una redada en un edificio de apartamentos en Chicago, mostraron a agentes federales descendiendo en rappel desde un helicóptero, derribando puertas y llevándose a hombres de piel acanelada con las manos atadas por detrás con bridas plásticas.
Fue un espectáculo hecho para televisión, capturado por un equipo de noticias por cable invitado para acompañar a los agentes. Las imágenes de esa redada de septiembre se viralizaron en redes sociales, y medios nacionales y locales informaron sobre lo acontecido. Sin embargo, casi toda la cobertura ha omitido un elemento fundamental: las voces de los inmigrantes detenidos esa noche y cuyos nombres nunca han sido revelados.
Soy reportera de ProPublica en la oficina de Chicago y escribo sobre inmigración. Tengo experiencia rastreando a familiares de venezolanos atrapados en la red migratoria de Trump. Este año, trabajé con algunos colegas para investigar sobre otro grupo de venezolanos, de quienes la administración Trump alegó que eran pandilleros y los expulsó a una prisión en El Salvador.
Así que cuando mis editores armaron un equipo para investigar la redada, sabía cómo quería contribuir: encontrando a los inmigrantes y contando sus historias. Al final, hablé con una docena de mujeres y hombres de Venezuela detenidos en uno de los operativos federales más dramáticos al interior de una ciudad de Estados Unidos en la historia reciente.
Norelly Eugenia Mejías Cáceres, de 37 años, me contó que se desplomó y perdió el conocimiento en un pasillo mientras agentes fuertemente armados se llevaban a su esposo y a su hijo de 6 años, que estaba descalzo.
Johandry José Andrade Jiménez, de 23, dijo que sus tres pequeñas hijas —todas en pañales— lloraron desconsoladas cuando los agentes lo arrojaron al piso.
Naudelys Yeyes, de 20, dijo que le suplicó a los agentes que dejaran de golpear a un hombre venezolano que conocía: “¡Aquí hay niños!, les repetía una y otra vez, preocupada por su hijo de 4 años, que estaba observando todo.
Funcionarios del gobierno de Trump afirmaron que tenían información de inteligencia que indicaba que la banda venezolana Tren de Aragua había tomado el control del edificio y resguardaban armas, explosivos y drogas en su interior. Tras el operativo, dijeron que habían detenido a dos miembros de la organización criminal.
Pero el gobierno federal se negó a identificar a los inmigrantes detenidos o proveer evidencia que respaldara cualquiera de sus afirmaciones. Mis colegas Jodi S. Cohen, T. Christian Miller, Sebastian Rotella, Mariam Elba y yo nos propusimos averiguar qué había sucedido en realidad.
A pesar de la repercusión mediática del operativo, los fiscales federales no han presentado cargos contra ninguno de los inmigrantes detenidos esa noche. Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió a nuestras preguntas, pero nos envió una declaración en la que señala que la redada “se realizó en pleno cumplimiento de la ley”. Puede leer la declaración completa aquí.
Los invito a leer nuestra investigación. Pero me gustaría contarles un poco más sobre las personas venezolanas con las que hablamos: cómo las encontramos, lo que vivieron y cómo sus perfiles difieren de lo que afirma el gobierno.
Para intentar localizarlas pasé horas revisando videos en español sobre la redada en TikTok y Facebook, y leyendo cientos de comentarios en esas publicaciones. Algunos parecían escritos por familiares y amigos de los inmigrantes detenidos. Me puse en contacto con ellos y algunos aceptaron hablar.
A partir de esas entrevistas, supe que el gobierno había enviado a algunos de los hombres, mujeres y niños venezolanos a cárceles en Kentucky, Indiana y Texas. A otros ya los habían deportado. Algunas madres habían sido liberadas junto con sus hijos, incluidos bebés nacidos en Estados Unidos. Todos estaban enojados y confundidos por lo ocurrido, con sus vidas destrozadas y sus familias separadas. Solicitantes de asilo habían sido devueltos a un país con un gobierno autoritario y una economía colapsada del que alguna vez habían huido.
A medida que fuimos sabiendo los nombres de los inmigrantes detenidos, intentamos averiguar si seguían bajo custodia federal. Les escribimos cartas a la cárcel y les pedimos entrevistas. Luego, nos empezaron a llamar.
Jonahyker Francisco López Manzano, de 23 años, dijo que entró a Estados Unidos a principios de 2024. Cruzó la frontera de manera irregular y se entregó a las autoridades migratorias en busca de refugio. Fue procesado y liberado para continuar con una solicitud de asilo. En Chicago, trabajó sobre todo en la construcción, en empleos que conseguía esperando en un estacionamiento de un Home Depot.
La noche de la redada, se despertó con el sonido de un helicóptero sobre el edificio de apartamentos de cinco pisos y los gritos de los agentes: “¡Abran la puerta!”. López recordó que se sentó al borde de su cama, deseando que su propia puerta se volviera invisible. Pero la puerta cayó y los agentes irrumpieron. Dijo que lo arrastraron hasta ponerlo de rodillas y le amarraron las manos por detrás con bridas plásticas. Lo sacaron del edificio mientras las cámaras grababan. Iba con la cabeza gacha; el cabello largo y despeinado le caía sobre la cara.
Los agentes no le hicieron ninguna pregunta ni le explicaron por qué estaban ahí, contó López. “No me dijeron nada”, dijo desde la cárcel de Kentucky, donde estaba detenido. “No he hecho ningún delito”.
José David Saavedra Pérez, de 22 años, se escondió debajo de su cama en la noche de la redada. En los videos difundidos por el DHS, Saavedra aparece sin camisa y con el número de su apartamento garabateado con marcador negro en el pecho. Dos agentes enmascarados lo sujetan de los brazos y lo sacan del edificio.
Supimos por su abogada que Saavedra salía de su apartamento cada madrugada y tomaba autobuses y trenes hasta el estacionamiento de un Home Depot en los suburbios para buscar trabajo de construcción. Su dedicación impresionó tanto a un contratista que lo contrataba regularmente que, cuando se enteró de su detención en la redada, lo ayudó a conseguir una abogada pro bono.
Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes detenidos con los que hablamos no tenían abogados. No podían pagar uno. Era el caso de Jean Carlos Antonio Colmenares Pérez, un trabajador de construcción de 39 años que había sido paracaidista del ejército de Venezuela.
En una audiencia en la corte de inmigración, a mediados de octubre, Colmenares le dijo a la jueza que había estado enfermo y con fiebre, y le rogó que lo enviara de regreso a Venezuela. “Yo quiero de una vez ir para mi país”, le pidió. “No quiero una audiencia o más nada”.
La jueza no pudo ordenar su deportación ese día, ya que su caso estaba siendo transferido a otra corte de inmigración. Con el paso de las semanas, él y otros hombres me llamaban desde la cárcel y me contaban de su desesperación. Al igual que Colmenares, algunos se estaban enfermando. Otros decían que sentían que se desmoronaban mentalmente.
La noche de la redada, más de una docena de niños fueron sacados del edificio de apartamentos. Colmenares me dijo que le preocupaba su sobrino de 6 años, que se aferró a sus piernas cuando los agentes derribaron la puerta. El pequeño cursaba primer grado de primaria en una escuela frente al edificio.
Supe que el padre del niño, un primo de Colmenares, había sido detenido en otra cárcel en Kentucky. Mientras tanto, el niño y su madre, Norelly Eugenia Mejías Cáceres, habían sido enviados a un centro de detención familiar en Texas.
Pasaron un mes detenidos antes de que ella desistiera de su solicitud de asilo y pidiera que la regresaran a Venezuela. Mejías me dijo después que su hijo lloraba por su padre y se negaba a comer la comida que servían en la cárcel. Bajó de peso. Narró que otras compañeras presas le compraban ramen instantáneo al niño en la tiendita de la prisión para que no pasara hambre.
Mejías contó que regresó a Venezuela aun con menos de lo que su familia tenía cuando se había salido. Los juguetes, la ropa, los zapatos y la tableta de su hijo. El morral verde con $600 en ahorros. La camioneta usada que su esposo había comprado para poder ir a trabajar. Todo ahora había desaparecido.
“No sé por qué hicieron esto”, dijo. La frase la repitió varias veces.
La semana pasada conocí a Yelianny Nicoll Primera Herreras, otra madre que fue detenida la noche de la redada. Sus tres pequeñas hijas, todas menores de 4 años, estaban en pañales cuando los agentes irrumpieron. El padre de las niñas, Andrade, me contó cómo sus niñas lloraron desconsoladas cuando los agentes lo lanzaron al piso.
Primera y sus hijas, de mejillas regordetas, están viviendo en un refugio para personas sin hogar. Cuando nos vimos —el día de una prematura tormenta de nieve en Chicago—, ninguna tenía abrigo de invierno. Las niñas se quedaron adentro conmigo, viendo “KPop Demon Hunters” en mi teléfono, mientras Primera salía para que le tomaran la fotografía que ven encima de este ensayo.
Primera, de 20 años, dijo que rara vez sale del refugio por miedo a ser detenida de nuevo. Como aquella noche de la redada, le aterroriza que la separen de sus hijas y la deporten sin ellas.
“Yo me quedo aquí encerrada con las niñas, porque toda esa migración está afuera”, me dijo.
Cuando Andrade la llamaba desde el centro de detención, dijo que se le hacía un nudo en la garganta. Pero quería animarlo y le aseguraba que todo estaba bien. Primera esbozó una sonrisa forzada cuando habló conmigo de esto, pero sus ojos brillaban con lágrimas.
Los funcionarios federales le dieron tiempo para conseguir las partidas de nacimiento y pasaportes de sus hijas para que las regresen juntas a Venezuela, agregó. Sus dos hijas menores son ciudadanas estadounidenses. Primera tiene miedo de regresar.
“Me quisiera quedar”, dijo. “Por el futuro de mis hijas”.
