Este artículo se produjo para la red de información local de ProPublica en colaboración con el Idaho Statesman.
Como miembro del consejo escolar de Salmon, una remota localidad del centro de Idaho, a Josh Tolman le preocupaba que un terremoto convirtiera en escombros la escuela primaria (elementary) y la escuela intermedia (middle school) de la comunidad. Los cimientos de las escuelas se estaban desmoronando. Los pisos se pandeaban. El distrito cancelaba las clases cada vez que caían unas pulgadas de nieve por temor a que se derrumbaran los techos.
Pero Tolman y el distrito escolar estaban en un aprieto: no podían convencer a suficientes votantes para que apoyaran un aumento de impuestos que le permitiera al distrito construir una nueva escuela. El consejo escolar efectuó seis elecciones para obtener bonos en siete años. Pero, aunque el 53 % de la comunidad apoyó el bono en uno de sus primeros intentos en 2006, esto no fue suficiente. Idaho es uno de los dos estados que requieren que dos tercios de los votantes apoyen los bonos para que sean aprobados.
“A menos que una escuela se colapse por completo y quede inservible, no creo que vayan a aprobar un bono jamás”, dijo Tolman en una entrevista reciente.
Para 2012, el consejo escolar y su superintendente ya estaban hartos, así que decidieron recurrir a un programa estatal que permite que los distritos escolares le pidan dinero prestado al estado si tienen instalaciones en mal estado y no pueden aprobar un bono ni encontrar otra forma de repararlas. El programa de créditos se creó después de que el Tribunal Supremo del estado dictaminó que Idaho no había cumplido su mandato constitucional de proporcionar un “entorno seguro y propicio para el aprendizaje”.
A principios de este año, el Idaho Statesman y ProPublica reportaron que docenas de bonos escolares que contaban con el apoyo de la mayoría del electorado no habían sido aprobados debido al requisito de aprobación de dos tercios de los votantes. Sin embargo, al igual que las elecciones para los bonos, este fondo estatal también impone requisitos muy estrictos y nunca ha sido la solución al problema de financiamiento al que se enfrentan las escuelas. Desde su creación en 2006, el programa solo se ha usado en dos ocasiones. Además, no se ha utilizado desde hace casi una década.
Al final, un panel estatal decidió que los problemas de Salmon —aunque eran suficientemente graves como para plantear riesgos de seguridad— no justificaban la construcción de una nueva escuela de conformidad con la ley, sino únicamente nuevos techos y refuerzos sísmicos.
El financiamiento aprobado era solo una cuarta parte de la cantidad que el distrito calculaba que necesitaría para construir una nueva escuela de kinder a 8° grado. Además, con la disminución de la cantidad de alumnos, el consejo escolar decidió que no podía permitirse mantener abiertas tanto la escuela primaria como la intermedia.
“Llegamos a ese punto en el que te aferras a vanas esperanzas para tratar de hacer algo por los niños de esta comunidad, y el estado básicamente dijo: ‘Sigan aferrándose’”, informó Tolman.
El distrito cerró la escuela intermedia y añadió edificios portátiles —remolques sin baños ni lavabos— a la escuela primaria y a la secundaria (high school).
En la actualidad, la abandonada Salmon Middle School permanece cercada por una alta valla de alambre de púas, en un valle que se dice que fue el lugar donde nació Sacagawea, la mujer shoshone famosa por su labor fundamental en la expedición de Lewis y Clark. El techo del edificio está lleno de enormes agujeros y el aislamiento cuelga de las paredes de los pasillos. Se pueden ver certificados de acreditación enmarcados, un globo terráqueo aplastado y pedazos de los paneles del techo esparcidos por los pisos de las aulas tristemente silenciosas.
El edificio es ahora un adefesio, visible desde la escuela primaria situada al lado, la cual tiene casi 70 años de antigüedad. A pesar de las reparaciones estructurales de ese edificio, Salmon —donde el 43 % de los estudiantes son de familias de bajos ingresos— se enfrenta a muchos de los mismos problemas que ya existían cuando el distrito acudió al estado en busca de ayuda, además de algunos nuevos. Unos 275 alumnos de primaria acuden a una escuela en la que las cañerías fallan y los pisos son irregulares, y donde las aguas residuales a veces se desbordan en un rincón de la cocina. Durante años, el agua de los bebederos salió turbia.
Los alumnos que estudian en instalaciones deterioradas obtienen peores resultados educativos que los de las escuelas más nuevas y funcionales, según se muestra en investigaciones a nivel nacional.
“¿Cuánto tiempo van a mantener a los niños en aulas y situaciones deficientes?”, dijo Russ Chinske, quien ha sido maestro en Salmon desde hace unos 20 años. “¿Hasta cuándo van a obligar al distrito escolar a usar cosas que ya no sirven?”
Cori Allen tiene dos hijos en el distrito. Su hijo mayor, que ahora cursa el segundo año de la escuela secundaria, pudo haber estado en la primera generación del nuevo edificio de kinder a 8° grado. En lugar de eso, pasó años asistiendo a la escuela en edificios portátiles.
La constitución del estado habla de “educación igualitaria”, y los niños de Salmon “están en escuelas que son, en mi opinión, totalmente inapropiadas para aprender”, dijo Allen. “No es justo que geográficamente tengamos que soportar esto”.
Un fondo diseñado para ser “difícil de usar”
La mayoría de los distritos de Idaho están formados por comunidades rurales pequeñas —incluidas muchas con grandes extensiones de tierras federales— y no cuentan con tanta capacidad para solventar los aumentos de impuestos. Algunos tienen una cantidad creciente de jubilados sin hijos en la escuela; otros enfrentan una disminución en la cantidad de inscripciones debido a la reducción de la tala de árboles u otras industrias. Los limitados recursos y las políticas restrictivas de Idaho han dejado al estado con escuelas viejas y a los distritos sin fondos para reemplazarlas.
Durante décadas, los educadores han dado la voz de alarma sobre el estado de los edificios de las escuelas de Idaho. En la década de 1990, un grupo de superintendentes, distritos y padres de familia demandaron al estado por no proporcionar un financiamiento adecuado. Poco después, en una evaluación a nivel estatal financiada por la Asamblea Legislativa, se descubrió que 71 instalaciones, o aproximadamente el 10 % de los edificios utilizados para la enseñanza en el estado, eran peligrosos o tenían graves problemas que requerían atención inmediata. A medida que avanzaba el caso, un tribunal de distrito citó un análisis según el cual una escuela de American Falls, en el sureste de Idaho, probablemente se derrumbaría en caso de un sismo, lo cual representa una amenaza probable para esa zona. En una inspección realizada en Troy, se determinó que el edificio de la escuela secundaria estaba en mal estado y no debía estar ocupado. Pero sin fondos para arreglarla, la escuela permaneció abierta durante años.
Tras múltiples apelaciones, el Tribunal Supremo de Idaho se puso de parte de los interesados en la educación en 2005. Los jueces coincidieron con un tribunal de primera instancia en que la “dependencia exclusiva por parte del estado de préstamos para pagar las reparaciones importantes o el reemplazo de edificios escolares en mal estado era inadecuada para los distritos escolares más pobres”. También le informaron a la Asamblea Legislativa que los legisladores tenían la responsabilidad de asegurarse de que las instalaciones escolares contaran con un financiamiento adecuado. “La lista de problemas de seguridad y las dificultades para obtener fondos para reparaciones o reemplazos es angustiosamente larga”, afirmó el tribunal.
Al año siguiente, los legisladores intentaron abordar la resolución del tribunal. Un legislador republicano presentó un proyecto de ley para iniciar el proceso de reducir el requisito de los dos tercios que dificultaba tanto la aprobación de bonos, pero los legisladores nunca le dieron audiencia.
En lugar de eso, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que, según afirmaron entonces varios legisladores, no resolvería totalmente el problema. Un elemento fundamental sería la creación de un programa de préstamos de $25 millones de dólares, el Programa de Financiamiento Cooperativo de Instalaciones Escolares Públicas (Public School Facilities Cooperative Funding Program), destinado a ayudar a los distritos que no pudieran aprobar bonos para reparar o reemplazar las escuelas en mal estado.
El programa propuesto tenía un requisito muy estricto: los distritos escolares solo podrían calificar para el programa si sus edificios presentaban un “riesgo excesivo de causar la muerte o lesiones corporales graves” o un “riesgo excesivo para la salud”.
El dinero del programa también tendría otras condiciones. Si se aprobaba, los funcionarios de los distritos tendrían que acordar renunciar al control local durante todo el proceso y otorgarle a un supervisor designado por el estado el poder de tomar decisiones en nombre de las escuelas, incluso el poder de despedir al superintendente. El estado impondría entonces un impuesto a la comunidad local para pagar el préstamo, un elemento disuasorio potencialmente enorme, puesto que la comunidad ya había votado en contra de un bono.
El asunto se debatió durante semanas en la Asamblea Legislativa. Una de las preocupaciones era que la nueva medida debilitaría el largo compromiso del estado con el control local de los distritos escolares. Algunos legisladores fueron más allá y argumentaron que el programa le daría demasiado poder al estado. Un senador estatal predijo incluso que la respuesta del público sería como “la revolución que se inició a raíz del Boston Tea Party”. Algunos también argumentaron que los contribuyentes que apoyaban los bonos para reconstruir escuelas en sus comunidades no deberían verse obligados a pagar las escuelas de otras zonas.
Otros legisladores e interesados en la educación creían que el proyecto de ley no tenía suficiente alcance. Robert Huntley, el abogado que había demandado al estado en 1990, dijo que la decisión del Tribunal Supremo no se refería “solo a cuestiones de seguridad”, pero que la Asamblea Legislativa parecía estar enfocándose solo en ese aspecto. Los jueces también dictaminaron que el entorno tenía que ser “propicio para el aprendizaje”. “Hay una grave falta de financiamiento y se necesitan nuevos fondos”, les dijo Huntley a los legisladores, según las actas de la reunión legislativa.
A pesar de las preocupaciones, muchos legisladores coincidieron en que era un paso en la dirección correcta. El proyecto de ley resultante, que contaba con apoyo mutuo, fue aprobado por una amplia mayoría.
El vicegobernador Scott Bedke, promotor de la ley, reconoció en una entrevista reciente que, en última instancia, es responsabilidad del estado proporcionar instalaciones seguras. Sin embargo, agregó, el programa también se concibió como último recurso, y las condiciones del financiamiento tenían por objeto supervisar el gasto del dinero de los contribuyentes.
“Se creó para ser, francamente, difícil de usar”, dijo Mike Rush, exdirector ejecutivo del Consejo Estatal de Educación, quien formó parte del panel estatal que evaluó las solicitudes al programa, incluida la de Salmon.
Los requisitos del programa eran “onerosos”, dijo Shawn Keough, un exsenador estatal republicano que patrocinó el proyecto de ley que lo creó, y el hecho de que solo dos distritos lo hayan utilizado demuestra que no era la herramienta que los distritos querían.
“Apoyé el avance gradual como posible solución”, agregó. “Una de las cosas que lamento de mis 22 años de servicio es no haber podido solucionar ese problema del financiamiento para instalaciones escolares”.
Salmon cierra una escuela
Tolman, quien formó parte del consejo escolar de Salmon de 2008 a 2013, se sintió esperanzado cuando el distrito hizo su solicitud para el programa estatal en 2012. Él creció en Salmon, y había oído hablar de la época en que la escuela primaria tenía pasillos al aire libre, algo inadecuado para una localidad donde las temperaturas invernales caen a veces por debajo de cero. Con el tiempo, el distrito cerró los pasillos, pero convertir en pasillo lo que se había diseñado para ser una acera contribuyó a que se formaran grietas y a que los pisos se pandearan.
Menos de tres años antes de que Salmon solicitara el préstamo, el estado accedió a construir una escuela completamente nueva para el distrito escolar de Plummer-Worley, en el norte de Idaho, donde se habían reportado importantes problemas estructurales durante las inspecciones, y el panel determinó que la solución más económica era reemplazar la escuela. Tolman esperaba un resultado similar en el caso de Salmon.
Al evaluar las solicitudes de ambos distritos, la comisión estatal —que incluía a altos funcionarios del Consejo Estatal de Educación y de las divisiones de seguridad de los edificios y obras públicas— se enfocó sobre todo en las limitaciones del programa de financiamiento. Según las actas de la reunión, los miembros del panel dijeron que el remedio tenía que centrarse en el “problema de seguridad de Salmon, no en el entorno educativo ni en lo adecuado de las instalaciones educativas”.
También debatieron la redacción de la ley, que solo permitía intervenir ante riesgos “excesivos”. El término “excesivo” no estaba definido en las leyes estatales, por lo que el panel tuvo que considerar qué era un “riesgo excesivo de muerte”. Salmon se encuentra en una zona con actividad sísmica. En 1983, un terremoto mató a dos niños que iban camino a la escuela en la zona central de Idaho, y en 2020 un terremoto con una magnitud de 6.5 produjo grietas en el edificio del tribunal del condado vecino y provocó avalanchas en las montañas Sawtooth. ¿Era excesivo el riesgo de terremoto?
El panel también tuvo dificultades para determinar si las reparaciones bastarían por sí solas para que las escuelas duraran otros 20 años, como exigía la ley.
Rush, quien votó en favor de la reparación de las escuelas de Salmon, dijo que parchar algo que representa un peligro para la seguridad casi nunca es la mejor solución. Pero agregó que eso era todo lo que el panel podía ofrecer sin dejar de cumplir la ley. “Para cuando las instalaciones llegan al punto de tener que acudir a este proceso, es que se necesitan instalaciones nuevas”, informó.
Rush dijo que le dio la sensación de que el programa estaba diseñado para utilizar la posibilidad de una absorción por parte del estado para presionar a la comunidad local a que aprobara un bono por su cuenta.
En una elección de bonos de 2013, el distrito había calculado que una nueva escuela de kinder a 8° grado les costaría a los contribuyentes más de $14 millones de dólares. En lugar de ello, en 2013 el panel aprobó $3.6 millones para renovar las escuelas primaria e intermedia.
Al enfrentar un presupuesto limitado, el distrito cerró la escuela intermedia. Eso solo les dejaría a los contribuyentes la responsabilidad de devolver al estado alrededor de $1.7 millones por la reparación de la escuela primaria y por instalar edificios portátiles para los estudiantes de la escuela intermedia.
Los años de debate sobre cómo manejar las condiciones de la escuela crearon agitación, sembraron la desconfianza en la comunidad, y se repartieron muchas acusaciones. Para algunos padres de familia, esto fue como tirar el dinero en una escuela que no se podía arreglar.
“Tenemos un techo nuevo sobre un edificio inservible”, dijo Allen, una madre de familia de Salmon. Agregó que tampoco habría sido buena idea que el estado les hubiera cobrado a los contribuyentes por una nueva escuela por la que no habían votado. “Podrían habernos ofrecido más recursos, educación, algunas oportunidades o algún tipo de ayuda”, añadió. “Pero simplemente no lo hicieron”.
Aunque Rush considera valioso el programa para mitigar las situaciones de falta de seguridad, dijo que esta no es la solución ideal para las escuelas viejas y deterioradas como la de Salmon.
“Para quienes trabajamos en el ámbito educativo, no diríamos que es el tipo de edificio al que querríamos enviar a nuestros hijos durante los próximos 20 años”, dijo Rush. “Cierto, es posible que no se mueran mientras van a la escuela. Pero ese no es el único criterio que uno puede tener para sus hijos”.
“Nuestros hijos merecen más”
Para los padres, maestros y personal de Salmon, las condiciones de las escuelas siguen siendo una frustración habitual a una década de realizadas las reparaciones.
Becky Harbaugh, jefa de la cocina de la Pioneer Elementary School de Salmon, se las ha arreglado con hornos que no cocinan uniformemente, así como cajones y gabinetes sin asas que tiene que abrir jalando trozos de cuerda. En invierno, las manos se le han quedado pegadas en las asas de las puertas cuando la temperatura está bajo cero al sacar alimentos de los almacenes exteriores. El distrito no ha renovado la cocina, en parte porque el costo de adaptarla a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades sería demasiado elevado, dijo el superintendente Troy Easterday.
Lo que realmente preocupa a Harbaugh, sin embargo, es el estrecho pasillo y la escalera que los estudiantes tienen que recorrer y bajar mientras llevan sus bandejas de comida de la cocina a la cafetería.
“A veces simplemente da miedo. Quiero decir, me preocupo por esos niños. En los días en que servimos sopa caliente, deberías verme”, dijo, conteniendo la respiración y con la mirada fija, inmóvil, en espera de un desastre.
Los estudiantes que utilizan sillas de ruedas se enfrentan a un problema diferente. Ni siquiera pueden hacer fila para comer, ya que no hay rampa.
Muchos de los problemas actuales de la escuela son casi idénticos a los que se presentaron hace casi dos décadas en las evaluaciones estructurales y los informes de ingeniería del distrito.
Las varillas de refuerzo siguen sobresaliendo de los cimientos derruidos por un lado del edificio, igual que hace más de una década. El clóset de Internet —unos estantes apilados en medio de un pasillo— tiene la misma maraña de docenas de cables que tenía mucho antes de que los alumnos utilizaran habitualmente computadoras portátiles o tabletas en sus aulas. Los pisos irregulares, pandeados por lo que los administradores creen que son deformaciones por el hielo que se forma cuando el agua se congela o descongela en los cimientos, son un riesgo de tropiezos, y siguen estando como estaban en 2012. La única diferencia es que la escuela instaló alfombras nuevas.
“Es un tiradero de dinero”, afirmó Bobby Lewis, director de mantenimiento del distrito. Cuando necesita arreglar un problema de plomería, a veces tiene que arrastrarse por un túnel de tres pies cuadrados y cincelar parte de los cimientos de hormigón para reemplazar una sección de tubería rota. Llegará el momento en que eso ya no será una opción, dijo, porque se volvería peligroso seguir cortando los cimientos.
Como solución al problema del agua que no es potable, los estudiantes cargaban botellas de agua durante todo el día. Poco después de que el estado interviniera, el distrito ahorró lo suficiente para reemplazar sus tuberías. A lo largo de los años, los funcionarios del distrito también convirtieron uno de los baños para que los miembros del personal con discapacidades tuvieran acceso.
El distrito invirtió en sus escuelas para hacerlas lo más funcionales posible, pero nada de lo que hicieron pudo solucionar los problemas subyacentes.
“Sé que perdemos gente. Cuando se mudan a la ciudad, dicen: ‘Para nada voy a enviar a mis hijos a una escuela como esta, y al lado de algo... con una cerca de alambre de púas que parece una prisión vieja’”, dijo Easterday. “Nuestros edificios ahuyentan a la gente”.
En 2019, el distrito intentó de nuevo aprobar un bono. Para ello, se llevó a cabo un análisis que mostró que, a pesar de las reparaciones exigidas por el estado, hacer una renovación para solucionar los problemas internos de la escuela primaria sería demasiado costoso y no resolvería el hacinamiento, de acuerdo con los documentos sobre el esfuerzo para obtener el bono. El consejo decidió que lo más rentable sería construir una escuela nueva.
El distrito solicitó un bono de $25 millones para construir una escuela de kinder a 8° grado, alrededor de $10 millones más de lo que había pedido en el esfuerzo anterior del bono de 2013.
El consejo celebró reuniones y compartió información en línea, pero seguía teniendo dificultades para alcanzar el umbral del bono. Una parte cada vez mayor de los habitantes de Salmon están jubilados y ya no tienen hijos en la escuela. Algunos miembros de la comunidad dijeron que si las escuelas habían sido lo suficientemente buenas para ellos, también lo eran para los estudiantes actuales; otros no querían impuestos más altos o se sintieron excluidos del proceso del bono. El distrito también se enfrentó a la presión en el último minuto de la Fundación para la Libertad de Idaho (Idaho Freedom Foundation), un grupo conservador que se opone a las escuelas públicas, a las que ha acusado de “adoctrinar a los estudiantes con tonterías izquierdistas”. En las redes sociales se generaron desacuerdos entre partidarios y detractores.
Cuando llegaron las elecciones, el bono recibió el mayor apoyo obtenido en décadas por cualquier medida que se hubiera presentado a votación en Salmon. Más del 58 % de los votantes dijeron que el distrito necesitaba una nueva escuela y que estaban dispuestos a pagarla. Pero una vez más, no fue suficiente.
“Nuestros hijos merecen más de lo que les estamos dando”, dijo Nancy Fred, quien tuvo tres hijos en las escuelas, el más joven de los cuales se graduó en 2014.
Este verano, un grupo de padres y miembros de la comunidad volvieron a celebrar reuniones para intentar encontrar una solución para sus escuelas. Asistieron cientos de personas. Uno de los padres escribió que si hubieran tenido hijos antes de mudarse a Salmon, no se habrían mudado, según los documentos donde se recopilaron los comentarios de las reuniones. Otros dijeron que debido a los edificios viejos se dificulta la contratación de maestros y profesionales en Salmon y que la Pioneer Elementary School se cae a pedazos “en cualquier parte donde la mires”.
Durante una visita en mayo, Jill Patton, directora de Pioneer, elogió a los maestros por todo lo que han logrado hacer con lo que tienen. Pero con un nuevo edificio, agregó, podrían hacer mucho más.
“Miras este edificio y puedes ver tanta dedicación y tanto amor por los niños, y un aprendizaje tan estupendo”, dijo Patton. “Y pienso: ‘Vaya, lo que podría ser si no existieran las barreras del edificio’”.
El día de la visita, los alumnos de la clase de primer grado de Betsi LaMoure habían estado trabajando en resolver unas sumas. Ella estaba probando un pizarrón inteligente que un proveedor le prestó a Salmon con la esperanza de que el distrito lo comprara. Pero la señal de WiFi no era lo suficientemente fuerte como para hacerlo funcionar. La conectividad es deficiente en la zona, y adaptar un edificio tan antiguo es difícil. Tras múltiples intentos, LaMoure se rindió y volvió a una tecnología mucho más antigua: escribir en un papel y utilizar un proyector para mostrarlo en el pizarrón.
